lunes, 11 de enero de 2016

LESA HUMANIDAD: MÁS DE 280 ACUSADOS PODRÍAN RECIBIR SENTENCIA EN LOS 16 JUICIOS EN TRÁMITE

Los debates se realizan en 11 ciudades de nueve provincias y en la Capital Federal. En tres de ellos, la fiscalía culminó su alegato. Fiscales presenta un informe con el estado de cada uno de los procesos en curso y la agenda inmediata de los procesos por crímenes del terrorismo de Estado.



En 2016, más de 280 acusados por crímenes de lesa humanidad podrían recibir sentencia si, como se espera, culminan este año los 16 procesos judiciales que están en curso en ocho provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin contar los debates que comenzarán durante el año que recién comienza.

En tres de esos 16 juicios, los fiscales ya concluyeron sus alegatos: son "ESMA Unificada" y "Operación Cóndor", que tramitan en la Capital Federal, y "Base Naval III", de Mar del Plata. Sólo en estos tres procesos se definirá la situación de 86 acusados.

Las otras ciudades donde se están celebrando juicios orales y públicos por crímenes durante la época del terrorismo de Estado son Córdoba y San Luis, donde en los dos procesos los fiscales comenzaron su alegato, La Rioja, Neuquén, Mendoza, San Rafael, Salta, San Salvador de Jujuy, Santa Fe y Rosario.

Quince de los juicios se realizan ante tribunales orales en lo criminal federal, mientras que uno, que tramita con el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, se lleva a cabo ante un juez de primera instancia.

ESTADO Y OBJETO

ESMA Unificada, en la Capital Federal: Transita la etapa de alegatos de la defensa y retomará las audiencias el próximo 4 de febrero. Al cabo de 108 horas de alegato, la fiscal Mercedes Soiza Reilly requirió el 9 de diciembre que 52 de los 56 acusados que llegaron al final del juicio sean condenados a prisión perpetua y solicitó penas de entre 10 y 25 años de prisión para otros cuatro, por crímenes contra 711 víctimas.

Operación Cóndor, en la Capital Federal: También transita la etapa de alegatos de la defensa y retomará las audiencias en febrero. En el corolario de una exposición que llevó tres meses, el fiscal general Pablo Ouviña y la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky solicitaron que se condene a penas de reclusión, de entre 10 y 25 años, a 17 de los 18 acusados por crímenes de lesa humanidad contra 127 víctimas en el marco de la asociación ilícita transnacional, y requirieron la absolución para el restante.

La Perla, en Córdoba: Los fiscales Facundo Trotta, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz comenzaron su alegato el 17 de noviembre pasado. El 17 de diciembre realizaron su última exposición antes del receso y continuarán el 26 de enero. El debate aborda los casos de 716 víctimas y la responsabilidad de 45 acusados en la represión ilegal que tuvo su epicentro en los centros clandestinos de detención La Perla y Campo La Ribera.

Megacausa Menéndez, en La Rioja: el juicio comenzó el 6 de agosto pasado y trata la responsabilidad de 15 acusados en crímenes de lesa humanidad. Durante enero habrá receso y el proceso retomará su actividad el 4 de febrero con una inspección ocular en la Delegación local de la Policía Federal. Intervienen el fiscal general de Catamarca Rafael Vehils Ruiz y el fiscal ad hoc Patricio Rovira.

Menéndez en Megacausa, en San Luis: El fiscal Christian Rachid culminará en febrero su alegato en el juicio que se le sigue al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por crímenes en esa provincia contra 29 víctimas. La causa es la derivación de un proceso que culminó con condenas el año pasado a 29 acusados, a quienes no se pudo sumar el ex general cordobés porque estaba afrontando otros procesos.

La Escuelita IV, en Neuquén: El 9 de diciembre comenzó el juicio a 22 ex militares y policías neuquinos y rionegrinos por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 28 víctimas en un circuito de seis centros clandestinos de detención que funcionaron en diferentes dependencias oficiales de la región. Las audiencias de recepción de testimonios continuarán a partir del 4 de febrero. Interviene el fiscal Walter Romero.

Base Naval III, en Mar del Plata: En diciembre los fiscales Ángeles Ramos, Pablo Larriera y María Eugenia Montero pidieron 25 años de prisión para dos acusados y prisión perpetua para otros once. Se juzga a 12 integrantes de la Armada y un ex general de Brigada del Ejército, por los crímenes cometidos contra 123 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata. El 23 de diciembre comenzaron los alegatos de las querellas. El 10 de febrero será el turno de las defensas.

CNU Mar del Plata: Diez civiles, entre ellos el ex fiscal Gustavo Demarchi, y un militar retirado, están siendo juzgados por ocho homicidios cometidos en 1975. El debate transita la etapa de producción de prueba, con recepción de declaraciones testimoniales. Interviene el fiscal coordinador del distrito Mar del Plata, Daniel Adler, la fiscal federal de primera instancia Laura Mazzaferri y la fiscal ad hoc Eugenia Montero.

Juicio a los jueces, en Mendoza: El debate va a cumplir dos años en febrero próximo y transita la etapa de alegatos, que se reanudarán el 2 de febrero con la exposición de una de las querellas. Se juzga a 33 acusados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos ex funcionarios judiciales que facilitaron la impunidad de las fuerzas represivas y contribuyeron en los delitos. Intervienen el fiscal general Dante Vega, el fiscal ad hoc Daniel Rodríguez Infante y la fiscal subrogante Patricia Santoni.

Megacausa San Rafael, en Mendoza: 25 ex militares y ex policías son juzgados por los crímenes contra 72 víctimas, entre ellas 14 desaparecidas, en un juicio que tiene como rasgo particular que uno de los 20 centros clandestinos de detención investigados es la sede de los tribunales provinciales en San Rafael. La recepción de declaraciones testimoniales continuará a partir del 3 de febrero. Intervienen el fiscal general Dante Vega y el fiscal subrogante Pablo Garciarena.

Causas de Orán, en Salta: Un ex jefe militar, otro de la Gendarmería y cuatro de la Policía salteña comenzaron a ser juzgados el 5 de octubre pasado por los delitos contra 30 víctimas, tras la unificación de seis causas. Interviene el fiscal Francisco Snopek.

La Veloz del Norte, en Salta: Es el primer juicio en Argentina a un empresario por crímenes de lesa humanidad. El dueño de la transportista La Veloz del Norte, Marcos Levín, y tres policías están siendo juzgados desde el 31 de agosto pasado por el secuestro y las torturas de las que fue víctima un trabajador y militante sindical. Las audiencias se retomarán el 10 de febrero. Intervienen el fiscal general Francisco Snopek y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.

Grupo Tumbaya - Galeán, en Jujuy: El 22 de octubre pasado comenzó el juicio a 14 ex militares, policías locales y de la Federal, y agentes del Servicio Penitenciario de esa provincia por crímenes cometidos contra 17 víctimas -nueve desaparecidos- que militaban en el Partido Comunista. Interviene el fiscal Pablo Pelazzo.

Megacausa Santa Fe: Un ex juez de menores, un ex comisario y dos ex coroneles son juzgados desde el 10 de abril por su responsabilidad en los delitos contra más de cincuenta víctimas, entre ellas el caso de la apropiación de una niña. Interviene el fiscal Martín Suárez Faisal.

Cambiaso y Pereyra Rossi, en Rosario: Once ex militares y policías, entre ellos el ex comisario Luis Patti, están siendo juzgados desde junio por su participación en el secuestro y posterior asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, detenidos de forma ilegal el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnun de Rosario. Al juicio, que permanecerá en receso durante enero, le queda una audiencia de prueba antes de los alegatos. La exposición de los fiscales Federico Reynares Solari y Adolfo Villatte comenzaría el 17 de febrero.

Triple A, en Buenos Aires: la causa por la organización paramilitar que cometió crímenes contra la humanidad en distintos lugares del país antes del golpe de Estado tiene cinco acusados y tramita en un juzgado federal de primera instancia, en el marco de un proceso reglado por el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal de la Nación, cuya principal característica es ser un procedimiento escrito, sin publicidad ni oralidad.

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