La Cámara Federal procesó este viernes al ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en una causa que investiga el dinero que el gobierno de Cristina Kirchner destinó a programas de tratamientos de basura y que no se hicieron. En la misma resolución, el tribunal confirmó los procesamientos de los otros ex jefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
La decisión de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala 1 de la Cámara Federal, dejó a los involucrados al borde del juicio oral. Se trata de una investigación en donde se busca saber si el gobierno kirchnerista usó más de 600 millones de pesos “durante los años 2013 a 2015 para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”.
En diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio había firmado los procesamientos de Aníbal Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero el fiscal Carlos Rívolo apeló ese punto, al considerar que “el rompecabezas no puede reputarse completo cuando aún falta una de sus piezas centrales: Juan Manuel Abal Medina”.
En este nuevo fallo, los camaristas le dieron la razón. No solo porque “el cargo que ocupaba el nombrado necesariamente comprendía la supervisión de la gestión ambiental y del desarrollo” de los programas municipales sino porque una auditoría alertó a Abal Medina acerca “de la admisión indiscriminada de los pedidos formulados en el marco del programa” pero “el imputado continuó aprobando transferencias”.
“Las implicancias de las irregularidades citadas bastan para que también se ordene el procesamiento de Juan Manuel Abal Medina. Y es que este último, del mismo modo que Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich, también habría perjudicado los intereses pecuniarios que le habían sido confiados en razón de la función que desempeñaba”, sostuvo la resolución. Existen “determinados indicios que reflejan el direccionamiento tendencioso de los PMGIRSU o cuando, mejor dicho, se repara en que esa desorganización era el ropaje ideal para la efectuar los repartos discrecionales”, se añadió.
En la resolución también se confirmaron los procesamientos de otros ex funcionarios de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como Sergio Gustavo Lorusso, Omar Vicente Judis y Juan José Mussi; y se dictó la falta de mérito para algunos ex funcionarios, como Andrés Matías Meiszner.
De qué se trata la causa por los residuos
El gobierno de Cristina Fernández implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Sospechas de manejo discrecional de fondos
“Por ejemplo, los mayores recursos fueron a municipios de Chaco, con un casi 30 por ciento de los recursos del programa. Otra de las beneficiadas fue la ciudad de Río Gallegos, con $25.176.903. Mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires y los municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos, pero no les enviaron nada”, señala la nota de infobae.com.
“Solo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79 % de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentajes de residuos a nivel nacional”, señaló la auditoría que dio origen a la denuncia.
Asignaciones ‘arbitrarias’
“Esa clase de manejos antojadizos alcanzan su máxima expresión en los casos de los municipios de San Carlos de Bariloche y de Pila, en los que las transferencias de fondos se realizaron antes de que mediara la intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros o directamente prescindiendo de ella”, reafirmó la Cámara Federal en su fallo.
Además, “lo arbitrario de las asignaciones” demostró que, por ejemplo, había tramites “que se resolvían en 2 meses y otros que, transcurridos 76 meses al momento en que se elaboró el informe, no tenían respuesta”.
Al respecto, los jueces afirmaron que “todos estos indicadores acaban dando forma a la estructura delictiva que nos ocupa a poco de considerar que, en la etapa de la rendición de cuentas – segunda fase del procedimiento en la que intervenía la Secretaria de Ambiente -, la inactividad demostrada por los funcionarios nacionales no sería más que el correlato de la distribución desaprensiva de los fondos”.
Así las cosas, concluyeron los jueces, “durante la instrucción fue posible demostrar que quienes ostentaban el control de los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines”.
FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día - Infobae
