Luego de un intenso día en el que estuvieron en el Ministerio de Trabajo de Nación aguardando un encuentro con representantes de la empresa Yámana, que no se presentaron, y luego en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, donde finalmente acudieron, los trabajadores de la textil recibieron la noticia menos esperada: la firma confirmó que estaría por declararse en quiebra y cierra su planta en Río Grande, dejando así a 28 familias sin trabajo.
Este martes los trabajadores se presentaron a las seis de la mañana, como todos los días, y de manera sorpresiva encontraron las puertas cerradas y ninguna explicación. La respuesta llegaría este mediodía luego de varios intentos frustrados de que los representantes de la firma den la cara ante sus empleados.
“En la reunión en el Ministerio de Trabajo de Nación nos enteramos que la empresa el día 18 de abril había presentado un preventivo de crisis en el Ministerio de la Provincia, como ellos no tienen injerencia con la decisión lo enviaron a la cartera laboral nacional el 24 de abril, debido a eso fue que salió la audiencia para a la cual la empresa hoy no se presentó”, contó a la radio Libre FM, la dirigente de SOIVA, Miriam Planes.
Luego mantuvieron una reunión con el ministro de Industria de la provincia, Ramiro Caballero, quien les comunicó que desde el día de ayer intenta comunicarse con la empresa. Además les explicó los alcances del Programa Nacional de Transformación Productiva, por el cual los trabajadores podrían recibir una subsidio por seis meses de la mitad del promedio de sus últimos salarios, para luego ver de qué manera se reinsertan laboralmente. En este sentido la posibilidad es que otra textil –con la ayuda de algún beneficio- pueda absorber a los empleados despedidos.
Finalmente mantuvieron una audiencia con representantes de la empresa en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia. “Ahí vino la doctora Natalia Chaina, de la empresa, quien nos comunicó que la empresa cerró, que está esperando que alguien decida la quiebra, y que le habían salido los juicios del dueño anterior por un monto de 60 millones de pesos a pagar, que por ese motivo como ya no le da rentabilidad o para poderla sostener, cerró”, contó Planes.
“Lo que le pedimos al ministro Caballero es que él se comunique con la empresa, y que nos diga cuál es la situación de los trabajadores, que no sabemos si están suspendidos o despedidos, cómo va a ser, en el caso de estar despedidos cómo serán indemnizados”, dijo la dirigente.
FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales
