(videos) EL GOBIERNO NACIONAL RATIFICA 500 DESPIDOS EN MINA DE RÍO TURBIO Y MILITARIZA LA ZONA

Río Turbio resiste los despidos. El Gobierno envió –como provocación– otro convoy de gendarmes que salió por tierra desde Campo de Mayo. Se realizó una Asamblea de más de mil trabajadores en la entrada de la mina. El Gobierno Nacional militarizó la zona. Son más de 30 mil personas en la zona afectadas por lo que suceda con la mina. El Gobierno nacional, representado por el ministro Aranguren, les dijo que no habrá marcha atrás. Los trabajadores prometieron resistir hasta que se reincorporen los despedidos.



“El carbón es nuestro, es del pueblo no es de ningún interventor. Aranguren nos dijo que si esto no se soluciona para el 1 de abril, se vienen los procedimientos preventivos de crisis. También nos dijo que sólo van a seguir con la empresa si modificamos nuestros salarios y convenios, que sólo así van a dejar de echar trabajadores. Es un discurso extorsivo”. Quien inició la asamblea comunitaria ante más de 1000 trabajadores de YCRT fue Miguel Páez, titular de ATE Río Turbio. El murmullo entre los mineros, antes de iniciar la asamblea, era el de un escenario sombrío. Luego de varias reuniones en Buenos Aires, el Gobierno nacional, representado por el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, les dijo en la cara a la mesa intersindical que “no habrá marcha atrás con los despidos”. El murmullo se volvió grito: “Si quieren cerrar la mina que vengan acá, que los vamos a estar esperando”, lanzó Páez ante el aplauso cerrado de los mineros.




La situación política, económica y social en Río Turbio y 28 de Noviembre es por demás compleja. Son más de 30.000 personas que están afectadas por lo que suceda con la mina de carbón y la usina térmica. La mesa intersindical, integrada por ATE, La Fraternidad, Luz y Fuerza, y APS (profesionales) viajó a Buenos Aires con un mandato de la asamblea comunitaria: la reincorporación de todos los despedidos: 500 por ahora, de los cuales la mitad aceptó el retiro (no) voluntario. Aranguren, junto al interventor de YCRT, Omar Zeidán, les dijo en la cara que para invertir en la mina y en la usina había que modificar los convenios colectivos. Sólo así se dejarían de echar trabajadores.


“Nos manifestaron que los trabajadores teníamos que ajustarnos en 1000 millones de pesos. Nosotros estuvimos de acuerdo con reducir un 20 por ciento algunos de los ítems que están por fuera de los convenios. Les manifestamos esa propuesta y la rechazaron. Nos pidieron más ajuste, que el ajuste seamos los trabajadores”, explicó Pablo Mercado de APS.





El viento y el frío eran amenizados sólo con algunos tachos que hacían de fogatas improvisadas. O no tanto, porque los mineros permanecen en boca de mina hace más de cinco semanas, allí van con sus hijos y familia y cada sector de la empresa (talleres, electricidad, montaje, etc)  está organizado en diferentes carpas y “chozas” ubicadas al pie del cerro. Siempre bien observados por la virgen de Santa Bárbara, la virgen de los mineros.



“El discurso de Aranguren fue lapidario. Esta empresa significa muchas cosas que el ministro no entiende, significa soberanía y la defensa de dos pueblos. Acá no hay un problema económico sino una falta de decisión política”, exclamó Luis Avendaño, de Luz y Fuerza.




Hasta el momento, la decisión política del Gobierno nacional, junto al interventor Omar Zeidán y el senador nacional de Cambiemos Eduardo Costa fue la de desinvertir tanto en la mina como en la usina termoeléctrica. De hecho, esta semana el propio Gobierno nacional reconoció en una resolución publicada en el Boletín Oficial que el nivel de avance de la usina alcanza al 85 por ciento. Desde el primero momento, los trabajadores expresaron su voluntad de ponerse a disposición de YCRT para extraer el carbón que necesita la usina. Para este año, la administración de Mauricio Macri invertirá cero pesos en la usina, según se desprende del Presupuesto 2018.




“Si quieren inversiones en la usina, tienen que aceptar los cambios en los convenios colectivos de trabajo”, fue el “lapidario” mensaje de Aranguren. El rechazo de la mesa intersindical y de los mineros fue total. Al cierre de esta edición, los trabajadores continuaban discutiendo los pasos a seguir, donde se descuenta que seguirán apostados en boca de mina, e incluso podrían profundizar las medidas. De hecho, ya hay cuatro trabajadores que ingresaron a la mina (dos hombres y dos mujeres), están ubicados en la Unión 20 y todos los días reciben atención médica.

El martes, el Gobierno envió –como provocación– otro convoy de gendarmes que salió por tierra desde Campo de Mayo. También envió uniformados de civil. Sin embargo, ayer hubo una reunión en Buenos Aires donde las autoridades de la provincia de Santa Cruz consiguieron el compromiso del secretario de Seguridad de la Nación, Gerardo Millman, y del Comandante General de GNA, José Otero, de replegar a las fuerzas.





Durante la asamblea, los trabajadores también expusieron la necesidad de organizarse en caso de que la Gendarmería quiera ingresar nuevamente a la cuenca carbonífera. El lunes, más de 125 efectivos fueron rechazados por los vecinos de Río Turbio y 28 de noviembre. Los uniformados tuvieron que replegarse a Río Gallegos.

Sin embargo, la tensión en boca de mina sigue vigente. “Que quede claro, no vamos a parar hasta que se reincorpore al último compañero. Nosotros estamos dispuestos a dar pelea. Quizás estemos unos meses sin cobrar nuestros sueldos pero sepan que no se van a llevar lo más preciado que tenemos que es el futuro  de nuestros hijos”, concluyó el titular de ATE Río Turbio.

FUENTE Y FOTOS: Página/12 - MULTIMEDIA: Tiempo Sur - YouTube

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