El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y quien fuera Director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quedaron imputados por la Justicia Federal, que los acusa de haber ampliado ilegalmente la concesión de distintos corredores viales.
Una denuncia del gremio de trabajadores viales contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y quien fuera director nacional de Vialidad, Javier Iguacel, avanza en la justicia federal y amenaza con convertirse en un verdadero escándalo. Ambos funcionarios están en la mira por haber ampliado los plazos de las concesiones de distintos corredores viales, en contra de lo que manda la ley.
Así lo denunció en primera instancia el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, que conduce Graciela Aleñá. Según la versión, los concesionarios se alzaron con 30 mil millones de pesos provenientes del Estado Nacional, a pesar de que los contratos de concesión estaban vencidos y no correspondía que se les abonara.
La denuncia recayó en el Juzgado Nº7 del Dr. Casanello y quedó ahora a cargo del Dr. Eduardo Taiano de la Fiscalía Federal 3. La justicia consideró verosímil la denuncia y procedió a imputar a ambos funcionarios.
La propia Aleñá explicó mediante un comunicado publicado en la web del gremio la operatoria llevada a cabo por Dietrich e Iguacel, que favoreció a viejos conocidos del macrismo, como IECSA, la firma que perteneció al primo del presidente, Ángelo Calcaterra.
Allí detalló que se utilizó una “pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los $ 30.000 millones”, en favor de 7 concesionarias.
La irregularidad surgiría de que los contratos debieron vencer el 21 de abril de 2016 y tenían un margen de ampliación de 12 meses, con lo cual la caducidad se produciría irrevocablemente el 21 de abril de 2017. Por ese motivo, relata la denuncia, “el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado a licitación de dichos corredores, pero nada se hizo”.
En cambio, continúa, “el 21 de abril de 2017, el entonces Administrador General de Vialidad, Javier Iguacel, emitió la Resolución Nº 811/2017, incumpliendo el mandato del decreto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrogó las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos”.
El problema es que la resolución, siempre según los denunciantes, “fue dictada Ad-referéndum del PEN”, de modo que “no existe en el Derecho Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jurídico, no son legítimos, ejecutables, ni ejecutorios”. Las consecuencias fueron un perjuicio para el Tesoro, toda vez que el Estado se previó de obtener una mejor oferta por la compulsa de precios y un beneficio para las empresas, que evitaron competir.
“Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resolución 346/18”, finalizaron desde el gremio.
FUENTE Y FOTOS: Infocielo
