Por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados aprobó este martes a la noche sobre tablas y giró al Senado un proyecto de ley que excluye a los delitos de lesa humanidad del beneficio del 2x1, luego de la polémica desatada a partir del fallo de la Corte Suprema que otorgó ese beneficio a un represor condenado.
Con 211 votos a favor y uno solo en contra a cargo del diputado salteño Alfredo Olmedo, el plenario reunido en sesión especial dio media sanción a un dictamen consensuado a partir de ocho iniciativas presentadas, incluida una del PRO: el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, trabajó junto al diputado nacional Pablo Tonelli, en la letra fina de la propuesta que finalmente fue trasladada a la Cámara baja.
El texto de la normativa plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2x1 al represor Luis Muiña, "no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".
En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2x1 sólo puede aplicarse a "aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley", es decir, entre 1994 y 2001.
La aprobación de la iniciativa ocurre en la víspera de la convocatoria a una movilización masiva a Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte, que tendrá lugar luego de la sesión especial convocada por el Senado para este miércoles por la mañana a fin de darle sanción definitiva a la ley.
Sobre los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti también pesan dos pedidos de juicio político por "mal desempeño en sus funciones", presentados este martes: una iniciativa impulsada por el Frente de Izquierda y otra por Juan Cabandié, con el apoyo de Alcira Argumedo (proyecto Sur), Facundo Moyano (Frente Renovador), Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria) y Horacio Alonso (Frente Renovador).
El debate
Con la presencia en los palcos del recinto de referentes de derechos humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, la ronda de discursos comenzó con el diputado del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) Remo Carlotto, quien calificó como "vergonzoso" el fallo de la Corte Suprema.
"No podemos dejar de ver este pronunciamiento que va en contrario de los que hace mas de 12 años viene teniendo la Corte Suprema en materia de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, como parte de lo que está sucediendo en la Argentina desde el 10 de diciembre del 2015, desde la asunción del actual Poder Ejecutivo Nacional", señaló el también presidente de la comisión de Libertad de Expresión.
Carlotto enfatizó que lo que no se puede tolerar es que "después de 40 años de lucha y búsqueda de justicia", los jueces Highton de Nolasco, Ronsenkratz y Rossatti arbitraran a favor de un fallo que "facilita el camino de la liberación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad".
La siguiente en tomar la palabra fue la hija de desaparecidos y diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, que catalogó la sentencia a favor de Muiña como "uno de los más vergonzantes y aberrantes en su historia", sólo comparable con el fallo que justificó el golpe militar contra el Gobierno de Hipólito Yrigoyen.
La legisladora del interbloque Progresistas dijo, en este sentido, que el deber del Congreso es no "permitir que se vuelva a levantar un muro de impunidad en nuestro país".
"Tenemos que decir que acá a los genocidas no se los perdona, no se les conmuta la pena y que eso queda prohibido por ley", aseguró, y apuntó contra los tres magistrados cuestionados: "Señores jueces, ¡Nunca Más!".
A su turno, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, justificó la decisión de los jueces, al sostener que "no tuvieron más remedio" que "aplicar la norma más benigna", tal como manda la ley, y por más que estuviera derogada, aunque admitió la preocupación por "las consecuencias futuras" del fallo.
"Me parece que el voto de la mayoría es un voto razonable y ajustado a los principios clásicos. Eso no impide que los resultados no satisfagan. El problema no está en la fallo de la Corte, sino en la ley. La Corte no tuvo más remedio que aplicarla", fundamentó.
"La solución, a nuestro modo de ver, es que, en la medida en que no alcanza con la derogación de la ley, hay que sancionar una norma que constituya una interpretación auténtica de la ley 24.390, para que los tribunales la signa y la apliquen", afirmó.
El jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde, discrepó con la postura del oficialismo respecto de la neutralidad del sentido del fallo y acusó a los jueces que firmaron por la mayoría de una "intencionalidad política" para "dar marcha atrás en la lucha por los derechos humanos".
"Ellos no dictaron sentencia en el caso concreto, sino que emitieron sentencia para crear una doctrina", consideró Recalde, que fustigó al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien en su primera reacción respaldó lo obrado por la Corte Suprema.
Cabandié también cuestionó a Avruj y enumeró una serie de antecedentes, como las declaraciones recientes de Darío Lopérfido y Ricardo Gómez Centurión minimizando el alcance del terrorismo de Estado, además de la reunión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, con la militante de "Memoria Completa", Cecilia Pando, y el intento de hacer trasladable el feriado del 24 de marzo.
"Fue el mismo Gobierno el que generó las condiciones para que esto suceda, para que los jueces sientan que tienen licencia para hacer lo que hicieron", lamentó el diputado camporista e hijo de desaparecidos.
Advirtió a su vez sobre la posibilidad de que Highton de Nolasco continúa en funciones luego de cumplir los 75 años, lo que, a su criterio, podría significar un "arreglo" con el Gobierno para que vote a favor del 2x1.
Desde el Frente Renovador, Cecilia Moreau se plantó en rechazo al fallo de Corte y criticó al presidente Mauricio Macri por haberse abstenido de opinar sobre la sentencia del alto tribunal.
"No estamos dispuestos a perdonar lo imperdonable. La decisión de la Corte pone en vilo una política de justicia reparatoria de delitos de lesa humanidad y que goza de un consenso respaldador de la ciudadanía", afirmó.
En la misma sintonía, Juan Pablo Kosiner (PJ de Salta) hizo hincapié en el consenso que detentan los derechos humanos como política de Estado y, sobre el fallo, manifestó: "Pone en riesgo el contrato social que los argentinos supimos construir y que es fundamental para una convivencia pacífica".
Por su parte, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) advirtió que el fallo pone sobre relieve una "operación de punto final" sobre el proceso de juicio y castigo al genocidio. "Para nosotros, es una amnistía que supera al indulto, porque supera al número de genocidas que serian beneficiarios de esta impunidad", explicó.
FUENTE Y FOTOS: Cadena3
