CHACO: POR PRESUNTA EVASIÓN, PIDEN LA DETENCIÓN DE UN EMPRESARIO DE LA CONSTRUCCIÓN

El fiscal federal Patricio Sabadini habría pedido ayer la detención de un empresario de la construcción de apellido Luchelli, que fue requerido por supuesta infracción a las leyes impositivas.

La acusación mencionó que “se habría evadido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante 2014 por unos $ 7.512.029. En 2015 la suma superaría los $ 8.215.000 y en 2016 las maniobras abrían permitido evadir casi 4 millones de pesos”.“En lo que respecta a Ganancias, la suma evadida en 2014 sería cercana a los 15 millones y durante el ejercicio 2015 se le reclamaría un monto cercano a los 2 millones de pesos”, indicaron fuentes consultadas.

“Y para pedir la detención el fiscal habría mencionado que el despliegue de maniobras de defraudación demuestran la peligrosidad procesal del imputado”, afirmó el funcionario contactado. Pero esta causa federal no es el único problema que tiene el empresario dado que tendría acusaciones en el ámbito provincial por otros hechos y hasta hay quienes se sentirían estafados por el accionar del mismo. Incluso se mencionó que es posible que la jueza Zunilda Niremperger no actúe en la causa sino que la misma deberá ser resuelta por el magistrado Enrique Bosch, a cargo del Juzgado Federal N° 2, que debería evaluar los elementos presentados por el fiscal.

El empresario fue reconocido por realizar importantes obras pero al poco tiempo varios hechos ocurrieron en las mis mas y no fueron pocos los que lo habrían acusado. Incluso algunos proyectos fueron clausurados por las autoridades. También el empresario mantuvo una puja con las autoridades comunales por los proyectos que concretó en la capital chaqueña, que durante varios años vivió una verdadera revolución con la construcción de edificios.

En tanto, la socia del empresario, que sería de apellido Villagra, también formaría parte del requerimiento fiscal dado que también figuraría como responsable de los hechos que ocurrieron en 2014, 2015 y 2016.“Otros elementos que surgieron durante la investigación son las inconsistencias que tendría una firma que operó con el empresario. El domicilio fiscal es un departamento y no tiene local comercial para desarrollar la actividad declarada”, indicó.

“La firma originalmente realizaba la actividad de venta al por mayor de combustibles y en 2014 agrega otras actividades como venta de artículos para la construcción; venta en comisión o consignación de productos agrícolas; servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario; venta al por mayor de bebidas alcohólicas; venta de uniformes y ropa de trabajo; venta al por mayor y menor de productos textiles”, señaló. Esa firma cuestionada fue inspeccionada. “Las operaciones habrían sido impugnadas por el inspector actuante, detrayendo el crédito fiscal de los comprobantes involucrados”, informó.

FUENTE Y FOTOS: Norte

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