martes, 8 de noviembre de 2016

(videos) MALVINAS: LA CANCILLERÍA SE NEGÓ A QUE AVANCE UN JUICIO POR CRÍMENES DE GUERRA

Los hechos: El soldado saenzpeñense Raúl Vallejos, junto con otros compañeros, fue detenido en la guerra por los británicos: recibió maltratos y perdió una pierna en Malvinas en 1982.


El  juicio: Familiares de caídos en la guerra, de soldados torturados y de víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano iniciaron una demanda al Estado británico

La respuesta: El juicio no pudo prosperar aún porque los abogados necesitan una acción declarativa de certeza. La Cancillería se negó a dar esto, en un polémico escrito.


En un escrito de 110 páginas, la Cancillería rechazó la posibilidad de avanzar en un juicio contra Gran Bretaña.

En un escrito de 110 páginas que constituirá una pieza histórica para la jurisprudencia argentina, la Cancillería rechazó la posibilidad de avanzar en un juicio contra Gran Bretaña que inició en 1987 la Comisión de Familiares de Caídos en las islas Malvinas por crímenes de guerra y por el hundimiento del Crucero General Belgrano.


Según la respuesta que ofreció el 24 de agosto pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores a los abogados de las víctimas de torturas de la guerra de Malvinas y a los familiares de los muertos en el buque General Belgrano, el Gobierno descartó de plano la posibilidad de avanzar en un juicio contra el gobierno británico que causó esas lesiones y muertes. El escrito de la Cancillería, al que tuvo acceso LA NACION, justificó el rechazo jurídico bajo un argumento político: se amparó en que no puede declararse la inconstitucionalidad de la declaración de Londres y Buenos Aires firmada en 1989 (conocido como acuerdo de Madrid) que fijó un paraguas para el tema de la soberanía con el fin de que ambos países avancen en los acuerdos económicos, humanitarios y comerciales en las islas. Es que allí se acordó que ninguna de las partes impondría una demanda contra la otra.

En el caso del juicio por el hundimiento del crucero General Belgrano la abogada Ximena Bruzzone de la Cancillería sostuvo en el escrito que "esa es competencia del Ministerio de Defensa" por lo que delegó cualquier reclamo judicial ante esa cartera.

A la vez, en cuanto al caso del prisionero de guerra Raúl Vallejos que fue detenido y maltratado bajo el mando británico y perdió una pierna, la Cancillería no dio lugar al reclamo de "Acción Declarativa de Certeza" al entender que una declaración de "inconstitucional" del acuerdo de 1989 sería "perjudicial" en el restablecimiento de las relaciones políticas, diplomáticas, consulares, tecnológicas y de cooperación con el Reino Unido". Por ello, la Cancillería entendió que "menoscabar la integridad jurídica de la Declaración de 1989 ..tendría una connotación negativa para la política exterior de la Argentina no solo en su relación con el Reino Unido sino en cuanto a la posición que se desarrolla en en el marco de la Cuestión Malvinas".

De este modo, la Cancillería evaluó que interponer un recurso judicial por las víctimas de la guerra y declarar la inconstitucionalidad del acuerdo de 1989 para avanzar en un juicio contra Londres "sería muy negativo el impacto" para ese acuerdo sellado entre la Argentina y Gran Bretaña durante el gobierno de Carlos Menem ya que "pondría en riesgo la continuidad de la totalidad del instrumento y por ende el de la cláusula de soberanía". Se entiende: este mismo acuerdo volvió a aparecer en el comunicado conjunto que en septiembre pasado firmaron la canciller Susana Malcorra y el vicecanciller inglés Alan Duncan para relanzar las relaciones de la Argentina y el Reino Unido.

Para los abogados Graciela Borro y Oscar Gil, el Acuerdo de 1989 "vulnera tanto nuestra Constitución como el Derecho Internacional Humanitario ambas partes contratantes se comprometen a que no habrá reclamaciones ni contra el otro Estado ni contra los ciudadanos del otro Estado".

Para los abogados de Vallejo y de otras diez víctimas más de tortura en la guerra de Malvinas, la Convención de Viena está por encima del acuerdo de Madrid, lo que permite a los particulares afectados por crímenes de lesa humanidad enjuiciar al Estado productor del daño para lograr una reparación.

Para la defensa de los damnificados por el hundimiento del crucero Belgrano y aquellos soldados torturados siendo prisioneros, la demanda no contiene reclamo económico alguno contra el Estado nacional sino que se exige una declaración de certeza que permita ocurrir por ante la Nación que ocasionó el daño, para solicitar las reparaciones .

En el escrito de la Cancillería se alerta sobre un "riesgo en cuanto al mantenimiento de relaciones comerciales de declarar la inaplicabilidad de dicha cláusula a los actores" y que podría ser entendido como una denuncia general del tratado, lo que los abogados Borro y Gil consideraron "desproporcionado y falso".

Desde la Cancillería, fuentes calificadas explicaron a LA NACION que el Ministerio de Relaciones Exteriores no se niega a que los demandantes avancen con un juicio por su cuenta contra Londres. Pero detallaron que no se puede ir en contra de un acuerdo internacional de dos Estados comprometidos en no agredirse mutuamente. A la vez, en la Cancillería avalaron todo tipo de demandas contra Londres desde un punto de vista particular. ¿Pero cómo puede avanzar un juicio si el Estado argentino no torga una declaración de certeza de los hechos?

Vallejos fue prisionero de guerra y al ser torturado perdió una pierna. Hoy vive en La Plata y espera un juicio contra sus captores. Junto con él demandaron a Gran Bretaña ex tripulantes del Crucero General Belgrano como el Coronel Juan Manuel, José María Gomez, Juan Roberto Vera, Domingo José Leal y los familiares de las víctimas de ese hecho ocurrido afuera del área de exclusión de la guerra.

"Aspiramos a que esta causa sea un modelo para la búsqueda de Verdad y Justicia en favor de aquellos que como nuestros combatientes dieron por sus compatriotas todo lo que en el momento del conflicto el Estado les podía reclamar; y que más allá del conflicto mismo fueron sorprendidos por el comportamiento inhumano de las tropas y/o del propio Estado contendiente sin que pudiesen obtener un reconocimiento y reparación por el crimen durante todos estos años" , coincidieron ante LA NACION los abogados Borro y Gil que llevan adelante el caso.

Por otra parte, aclararon que esta causa "es también un intento de recorrer el camino del reconocimiento del ser humano como razón de ser de toda representación política nacional o internacional y para que cuando quienes, pudiendo decidir, se atrevan a una aventura bélica comprendan que el límite de todos los intereses se encuentra en el hombre, y que éste podrá reclamar justicia y verdad cuando la acción de los estados o de sus representantes se aparte de los valores esenciales que hacen a la convivencia entre los pueblos."

FUENTE, FOTOS Y MULTIMEDIA: La Nación - Periodismo365

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