El ajuste que el Gobierno nacional viene aplicando impacta fuertemente en el desarrollo de los juicios de lesa humanidad. Con los despidos y el desmantelamiento de importantes áreas dedicadas a la investigación de lo ocurrido durante la última dictadura militar, el Estado provee menos información a los juicios y así se dificulta la tarea de estos procesos.
Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia, y bajo el pretexto de la "modernización" del Estado, llevó a cabo un ajuste del personal que afectó áreas sensibles. Así, oficinas dedicadas a investigar la dictadura fueron cerradas tanto en el Banco Central como en el ministerio de Justicia y en la Unidad de Información Financiera (UIF).
La fiscal del juicio por la causa ESMA, Mercedes Soiza Reilly, subrayó que las políticas actuales "amenazan la continuidad de los juicios". "Da la impresión que el Gobierno no está metido en la tarea", confesó.
Una fuente del ministerio de Seguridad le confió a ese medio que los informes relacionados con el accionar de las fuerzas de seguridad en la última dictadura, que servían de insumo para los juicios, se realizan con menos frecuencia.
El abogado y periodista Pablo Llonto confirma esa información: "La eliminación o el ajuste en los equipos de trabajo se están empezando a ver y ya no publican la información con la regularidad con la que lo hacían".
FUENTE Y FOTOS: El Destape Web - Periodismo365
