El Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh) manifestó su preocupación ante los hechos que suceden en Chile. Al mismo tiempo, rechazó “la decisión del gobierno chileno de militarizar el territorio, declarando el estado de sitio y reprimiendo las multitudinarias manifestaciones sociales que se dan en contra de un modelo neoliberal y sus políticas económicas, culturales y sociales que sólo empobrecieron al pueblo”.
El CPTCh advirtió que “los Organismos de Derechos Humanos denuncian la criminalización de la protesta y la suspensión de las libertades constitucionales que dieron paso al quebrantamiento sistemático de los derechos de las y los habitantes de Chile”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) relevó 2138 detenciones de personas (entre las cuales hay niñas, niños y adolescentes) y presentó cuarenta y seis (46) acciones judiciales, de las cuales treinta y siete (37) son querellas y nueve (9) son recursos de amparo. Cinco (5) de las querellas son por homicidios, ocho (8) por violencia sexual y veinticuatro (24) por torturas.
Al respecto, el Comité sostuvo que “los Estados tienen el deber de garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales, nacionales y locales en materia de Derechos Humanos y tienen la obligación de hacer cumplir las leyes existentes desde las normas jurídicas”. En este sentido instó al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Nación Argentina, integrado por el Comité Nacional, el Comité de Chaco y los demás Mecanismos Locales organizados en el Consejo Federal, “a que exprese y dé a conocer a las autoridades del gobierno de Chile la preocupación en torno a esta situación que tiene víctimas de un solo lado.
“En una democracia representativa, quienes ejercen cargos constitucionales de alto rango representando a un pueblo deben cumplir, sin ejercicios abusivos, con las facultades atribuidas porque la ruptura de la legalidad es el comienzo de la tortura”, concluyeron.
FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día
