Más allá del contexto de gran movilización de los organismos de Derechos Humanos a lo largo y ancho del país por el reciente fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del “2 x 1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad, en el Chaco quedó a un paso de comenzar el juicio oral y público contra quiénes se considera aportaron “complicidad judicial” al despliegue del Terrorismo de Estado en la región.
Será la primera vez que en la provincia no se juzgue a exmilitares o expolicías involucrados en forma directa en delitos de Lesa Humanidad, sino a un exjuez federal de Resistencia, Luis Angel Córdoba y al exfiscal federal, Roberto Mazzoni, sobre quiénes se imputa no haber actuado para evitar que los genocidas actuaran con absoluta impunidad en la región. También será juzgado el exjefe de Guardia de la cárcel federal de Resistencia (U7), Pablo César Casco.
Luego de una serie de inhibiciones de jueces de distintas jurisdicciones, el rechazo a un planteo de la defensa para desdoblar el juicio, en los últimos días quedó conformado el tribunal que actuará en las audiencias del juicio oral y público con los jueces Eduardo Belforte, Juan Manuel Iglesias (ambos integran el tribunal que en la actualidad lleva adelante el juicio por la causa Caballero II) y la magistrada Selva Spessot, quien integra la Cámara Federal de Corrientes.
Ahora, ese tribunal deberá fijar la audiencia preliminar donde las partes pautarán distintas cuestiones referidas a la realización del debate oral.
Más de 50 testigos
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, que dirige Juan Carlos Goya, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, presentaron recientemente el Ofrecimiento de Pruebas con una lista de testigos que supera los cincuenta y está compuesta por exdetenidos y detenidas políticas que realizaron algún tipo de presentación (denuncias y/o solicitudes de habeas corpus) ante el Juzgado Federal que por aquel entonces encabezaban los funcionarios que ahora serán juzgados.
Entre los testigos también habrá exfuncionarios judiciales que se desempeñaron durante la última dictadura en la justicia federal del Chaco y la antropóloga, María José Sarrabayrouse, quién escribió sobre la complicidad del poder judicial con la dictadura militar.
Por otro lado, desde el Ministerio Público Fiscal también se propuso la incorporación de las sentencias referidas a casos de complicidad judicial en distintos puntos del país como en las provincias de Tucumán, Mendoza y Santa Fe, también de libros de investigación sobre el accionar de la justicia durante la última dictadura cívico militar y abundante prueba documental que incluye alrededor de 80 expedientes y trámites de habeas corpus durante la década del ’70 y también expedientes actuales referidos a delitos de lesa humanidad, de los cuales se podría inferir el papel que habrían desempeñado los ex funcionarios judiciales.
La complicidad
El exjuez federal de Resistencia, Luis Angel Córdoba, será juzgado por nueve casos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad”; “incumplimiento de la obligación de promover la represión penal” y “encubrimiento” por delitos de Lesa Humanidad. En tanto, al exfiscal federal Roberto Mazzoni se le imputan los mismos delitos pero en cinco casos. Ambos se encuentran detenidos desde hace cinco años.
En tanto, el expenitenciario federal Pablo César Casco será juzgado por el delito de tormentos agravados contra dos exdetenidos políticos dentro de la Prisión Regional Norte (Unidad 7), donde se registraron “torturas sin límite”. Casco comandaba la denominada “Guardia dura o la Guardia de Casco”.
FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día
