El ministro de Gobierno, Oscar Agustín Perassi, fue uno de los funcionarios que definió sin eufemismos la matriz del conflicto al sostener que se trata de "un problema de poder" de quien –por Sala- manejó una gobernación paralela y ahora se resiste a perder el control de fondos y por lo tanto de seguidores.
Lo cierto es que ayer comenzó el proceso de suspensión temporaria de la personería jurídica a cada una de las 16 organizaciones que permanecían en la plaza Belgrano, lo que significaba también el cierre de las cuentas bancarias.
Al suspenderles la personería, las organizaciones y cooperativas perdieron toda posibilidad de participar de los programas de construcción y acceso de viviendas, contratos de obras, bolsones alimentarios, como tampoco podrán acceder al plan de reempadronamiento de capacitadores. Esta suspensión será preventiva hasta tanto se inicie el trámite judicial para el retiro definitivo.
Según se informó, Fiscalía de Estado tiene la atribución, a través de un procedimiento judicial, de pedir el retiro de la personería jurídica "cuando las asociaciones hubieren cambiado el objeto social o el mismo se hubiera tornado en ilícito".
De esta manera comenzó a aplicarse el decreto 403 que establecía la 0 hora de ayer como último plazo para desalojar la plaza central y reempadronarse en el marco del plan de Regularización y transparencia de cooperativas y beneficios sociales. Se prevé que la semana que viene la Legislatura, en una sesión extraordinaria, convierta en ley este decreto.
Fuentes oficiales aclararon en cuanto el desalojo que se manejan con mucha cautela, ya que hay menores de edad en la plaza, además de que la orden deberá ser impartida por la Justicia.
Paralelamente ayer se definían las multas previstas en el Código Contravencional que oscilan entre los 5 mil y 100 mil pesos, a aplicar a las organizaciones que mantenían el acampe. En ese marco, la Unidad de Ejecución Fiscal tendrá a su cargo motorizar los embargos y las medidas tendientes al cobro a las organizaciones sociales, miembros de las comisiones directivas y si era necesario a los asociados.
A cuatro días de haber asumido Morales la Gobernación, Milagro Sala le montó el acampe para evitar perder el control de las sumas millonarias que durante el kirchnerismo manejaba discrecionalmente. El gobernador había anunciado durante la campaña y tras ganar las elecciones con el 54 % de los votos, que la ayuda social se iba a canalizar a través de organismos del Estado a fin de terminar con el clientelismo y "restituir derechos".
Hasta el momento se empadronaron 552 cooperativas, 88 mil personas recibieron sus bolsones alimentarios y comenzó el proceso de adjudicación definitiva de viviendas. Ahora los ocupantes de casas realizadas por la Tupac Amaru ya no podrán ser desalojados por Sala como sucedió en numerosos casos y en el transcurso del año recibirán las escrituras. También se dejaron sin efecto 40 mil horas cátedra truchas de programas ficticios de capacitación.
Al mismo tiempo se avanza en la compensación a los comerciantes afectados por el acampe. El gobernador Morales le dijo a Clarín que los relevados cobrarán un monto total de 195 mil pesos por las pérdidas que sufrieron en 15 días. "Los que no se presenten hasta el 19 de enero, no podrán ser contemplados por los beneficios", aclaró.
Los fondos para las indemnizaciones saldrán del Ministerio de Hacienda que luego serán recuperados tras el embargo del sueldo y las propiedades de Milagro Sala.
Tras reiterar que no se cerrarán las escuelas, centros sanitarios ni la textil de la Tupac, aseguró que el acampe respondía a la "tozudez de la lucha por el poder político. Ya hubo una elección, el pueblo ya eligió, no hay cogobierno, hay un solo gobierno", aseguró.
Mientras tanto, el miércoles a última hora un puñado de seguidores de Milagro Sala en una "asamblea popular" resolvió no acatar el ultimátum del gobernador y proseguir con el acampe "hasta las últimas consecuencias". También Sala volvió a repetir la pantomima de ofrecer su renuncia a la Tupac Amaru, la que obvio, no fue aceptada. "Públicamente, he puesto la renuncia para no perjudicar a los compañeros y los compañeros han decidido que tengo que seguir al frente de la institución y seguir con el acampe", dijo Sala.
Desafiante, la dirigente hizo gala de su desobediencia a las autoridades al asegurar que "puede presentar 10 mil decretos, 10 mil denuncias pero no nos va a doblegar". No obstante aclaró que quería dialogar.
Por el acampe, Milagro Sala fue imputada por la Fiscalía de Investigación 1 por "instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real".
La medida fue tomada en el marco del expediente P-127785, en el que se investiga el acampe y todas "las acciones delictivas" que se cometieron para presionar al Gobierno provincial por el manejo de la ayuda social en Jujuy. La justicia también imputó a Sala por un segundo hecho, ya que luego del acampe "evidenció el propósito de alzarse públicamente contra el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesto por el Gobierno de la Provincia, con el manifiesto objetivo de impedir su realización".
Todo comenzó el 14 de diciembre pasado cuando la dirigente ultrakirchnerista instigó a un numeroso grupo de personas a acampar en la plaza Belgrano ubicada frente a la Casa de Gobierno.
El conflicto también alcanzó al fiscal Darío Osinaga Gallacher, quien, según el gobernador Morales, "no hizo nada, no promovió la prosecución de la causa", por lo que iba ser denunciado penalmente.
Los acampantes
Las organizaciones sociales y cooperativas rebeldes son la Tupac Amaru, Tekure, Asociación de Trabajadores Sociales, 24 de septiembre, 8 de enero, 29 de mayo, San Salvador, Evita, Unión de Trabajadores Desocupados, Movimiento villero, 17 de octubre, Libertad y Marina Vilte. A todas ayer le suspendieron las personerías jurídicas y quedaron al margen de toda ayuda oficial.
FUENTE Y FOTOS: Clarín
