El Gobierno quiere avanzar de inmediato con la implementación de la digitalización de los registros de las pensiones cobradas por invalidez, para agilizar y hacer más claro y transparente de su otorgamiento. Es por esto que se va a depurar el padrón de beneficiarios para poder detectar los posibles fraudes de quienes no cumplen con los requisitos necesarios para recibirlo.
Tras el intento trunco de 2017 para recortar la nómina de pensionados, ahora el Gobierno busca que sean los beneficiarios los que revaliden su pensión a través un trámite online para que el Estado actualice y controle la información requerida.
Así, se publicará una resolución para realizar una renovación progresiva de los certificados médicos de los titulares y los datos de más de un millón de personas. “No se va a cortar con ninguna pensión de forma automática. Se comenzará a actualizar los certificados médicos que están actualmente en papel. Vamos a analizar cada caso en particular y, si hiciera falta, convocaremos uno por uno”, dijo a los medios una fuente confiable de la Casa Rosada.
En 2017, Guillermo Badino, por entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, hizo efectiva una quita generalizada de pensiones por casos de invalidez, sin previa advertencia, y el Gobierno dio marcha atrás creando la Agencia Nacional de Discapacidad, que en lo formal quedó bajo la órbita del secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis.
Dado el gran crecimiento de la cantidad de pensiones por invalidez laboral otorgadas durante los gobiernos del kirchnerismo (se pasó de unas 170 mil pensiones a más de un millón de beneficiarios), la cuestión siguió estando en carpeta para ser tratado.
Hoy hay 1.044.000 beneficiarios que tienen que cumplir con los requisitos del decreto 432/97 que complementó la Ley 13.478. Esto es poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76%, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar, ya sea el beneficiario o su grupo familiar, con ingresos o recursos. Los beneficiarios por la pensión por invalidez en febrero cobraron $6.516,37 y desde marzo recibirán $7.287,25.
El plan de transparencia del Gobierno se dará de manera constante. También, luego de la resolución 268/2018, que estableció un nuevo circuito de control de la información, la Agencia comenzó a relevar presuntas incompatibilidades económicas y a notificar a los beneficiarios involucrados para que hicieran su descargo en oficinas de ANSeS en un plazo de diez días hábiles, con un período de gracia de otros 30 días más.
FUENTE Y FOTOS: NA - Diario 26
