La Cámara Federal revocó el fallo que frenó el aumento del gas para Pymes. El tribunal cuestionó la legitimidad de la asociación para representar a empresas muy diversas. Como una política corporativa la justicia desconoce las entidades que nuclean a las pymes. Pasó con la CAME, con CGERA y ahora con APYME. Apyme evalúa ir a la Corte de la Nación.
Los tarifazos llegarán al 979% para el comercio y la industria respecto del 2015 de acuerdo a estimaciones que realizó un centro de estudios especializado en energía sin embargo y pesar de denodados esfuerzos jueces siguen haciendo "la vista gorda" a pesar de que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó la opción al reclamo colectivo.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por los jueces Eduardo Avalos, Ignacio Vélez Funes y Graciela Montesi, revocó el fallo de primera instancia del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja que había frenado el tarifazo del gas a las pymes en todo el país y ordenaba al Enargas retrotraer la refacturación al 31 de marzo.
Los camaristas entendieron que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) carece de legitimidad para una acción de amparo colectivo.
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“Se verifica que la representación invocada resulta de una heterogeneidad tal que no cumple con lo estándares definidos, dado que abarca a una variada e indeterminada gama de usuarios no residenciales, tales como pequeños y medianos industriales, comerciantes prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios cuentapropistas, profesionales y otros afines que pudieran verse afectados con el dictado de las normas cuestionadas, por lo que no existe posibilidad de identificar en forma precisa el colectivo involucrado”, opinó el juez Eduardo Ávalos.
Montesi sostuvo, a su vez, que el amparo se hizo "abarcando un universo de personas jurídicas y físicas indeterminadas que las integran y cuya enumeración no ha sido enunciada particular e individualmente sino en forma general".
Vaca Narvaja había hecho lugar el amparo a favor de Apyme a fines de septiembre. Esto obligaba a las empresas a retrotraer tarifas al 31 de marzo, refacturar los meses no cobrados en cuatro cuotas y hacer una audiencia pública antes de insistir en el aumento, como impuso la Corte Suprema para el caso de los usuarios residenciales.
El Estado nacional y Ecogas apelaron ante la Cámara, que tumbó el amparo, con el aval del dictamen del fiscal General Alberto Lozada. Dos jueces (Ávalos y Vélez Funes), además, resolvieron cargarle todos los costos del juicio a Apyme, en una resolución que no fue avalada por la tercer integrante del tribunal Montesi.
Otro de los argumentos en contra de la representación que invocaba Apyme y que a juicio del Tribunal es difuso e impreciso es la exigencia para las acciones colectivas de invocar la voz de sectores a quienes se les comprometería el acceso a la Justicia. Eso, para la Cámara, corre para los usuarios residenciales, no para empresas.
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