martes, 20 de septiembre de 2016

CHACO: ES ALARMANTE LA SITUACIÓN EN ALDEA TRES HORQUETAS, ADVIERTE LA ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL

La Asociación Pensamiento Penal advierte sobre irregularidades que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades en el instituto que aloja a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Denuncian que el Servicio Penitenciario Provincial interfiere en las tareas de los trabajadores sociales.



El  texto del comunicado es el siguiente:

La Aldea Tres Horquetas aloja a dieciocho adolescentes en conflicto con la ley penal y depende de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco. La Dirección se encuentra a cargo de Julieta Tayara y la Aldea a cargo de Jorge Vega.

El Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes fue creado por la Ley Provincial Nº 7162 con el fin de garantizar el ejercicio pleno, efectivo y permanente de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, Provincial y Tratados Internacionales. La provincia ha ratificado la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo y pese al compromiso asumido por la Provincia del Chaco de garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Aldea Tres Horquetas, se vienen vulnerando esos derechos de forma sistemática, incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño que es de aplicación obligatoria.

En junio del 2015 el gobierno provincial dispuso el traspaso paulatino de la competencia orgánica y funcional de la Aldea, del ámbito del Ministerio de Gobierno a Desarrollo Social. No obstante en Tres Horquetas se conservan, bajo el amparo del Ministerio de Desarrollo Social, prácticas carcelarias inaceptables para este tipo de instituciones. La medida que buscaba garantizar la plena aplicación del principio de especialidad nunca se concretó y el Servicio Penitenciario Provincial, que únicamente debiera custodiar el perímetro del lugar, continúa no solo monitoreando toda actividad de la Aldea, sino también en permanente contacto con los adolescentes, interfiriendo inclusive con la labor que realizan los trabajadores sociales que allí se desempeñan.

Los lugares que alojen a niños o adolescentes en conflicto con la ley penal deben ser institutos socio-educativos o centros de integración, no cárceles. El trabajo que el Estado, a través de equipos interdisciplinarios capacitados debe realizar con los adolescentes es especial y debe garantizar a los adolescentes su interacción con su familia y la comunidad. Todos los derechos que el Estado debe garantizar a niñas, niños y adolescentes no pueden vulnerarse cuando se encuentran privados de libertad y así lo dispone el artículo 19 del Decreto Nº 415/08 que reglamenta la Ley 26061.

La Asociación Pensamiento Penal exhorta a los funcionarios públicos y organismos responsables a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad, a una inmediata intervención y solución de la situación descripta.

Periodismo365

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