martes, 29 de marzo de 2016

PROHIBIDO DESPEDIR: LOS DIPUTADOS YA APURAN LEY PARA FRENAR CESANTÍAS POR UN AÑO O DUPLICAR MONTOS INDEMNIZATORIOS

A raíz de los más de 110.000 despidos en apenas tres meses, y los que están por llegar; varios legisladores con perfil gremial impulsan cambios en la normativa. Cuentan con algo a favor para su tratamiento: el visto bueno del Frente para la Victoria y de parte del massismo. 


Sectores que en "épocas doradas" de la Argentina han sido puntales del crecimiento económico -como el de la construcción y el automotor- desde hace tiempo vienen en retroceso.
El panorama actual de estas dos actividades no difiere mucho del de otros rubros.

Esto, en un contexto en el que las suspensiones y los despidos que se multiplicaron en los últimos meses han incrementado el temor de muchos argentinos a perder el empleo.

Un estudio realizado por Tendencias Económicas informó que sólo en el primer bimestre se registraron 110.000 cesantías.

"En enero hubo 42.000, la mitad en el sector público y la otra mitad en el privado. En febrero, la cifra se elevó a 68.000 y la mayoría de las bajas se dio principalmente en la construcción", consignaron desde la consultora.

Este difícil contexto logró aquello que era impensado hace poco tiempo: la unión de los titulares de las tres CGT (Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo).

Los dirigentes acordaron avanzar en un pedido común al Gobierno: que ponga fin a los despidos en el sector público. No sólo eso. También están exigiendo que se castigue a aquellas empresas que quieran desvincular a empleados. Con ese objetivo en carpeta, están pidiendo que vuelva a entrar en vigencia el pago de la doble indemnización.

De esta forma, los dirigentes sindicales pretenden reflotar una norma que operó durante años (sancionada por el entonces presidente Eduardo Duhalde para paliar la crisis de 2002) por la cual se duplicaban los costos de las empresas que desafectarán personal.

Por su parte, los legisladores nacionales de extracción sindical están preparando diversos proyectos de ley para frenar las pérdidas de los puestos de trabajo.

Aparte de la propuesta para duplicar el monto de los resarcimientos, impulsan una iniciativa que, de convertirse en ley, sumará más polémica: las compañías no podrán desvincular personal por un plazo de seis meses, período que podría extenderse a un año.

El proyecto que se debate en el Parlamento incluso prevé fuertes sanciones para las firmas que incumplan.

En tanto, las tres CGT proponen juntar firmas para convocar a una consulta popular, si el Gobierno desoye su pedido. Y, como si esto fuese poco, preparan una movilización para los primeros días de abril.

¿Ayudan a cuidar los puestos de trabajo?

Ante la estrategia consensuada por el "frente sindical" entre los abogados laboralistas reina el escepticismo, dado que consideran que este tipo de iniciativas no van a contribuir a resolver la crisis de empleo. Además, de avanzar los proyectos en el Congreso, advirtieron que hasta pueden dar lugar al comienzo de los llamados "despidos preventivos".

Es decir, cuando los empresarios -ante la inminente entrada en vigencia de un norma de este estilo- optan por ajustar su nómina de empleados de manera acelerada hasta tener un panorama más claro sobre cómo evolucionará la economía del país.

Incluso, advierten que aunque la ley sea sancionada, esto no impedirá que las compañías continúen con los procesos de desvinculaciones y sin pagar el doble resarcimiento, argumentando que atraviesan un proceso de crisis. Esto obligará a los empleados a realizar un juicio que suelen demorar más de tres años, debido al colapso del fuero laboral.

Ante las urgencias cotidianas, ha pasado que los afectados terminan arreglando por una cifra menor a la que deberían percibir.

Buscar el camino adecuado

"Lo que estamos estudiando es qué camino es el más efectivo: si establecer una indemnización doble -como pasó en 2002- o buscar la forma de evitar que un trabajador sea echado", aseguró el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano.

En este sentido, el líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, advirtió que "la doble indemnización no va a frenar los despidos" y es por eso que prefiere que se sancione "una ley que directamente prohíba cualquier despido por un año".

En cuanto a la magnitud registrada en la pérdida de empleos, el diputado Omar Plaini admitió que es un tema que escaló tan alto en el "ranking de preocupaciones" que hizo que muchos legisladores que pertenecen a la CGT "comiencen a juntarse para articular una propuesta única".

Además de Plaini, participan de esas reuniones los diputados Facundo Moyano, Héctor Daer, Carla Pitiot, Enrique Castro y Jorge Taboada. Por el lado de los senadores figuran Guillermo Pereyra y Daniel Lovera.

El titular del bloque del FPV, Héctor Recalde, también tiene en carpeta la presentación de un proyecto de ley sobre este tema. En tanto, el líder de la CTA, Hugo Yasky, anticipó que llevará al Congreso otra propuesta orientada a una mayor estabilidad laboral.

Además, se quejó porque observa que el Ministerio de Trabajo no haciendo mucho para que las empresas cumplan con una normativa conocida bajo el nombre de "procedimiento preventivo de crisis".

La misma, "las obliga a ir al Ministerio con el sindicato y a utilizar el programa Repro", que abre la puerta a que sea el Estado el que cubra una parte del sueldo de cada persona -durante un año- y exime a la compañía del pago de cargas sociales de manera transitoria.

"Hoy directamente despiden", remarcó el líder gremial, quien confirmó que el proyecto de ley que elaboró la central apunta "a volver obligatorio el procedimiento preventivo de crisis".

De ser ley esa normativa, una empresa que transita esa situación, -desde el inicio y hasta la conclusión- no podrá desvincular empleados, al tiempo que los trabajadores tampoco podrán ejercer el derecho de huelga. Durante ese lapso, se mantienen vigentes todas las obligaciones de los contratos de trabajo, incluyendo el pago de sueldos.

Por otro lado, los requisitos para que un juez avale un despido por esta causa resulta muy difícil de cumplimentar, ya que el empleado es ajeno a los riesgos de la empresa y siempre se privilegia el principio de conservación del contrato de trabajo.

Esta herramienta obliga a las firmas a presentar anticipadamente, ante la cartera laboral, una comunicación sobre las suspensiones, despidos e -incluso- reducción de la jornada por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

Impulso desde el Congreso

Por lo pronto, transcendió que los "dipusindicales" -que provienen de distintas facciones- avanzan a paso firme para que sea aprobada una ley que prohíba los despidos o duplique el costo en caso de que esto suceda.

Esto, en un contexto en el que el oficialismo apenas tiene 90 diputados sobre 257 y no llega a los 20 senadores sobre 72. Además, el ala sindical en el Parlamento cuenta con el apoyo del Frente para la Victoria (80 diputados y 40 senadores), partidos de izquierda en la cámara baja y otros bloques pequeños.

Otra vez la decisión final que tome el massismo, espacio al que pertenecen varios dipusindicales, será central en esta problemática. En caso de aprobarse una ley de este tipo en el Congreso, sería Macri quien pagaría el costo político que se desprende de vetar la iniciativa.

Vale recordar que a principios de 2014, con un contexto económico y laboral distinto al actual, el líder del Frente Renovador propuso suspender los despidos por seis meses para "priorizar el resguardo del empleo y de los salarios".

Sí o sí por ley

Al incremento del número de trabajadores despedidos se suma la preocupación de que el 80% de las empresas consultadas por la firma Manpower señalaron que no están tomando personal. Incluso, muchas implementan lo que se conoce como "goteo". Es decir, si un empleado se jubila o renuncia, no se contrata a uno nuevo sino que se le pide a otros dependientes que se hagan cargo de esas tareas.

"Justamente, por tratarse del primer trimestre con una nueva administración, las medidas que implementa el Gobierno aún no tienen un impacto directo en las intenciones de contratación. Será importante esperar y ver cómo evolucionan estas medidas hasta que lleguen a tener un efecto concreto en las compañías y las impulse a tomar decisiones", evaluaron desde la consultora.

En 2002, en el marco de la Ley de Emergencia Económica, la 25.561, se prohibían los despidos si la tasa de desocupación superaba el 10% durante tres meses seguidos. Una vez que el desempleo bajó los dos dígitos durante nueve meses, la "sanción" se dio por concluida.

En su artículo 16, el texto de la norma establecía que "por el plazo de 180 días, quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente".

El artículo fue modificado por varios decretos. En 2004 se redujo la compensación al 80% de la indemnización y en 2005, al 50%. Luego, en septiembre de 2007 cesó su aplicación, cuando el índice de desempleo se ubicó por debajo del 10 por ciento.

Sobre ese punto, Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Darago - Lupi & Asociados, agregó que "no podría volver a tener vigencia la Ley 25.561 por el solo hecho de que el desempleo supere el 10%, sino que el Congreso debería volver a sancionar una norma idéntica a la anterior".

"Esa ley no resolvió durante el plazo de su vigencia la crisis de empleo, ni la resolvería actualmente, ya que sólo es una norma que impone una indemnización. El problema es que, en casos de recesión económica, estas medidas por sí solas no alcanzan para", destacó. Incluso, para el experto, se causaría el efecto contrario al buscado, ya que cada vez que se discute un proyecto de este tipo, "entonces se acelera la decisión de despedir preventivamente".

No sólo eso. Cerutti resaltó que, en caso de que la norma estuviera vigente, entonces será común ver que los empleadores despidan "con causa" y luego intenten un acuerdo en el SECLO, "obligando a los empleados a tramitar un expediente judicial que hoy día demora tres años como mínimo".

FUENTE Y FOTOS: iProfesional - Periodismo365

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