En la zona norte de Salta en la actualidad hay 2.000 gendarmes en el límite con Bolivia, según confirmaron fuentes de esa fuerza de seguridad. No obstante, el Gobierno provincial había informado el 7 de diciembre de 2009, cuando llegaron 300 nuevos gendarmes a esa frontera, que allí había 2.800. Es decir que en la zona donde avanza el narcotráfico, el comercio ilegal y la trata de personas, cayó un 29% la cantidad de gendarmes.
En el norte, además, funciona un solo radar de seguridad, apostado en la localidad de General Mosconi. Es marca Cardian y tiene una cobertura de 360 kilómetros. Detecta vuelos de hasta 1.400 metros de altura. Por sus características, según explicaron especialistas de Aviación Civil y Tránsito Aéreo, es un radar secundario.
Eso quiere decir que no trabaja de modo permanente, captando todo lo que se encuentra bajo su órbita de alcance, sino que opera de manera predeterminada por medio de códigos. Para un eficiente protocolo de protección y posibles derribos es necesario contar con radares primarios.
Con ese contexto, con vidas humanas en riesgo y la seguridad pública comprometida, días atrás el Ejecutivo nacional anunció el reemplazo del programa de seguridad Escudo Norte por el Operativo Fronteras.
En esa misma línea, el martes pasado se promulgó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que declara la emergencia en seguridad pública y estipula acciones para revertir la "situación de peligro colectivo" urdida por los delitos complejos, el narcotráfico, la trata y el crimen organizado.
Después de la declaración de emergencia, el Gobernador y la ministra de Justicia coincidieron en que no están dadas las condiciones para aplicar las medidas del DNU. Dentro de las prerrogativas del decreto, se destaca la facultad de derribar aviones no identificados. Se aclara que sería un último recurso y que solo se daría en caso de no haber respuesta de la nave una vez que fuera alertada por las Fuerzas Públicas. Además, el DNU apunta a realizar refuerzos en las fronteras nacionales, que van desde el aumento de personal afectado hasta la ampliación de las zonas radarizadas.
Prevé también que puedan convocarse miembros retirados de las fuerzas, siempre que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, la adquisición de material indispensable para incrementar la seguridad, y la movilización de las Fuerzas Armadas para motivos de seguridad interna.
LA SITUACIÓN ACTUAL
Según la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT), en el 2014 hubo 98 personas desaparecidas en Salta. La Procuraduría de Trata y Explotación de la Nación (Protex) considera que un 20% fueron casos de trata, sea laboral o sexual.
La trata de personas, en la mayoría de los casos, se vincula con los delitos de explotación sexual. Los prostíbulos de la zona siguen funcionando con absoluta impunidad, a pesar que están prohibidos desde 1937, y están colmados de menores de edad y mujeres de otras nacionalidades. No es casualidad que Argentina encabece el ranking latinoamericano de imputados por trata, solo en 2014 registró 25.
Si se repasa la cuestión del narcotráfico, no se vislumbran mejores perspectivas. Conforme al informe anual de 2014 del Ministerio Público de la Nación (el último que se público meses atrás), hubo un "notable incremento de los delitos referidos al narcotráfico y al contrabando", y además sobresale "el crecimiento del microtráfico a través de bocas de expendio ubicadas en diferentes ciudades de la provincia".
El umbral que divide a Salvador Mazza con San José de Pocitos, del lado boliviano, es considerado como una "frontera seca", es decir, que no presenta ningún escollo o delimitación natural, que separe a los distritos. Lo único que hay es una frontera imaginaria que se extiende por 30 kilómetros, y que es permanentemente horadada por ciudadanos de uno y otro lado.
El fiscal distrital de Salta, Eduardo Villalba, afirma que en esa zona caliente "los mecanismos de control y prevención del delito se tornan más difíciles de llevar a cabo, pues esta línea imaginaria de 30 km de extensión es permanentemente cruzada de forma peatonal". Los flujos de tránsito son incontenibles y están favorecidos por ser una frontera en la que "no existe ningún accidente geográfico en el límite entre ambos países".
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Orán estima que son más de 2.500 los bagalleros que trabajan en la zona, y que son quienes cotidianamente atraviesan las límites nacionales de uno y otro territorio. Los bagalleros, la mayor parte de las veces, transportan mercancías legales que tienen como destino locales comerciales en distintas ciudades del país.
LA TRATA LABORAL Y DE PERSONAS VAN EN INCREMENTO
Las provincias que se encuentran en los límites nacionales son siempre un escenario ideal para ser cooptadas por las redes de trata. Fácilmente se convierten en rutas de entrada o salida clandestina, que se sirven de los laxos controles fronterizos. Más aún, los proxenetas encuentran asilo en sitios donde proliferan los prostíbulos y los explotadores se favorecen de la permisión a trabajos en condiciones de esclavitud.
A partir de un informe que la Protex elaboró con la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT), se sabe que la franja etaria más afectada por esta problemática es la que oscila entre los 12 y los 20 años. En Salta, en particular, la mayor cantidad de personas desaparecidas tiene entre 14 y 18 años.
Los adolescentes son presa fácil porque gozan de cierta libertad, que se combina con una ingenuidad que aún no sospecha de los peligros del mundo. Los tratantes se aprovechan de esa avidez soñadora y embaucan a los crédulos jóvenes, y los terminan secuestrando casi sin dejar rastros.
Argentina se encuentra a la cabeza entre los países latinoamericanos en lo que la trata de personas respecta. En 2014 hubo 66 procesados, 25 imputados y 52 víctimas. En 2013 se registraron 253 denuncias por explotación sexual, mientras que en 2014 fueron 139. A esos 139 casos de trata sexual se suman 59 de trata laboral y 83 que todavía no tienen una determinación esclarecida.
En 2013 se reemplazó la vieja Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) por la Procuraduría de Trata y Explotación (Protex). La Protex, hasta 2014, solo había prestado colaboración en dos tareas de investigación.
En el plano provincial, la Policía cuenta con una División de Trata de Personas, que no maneja estadísticas ni tiene un plan de acción establecido. A pesar de todo, el Ministerio Público asegura que "se está dando una tendencia descendente de la explotación sexual o, con más seguridad, el cierre de los prostíbulos abiertos al público con total naturalización de la explotación y de la ilegalidad". Aducen que si bien se hace poco, antes de 2009 no se hacía prácticamente nada.
FUENTE Y FOTOS: El Tribuno
