Lo hizo la Sala I del Tribunal al reabrir la causa contra el entonces general Alfredo Manuel Arrillaga y el militar Jorge Eduardo Varando en orden al delito de "homicidio agravado", luego de que fueran sobreseídos por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
El hecho se produjo entre el 23 y 24 de enero de 1989, cuando tras varias horas de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizada III "General Belgrano" de La Tablada, varios militantes del Movimiento Todos por la Patria que lideraba Enrique Gorriarán Merlo fueron reducidos y algunos de ellos incluso ejecutados y desaparecidos.
En la mira quedó entonces la actuación militar y ahora los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos reabren el caso por los homicidios de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara una medida dictada en primera instancia por el juez Morón Germán Castelli, que había declarado el caso como de lesa humanidad -y por tanto no extinguible en el tiempo.
Los jueces de la Sala I de Casación aseguraron que los hechos se enmarcan en graves violaciones a los derechos humanos, siguiendo la doctrina que emana de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta causa se investigan aplicación de tormentos y ejecuciones contra varios integrantes del MTP luego de que se rindieran ante la recuperación del cuartel por parte de las fuerzas militares, que dejó un saldo de 39 muertos.
El expediente comprende parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas concretamente tras la detención de Ruiz y Díaz en la guardia de prevención del cuartel de La Tablada, tras la rendición de los guerrilleros: tal como está establecido en la causa, ambos fueron asesinados y sus restos fueron identificados en 2000 y en mayo de 2009, respectivamente.
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