El Gobierno nacional puso como ejemplo de las irregularidades en el otorgamiento de las pensiones por invalidez a la localidad cordobesa de Guanaco Muerto. Según indicaron, este pueblo ubicado a menos de 200 kilómetros de la ciudad de Carlos Paz, tiene una población que no supera los 699 habitantes y los registros oficiales de la Comisión de Pensiones, del Ministerio de Desarrollo Social, indican que allí se entregarían al menos 480 subsidios por discapacidad.
En el pueblo que pertenece al departamento de Cruz del Eje habría unas 22 pensiones para madres con más de 7 hijos y 480 por invalidez. La cifra equivale a más del 70% de la población, lo que tiró más leña a la polémica por el ajuste que realizó el Ministerio.
Sin embargo, el intendente de la comuna, Domingo Zenón Soria, cuestionó en Cadena 3 la cifra y dijo que cree que se trata de "un dato incorrecto". "En Guanaco Muerto hace dos años llegaron los auditores de Nación y controlamos el padrón de los que estaban beneficiados por invalidez. Había un montón que pasaron a jubilados, así que pensionados actuales no creo que lleguen a esa cantidad", explicó. En este sentido atribuyó la información a cuestiones políticas y dijo que tan solo nombraron a esa localidad porque es de Unión por Córdoba. "¿Por qué no se investigan a otras comunas?", criticó.
Por otra parte, también agregó que el radio comunal es más amplio y abarca otros 40 kilómetros a su alrededor que incluye tres circuitos electorales más: San Antonio, Los Leones y Las Abras y que en total los habitantes ascendería a más de 1600 o 1800. Negó, además, que haya habido ofrecimientos para entregar pensiones por invalidez y que los médicos son quienes firman los certificados que determinan el grado de discapacidad de las personas. "Estoy tranquilo, nosotros hemos hecho las cosas bien dentro de todo", finalizó.
Cabe recordar que, el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, comenzó a dar de baja a las pensiones para personas con discapacidad a partir de este mes y sin previo aviso.
La medida surgió al reflotar un decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones para las personas que deseen acceder a una pensión de este tipo. La drástica decisión es duramente cuestionada por especialistas y organizaciones, en tanto que se anunció la presentación de recursos de amparo para proteger a los beneficiarios.
FUENTE Y FOTOS: Cadena3 - MULTIMEDIA: Plus Ya Noticias
