Con los coloquios y talleres que organiza para debatir temáticas de trascendencia mundial, el Vaticano sigue incomodando a los gobiernos que no concuerdan con sus postulados discursivos y miran para otro lado al momento de atender las recomendaciones que la sede papal efectúa tras cada encuentro. Así como lo hizo cuando organizó debates sobre Trata y Narcotráfico, la semana pasada repitió con una actividad centrada en la problemática que origina a nivel mundial la crisis de refugiados. Tal como anticipó Ámbito Financiero en su edición del miércoles pasado, más de 80 alcaldes de todo el mundo se dieron cita el 9 y el 10 de diciembre en la Casina Pío IV, convocados por la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano que dirige el argentino monseñor Marcelo Sánchez Sorondo para "para atraer la atención inmediata de los gobernantes a la amenaza que representa para la estabilidad mundial la presencia creciente en nuestro planeta de más de 125 millones de refugiados".
Aunque el Gobierno de Mauricio Macri rechazó la invitación del Vaticano para enviar una comitiva oficial, no faltaron representantes de la Argentina. Entre los más destacados, estuvieron el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá y el legislador porteño y titular de la organización no gubernamental La Alameda, Gustavo Vera, quien fue el último orador del Coloquio y el encargado de leer el documento final firmado por los asistentes. "No es un encuentro para una foto sino que es el ladrillo fundador de una red de redes de alcaldes, religiones y sociedad civil para la ayuda humanitaria a los 65 millones de desplazados que hoy llegan a Europa", afirmó Vera. No fue casualidad. Vera es habitué de este tipo de reuniones que tienen la impronta de Francisco y su presencia suele provocar escozor en las esferas oficiales de la Argentina. Fue el propio canciller de la Pontifica Academia, Sánchez Sorondo, quien lo presentó como "un impulsor muy importante de este encuentro, un viejo amigo del Papa y un colaborador en tantas batallas del entonces cardenal de Buenos Aires sobre todo ante las nuevas formas de esclavitud, como el narcotráfico, la trata, el trabajo forzoso y el trabajo infantil".
Declaración final
En la declaración firmado por los ochenta alcaldes se recuerda que las ciudades europeas, algunas de ellas más antiguas que el cristianismo como Atenas, Roma o Lesbos, han sido ejemplos de acogida de inmigrantes. "Por ello tenemos que hacer memoria para enfrentar hoy la mayor crisis de desplazados desde la segunda Guerra Mundial y debemos estrechar brazos de solidaridad y crear una red de ciudades acogedoras, y corredores de refugiados seguros".
Según el documento que Vera leyó al final del coloquio, "la nueva red debe estar centrada en el encuentro humano y basada en una visión animada de la interculturalidad, con una participación activa de la sociedad civil y de las tradiciones religiosas; debe además promover una amnistía u otra solución para las víctimas de las formas modernas de esclavitud y de la trata de personas, en términos de trabajo forzado, prostitución, y trafico de órganos".
El punto más polémico tiene que ver con la propuesta formulada por los alcaldes para obtener el financiamiento de la crisis que provoca la situación de descontento social generalizado: "La red debería contribuir a restaurar un sentido de justicia y de oportunidad para la condición trabajadora desencantada, los jóvenes desempleados y a quienes la persistente crisis financiera y la subcontratación laboral han perjudicado económicamente. Esto implica por parte de los estados implementar un amplio programa de gasto social en salud, educación, capacitación, cesantías y apoyo familiar, financiados a través del cierre de los paraísos fiscales".
En el cierre del documento, los alcades aseguraron que "las ciudades deben construir puentes de amor, de caridad, de solidaridad, de buena fe, de confianza y de esperanza. Puentes para sanar a nuestros hermanos refugiados, a nuestras hermanas refugiadas, a nuestros niños refugiados y así sanar también a nuestra humanidad común".
En ese sentido, fue muy bien recibida la propuesta del gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, quien no sólo se comprometió a recibir a unos 300 refugiados en su provincia, sino que también ofreció pagarles los pasajes para su traslado hasta la Argentina.
FUENTE Y FOTOS: Ámbito Financiero
