El dirigente de la organización sindical y secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, denunció en representación del consejo directivo del Sindicato del Seguro "la fuerte caída de los puestos de trabajo" en las empresas de la actividad y más de 700 puestos laborales destruidos en "los últimos cuatro meses".
Sola aseguró que la Superintendencia de Seguros de la Nación -que depende del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo- "no demostró interés prioritario por los principales perjudicados, los trabajadores -los otros son los asegurados y terceros- y, ante las gestiones gremiales realizadas, el Ejecutivo solo ofreció compromisos incumplidos y anuencia con el sector empresario".
Sola añadió que las patronales "se llenaron los bolsillos con el dinero de las deudas que sembraron por doquier", a la vez que acusó al propietario de Aseguradora Federal, Luis Dapero, como "el principal responsable de la pérdida de 400 puestos de empleo".
También afirmó que el empresario adeuda más de $80 millones en concepto de indemnizaciones no abonadas al personal.
"Los trabajadores deberán aguardar ahora el extenso trámite judicial hasta que se decida la liquidación de activos para cobrar. A ello se suma que el mercado asegurador no genera puestos de trabajo, mientras se concentra y achica la oferta laboral. El empresariado cómplice solo atina a observar cómo opera el 'nuevo sistema' de pérdida de poder adquisitivo y falta de empleo, que provoca la procurada flexibilización", puntualizó el dirigente a través de un comunicado.
Fue a fines de diciembre de 2016 que la Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso la revocación de la autorización para operar en seguros y la designación de delegados liquidadores, con intervención al juez ordinario competente, a fin de tramitar la Liquidación Forzosa de la empresa Aseguradora Federal Argentina S.A.
La Superintendencia de Seguros de la Nación explicó que "en cumplimiento de las funciones, la entidad aseguradora venía siendo objeto de acciones de control y seguimiento en orden a la evolución de su estado de solvencia, respecto del plan de encuadramiento que requirió con anterioridad".
"En ese contexto, expuso una situación altamente deficitaria. Por ello, se decretaron oportunamente medidas cautelares fundamentadas en la ley 20.091", precisó el documento.
"En esa instancia, la empresa informó su decisión de requerir que se le revoque la autorización para operar y que se proceda a su liquidación forzosa. En consecuencia, este órgano de control dictó la resolución SSN Nº 40.271", recordó.
Por último, señaló que "los empleados de la empresa percibieron los salarios del mes en curso así como el sueldo anual complementario correspondiente".
A su vez la Superintendencia determinó días antes la revocación de la autorización para operar a Interacción S.A. y determinó "su liquidación forzosa, por no cumplir con las condiciones mínimas de viabilidad, atento que carece de respaldo de capital exigido por las normativas vigentes". La medida se adoptó con fecha del 19 de agosto pasado, mediante la resolución 39.993, precisó el organismo a través de un comunicado.
A partir de una verificación in situ de la Superintendencia en la ART, se detectó sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2015 "la inexistencia de saldos bancarios declarados por 203,5 millones de pesos y el ocultamiento en la valuación de aproximadamente 5.000 juicios". Esa situación motivó la presentación de una denuncia penal de la SSN, que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11.
"El resultado de dicha inspección determinó que el patrimonio neto negativo de la entidad es de 760 millones de pesos y que el déficit de capital mínimo es de 1.400 millones de pesos", puntualizó el comunicado.
Interacción cubría por riesgos laborales a más de 155.000 trabajadores que se desempeñan en unas de 13.000 empresas, según precisa en su sitio de Internet.
FUENTE Y FOTOS: iProfesional
