Alrededor de las 14:30 del sábado, Fernando había sido detenido por personal del 911 en base a una denuncia de sus vecinos del barrio Ginés Benítez que escucharon una discusión con su madre, quién encontró en su domicilio elementos que habrían sido robados de una escuela de la zona y pretendía que el joven se entregase.
"Las explicaciones son dudosas"
"Fernando es llevado y alojado en la Comisaría 4ª y, aproximadamente, a las 19 horas la policía convoca a la madre diciéndole que su hijo había sido trasladado al Hospital 4 de Junio por quemaduras en los brazos. Ella se constituye en el hospital y los médicos le informan que no era solamente una quemadura de brazos sino que se había quemado el 60 por ciento del cuerpo y que su riesgo de vida era alto", describió el abogado Leonardo Arrudi, abogado de la familia.
Luego de tomar conocimiento del estado de su hijo, la madre se dirigió a la Comisaría a pedir explicaciones sobre el hecho. "En un primer momento el personal policial le manifiesta que su hijo se había prendido fuego como consecuencia de la quema de un colchón y que, ante el hecho de que el mismo menor había trabado la puerta de la celda desde adentro, ellos no pudieron hacer inmediatamente la intervención", relató. En ese sentido, el letrado consideró que "es un explicación dudosa porque no hay ninguna forma de trabar la puerta desde adentro en una comisaría, más cuando antes de ingresar a la celda, por lo que nos relatan los amigos que acompañaron al menor, había sido despojado de todas sus pertenencias, incluso de sus cigarrillos y encendedor".
Arrudi advirtió que luego el personal policial cambió su versión, que la puerta no estaba trabajada y que no habían escuchado ni visto debido a la propia estructura edilicia de la comisaría. "Ellos estaban en la zona de recepción y no se alcanza a ver la zona de celdas. Pero si uno observa cómo es la estructura, es chica, inmediatamente los gritos se pueden escuchar, una persona quemándose viva en un 60 por ciento de su cuerpo", sostuvo.
Expeditiva intervención
El abogado precisó que una vez que tomó conocimiento del caso se comunicó tanto con el Ministerio de Seguridad, a cargo del ministro Martín Nievas, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco, y subrayó "la inmediata intervención de los dos organismos que se pusieron a disposición y pusieron en funcionamiento todos los protocolos y de seguridad para la preservación de la prueba en el sitio". También se dio intervención a la Fiscalía Nº1, a cargo de la fiscal Liliana Luppi, quién lleva a cabo la investigación.
En el marco de la investigación del caso, Arrudi informó que todavía no tuvo acceso pleno al expediente y que se aguarda el informe de los peritos oficiales. Además, confirmó que este lunes se practicará la autopsia y se podrá contar con más elementos técnicos para encontrarle una explicación a una versión policial que exhibe demasiadas inconsistencias.
"La madre está destrozada"
Por otro lado, el abogado reveló que "la madre está destrozada porque es una madre bastante preocupada, que tiene otros hijos y que estaba muy dolida por la situación que le tocaba vivir al joven y su intento de quitarlo de esta vida que llevaba en cuanto a la drogadicción y a los hechos de violencia y de robo que continuamente incurría". Agregó que "se siente culpable de entregarlo a la policía, porque ella era la que quería entregarlo para que escarmiente y comprenda que no es la vida que debía llevar".
A la sombra del caso Greco
El 25 de junio de 1990, Juan Angel Greco, un artesano que tenía entonces 24 años de edad, fue detenido ilegalmente y maltratado cuando trataba de obtener asistencia policial al denunciar una agresión. Mientras Greco estaba detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas, se produjo un incendio en su celda, en circunstancias no aclaradas, que le provocó graves quemaduras. La familia acusó a la Policía de ser responsable de provocar el incendio y de demorar varias horas el traslado de la víctima al hospital. Greco estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento, el 4 de julio de 1990.
El caso llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque sus familiares denunciaron que el Estado no realizó una investigación adecuada para aclarar los hechos, con lo cual denegó a la familia su derecho a que se hiciera justicia y a obtener una indemnización.
El 17 de octubre de 2003, en una reunión de trabajo realizada durante el 118º período ordinario de sesiones de la CIDH, el Estado y los peticionarios suscribieron un acuerdo de solución amistosa. Entre los compromisos adquiridos, el Estado reconoció su responsabilidad institucional en los hechos ocurridos, y se comprometió a tomar las medidas necesarias para reexaminar y reabrir las investigaciones correspondientes, para fortalecer medidas de protección de los derechos humanos en la Provincia -con la creación de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos-, y para pagar una reparación económica a los familiares de la víctima.
FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día - Periodismo365
