Mauricio Macri asumió la presidencia de la nación el 10 de diciembre pasado y, mediante una lluvia de decretos, tomó una serie de decisiones cruciales. Entre ellas, mediante el decreto nº254 decidió revisar los concursos y los contratos de todas los trabajadores estatales en busca de "ñoquis".
Según el decreto hay que revisar en un plazo máximo de tres meses (se cumpliría en marzo de este año) los contratos de quienes fueron designados en planta permanente en los dos últimos años. Además el decreto ordena revisar en un plazo máximo de seis meses los procesos de aquellos que están concursando para un puesto de carácter permanente en la Administración Pública Nacional.
Sin embargo y sin siquiera esperar el plazo mencionado o revisar los contratos, el PRO comenzó en enero a realizar una "despedida masiva" en las dependencias del Estado. Ahora fue el turno del programa "Verdad y Justicia", que está en la Secretaría de Justicia de la Nación.
En la iniciativa se trabaja en todo el país para asesorar a los testigos de las causas de lesa humanidad y se creó en 2007 en el marco de la desaparición de Jorge Julio López. Hoy, 9 años después, despidieron a 5 trabajadores de los 50 miembros del programa: tres abogados, una socióloga y una antropóloga que eran parte del área de investigación y análisis de riesgo.
Los empleados concurrieron, como todos los días de semana, a la oficina, ficharon –como también hacían todos los días- y se dispusieron a poner su usuario en las computadoras para poder ingresar. La máquina les respondía que había un error que, al principio, creyeron que era técnico.
Sin embargo y tras hacer varias averiguaciones los cinco fueron llamados por recursos humanos y les comunicaron que estaban despedidos. ¿El motivo? Ninguno, "ya no necesitamos sus servicios, los vamos a indemnizar según el tiempo trabajado", dijeron.
Cecilia Cinius, una de las trabajadoras del programa que no fue echada, contó a El Destape que "el macrismo viene diciendo que los trabajadores del Estado somos todos ñoquis pero en este caso se demuestra claramente que no porque nosotros fichábamos todos los días, los compañeros asistían a trabajar".
Además, dijo que "nadie hizo un sumario previo de los cinco casos. No se tomaron el tiempo para revisar a nadie y esto es un claro atropello a los derechos humanos, el macrismo quiere avanzar en este sentido".
Por su parte Romina, otra trabajadora del programa que no quiso dar su apellido "por todo lo que viene sucediendo", dialogó con este medio y aseguró que "se rumoreaba que en el ministerio de justicia iba a haber más o menos 1100 despidos y se sabía que se iban a disolver secretarías. Así están empezando".
"ESTO NO ES UN CASO DE ÑOQUIS"
"Esto no es un caso de ñoquis ni un caso de militancia, porque no sentimos persecución política, nadie nos preguntó si eramos o no kirchneristas pero sí creemos que es una embestida a las políticas de derechos humanos", aseguró.
Asimismo, contó cómo vive el día a día un trabajador del Estado: "La verdad que nosotros tenemos miedo, ayer había desesperación generalizada. No sabíamos si ir todos a recursos humanos para preguntar por cada situación particular porque dicen que en la oficina había muchos más expedientes de despidos".
FUENTE Y FOTOS: El Destape Web - Periodismo365
