Según pudo saber el portal CHACO DIA POR DIA, el requerimiento de instrucción judicial fue presentado en el mes de abril. Dicha causa se originó por medio de denuncia de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social – UFISES- de la Procuración General de la Nación.
En el requerimiento, se acusa a una veintena de personas de haber concretado diferentes hechos defraudatorios en el marco del Sistema de Seguridad Social en vista a la obtención de beneficios jubilatorios que no reunían los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, generando un perjuicio patrimonial al Estado Nacional.
En concreto, los imputados iniciaban trámites jubilatorios ante la ANSES en categorías tales como choferes de empresas de transporte, empleado de farmacia y administrativos de empresas constructoras, entre otros. Sin embargo, las solicitudes las realizaban entregando certificaciones de servicios apócrifas y direcciones falsas. Es decir: querían jubilarse por un trabajo que nunca hicieron.
Connivencia
Además, según el requerimiento firmado por el Fiscal Patricio Sabadini, se pudo constatar que apoderados de diferentes personas con voluntad de jubilarse, en presunta connivencia con el verificador Luis Abadía, y quienes fueran señalados como firmantes en las certificaciones de servicios, habrían desplegado un plan tendiente a que determinados individuos lograran obtener su jubilación ilegítimamente. Éstos últimos, a su vez, habrían intervenido en dicho accionar ilícito declarando servicios presuntamente apócrifos, con el objeto de que se aprobara el beneficio que peticionaban.
Entre otras irregularidades se detectaron domicilios falsos coincidentes en varios trámites, como en algunos casos figuraron iguales certificantes de servicios y remuneraciones. Entre los certificantes se vieron involucrados en los sucesos investigados al figurar como representantes de empresas, certificando servicios de forma ilegítima, al advertirse con posterioridad que dichas prestaciones no habían existido.
Por su parte, los titulares de los beneficios, cumplieron un rol relevante al suscribir las solicitudes de jubilación invocando servicios que no habían existido, con el objetivo de obtener un beneficio ilegítimo de parte del Estado Nacional. Se les imputa a la mayoría de ellos fraude en perjuicio de la administración pública, alguno de ellos, como en el caso de Abadía, agravado por ser funcionario público. Entre los imputados, también se encuentran dos grupos: quienes lograron cobrar sus jubilaciones truchas y quienes intentaron hacerlo pero no pudieron. A este último grupo, la imputación es en grado de tentativa.
Además de Abadía, los demás imputados son: Fernando Ramón Bulacio; Patricia Ruth Osorio; Gustavo Alejandro Luque; Reynaldo Eliseo Pissarello, Rodolfo Gene; Celia Esther Lanzoni; Olga Beatriz Suero; Ernesto Paredes; Jorge Fernando Franco; Elio Omar Cabaña; Alfredo Luis Gonzalez; Lilia Graciela Castillo; Luis Carlos Ramirez; Víctor Eduardo Colombo; Roberto Martinez; Alejandro Navarro; Raúl Suero; José Salvador Melina; Eduardo Roberto Rossi; Zulma Insaurralde; Roberto Jesús Paolini; Luis Enrique Bruses; Jorge Ygich; Pedro Feliz Carlos y Ramón Luis Franco.
Se espera que en las próximas horas sean indagados.
FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día- Periodismo365
