sábado, 30 de enero de 2016

FUERTE CAÍDA DE INGRESOS DEL FONDO SOJERO IMPACTA DURAMENTE EN 15 PROVINCIAS

Las 15 provincias identificadas como más vulnerables son las que mayor ingeniería financiera deberán realizar para compensar el menor flujo de recursos con otras fuentes de ingresos para no afectar significativamente la inversión pública, evalúan consultoras privadas.


Para Córdoba los recursos representan el 15,8% de las inversiones, pero en Corrientes alcanza un tercio de esas partidas. La decisión del Gobierno Nacional de reducir cinco puntos porcentuales la alícuota de las retenciones sobre la soja y dejarlas en 30% tiene, desde la óptica del sector público, un costo fiscal en el corto plazo. No sólo para la Nación, sino también para las provincias  por la existencia del Fondo Federal Solidario. En el caso de Córdoba,  esa suma anual es de $275 millones.

En promedio, desde 2009 a 2015, ese fondo financió el 15,6% del total de gastos de capital de las 24 provincias, con un piso de 10,7% en su inicio y un pico del 20,7% en 2010.  De acuerdo a estimaciones de NOAnomics, para todo el año pasado significó unos $ 16 mil millones, que habrán servido para fondear un 12,5% de los $ 126 mil millones destinados a  erogaciones de capital.

Sobre este promedio -que no parece tan elevado- hay provincias cuya inversión pública depende fuertemente del fondo sojero.  Su objetivo  es “allegar recursos a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para destinarlos a financiar obras que acrecienten la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población”. El fondo está constituido por “el 30% de los montos recaudados en concepto de derecho de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados”.

Los recursos se distribuyen de acuerdo a los coeficientes del actual régimen de coparticipación  por lo que implica en la práctica una redistribución de provincias productoras a no productoras en la porción que se coparticipa.

Son 15 los distritos cuya dependencia de esos ingresos es superior a la media. En Corrientes casi un tercio de los gastos de capital son financiados así, llegando a un cuarto en Tierra del Fuego, Buenos Aires y Mendoza.

También con una elevada dependencia aparecen Río Negro (21,1%), Tucumán (20,2%), Santa Cruz (18,7%), Salta (17,5%), Jujuy (17%), Entre Ríos (16,8%), Santa Fe (16,2%), Córdoba (15,8%), Catamarca (14,2%) y La Rioja (13,1%).

Entre las jurisdicciones que el fondo explica menos el nivel de inversión pública ejecutada está la Ciudad de Buenos Aires con sólo el 2,6%, lo que es lógico por su escasa participación en la distribución de recursos de coparticipación, siguiendo Misiones, Neuquén y Chubut con porcentajes de entre el  cinco y el seis por ciento.

En los casos de algunas provincias con poco peso del fondo como Misiones, Santiago del Estero, Formosa o Chaco, se debe más bien a que fueron más favorecidas por transferencias de capital discrecionales que disminuyeron su importancia relativa en el total.

Con la disminución de las alícuotas de los derechos de exportación de la soja y de sus derivados del 32 al 27 por ciento y una proyección de aumento del  cuatro por ciento en la producción para la campaña agrícola de soja en este año y manteniendo los precios internacionales prácticamente invariables, el fondo sojero podría repartir unos US$ 1.480 millones; es decir una caída del 11%.

La consultora de Félix Piacentini indica que las 15 provincias identificadas como más vulnerables son las que mayor ingeniería financiera deberán realizar para compensar el menor flujo de recursos con otras fuentes de ingresos, de manera de no afectar significativamente la inversión pública.

Lógicamente las productoras de granos sufrirán relativamente menos ya que la rebaja de alícuotas impulsará sus economías y recaudaciones provinciales. Pero al margen de este año -en el que en definitiva la disminución en el fondo podría no ser dramática- su progresiva desaparición plantea con mucho tiempo de anticipación el debido reemplazo que todos los distritos deberán realizar de un instrumento que las “obligaba” a invertir.

“Este era el único aspecto positivo del FFS y sería bueno diseñar un mecanismo similar que lo sustituya en cuanto a la exigencia de destinar parte de los fondos distribuidos automáticamente a las provincias con el específico fin de asignarlos a gastos de capital”, concluye el informe.

FUENTE Y FOTOS: Diario Alfil - Periodismo365

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