El procedimiento estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal ya que el lugar se encuentra en el predio nacional del ferrocarril.
En el lugar había personas instaladas a quienes se les dio el espacio que funcionaba como bar. En octubre de este año se había clausurado el lugar por no reunir las condiciones de salubridad. La Justicia había ordenado el desalojo de lugar para conseguir desmantelar todas las instalaciones y a las personas que se encontraban allí.
A partir de esas clausuras, Pokorny se hizo presente en el Juzgado de Faltas Municipal, solicitando el expediente para sacar copias y certificar y allí constató que había al menos 10 clausuras preventivas y actuaciones contra los supuestos propietarios o personas que decían ser los propietarios, uno de ellos de apellido Rodríguez y el otro Del Giorgio.
Explicó Pokorny que “ambos fueron citados infinidad de oportunidades para que comparezcan en el Juzgado de Faltas, pero no se presentaban, es por eso que fue declarado en rebeldía el señor Rodríguez y conducido por el personal policial, no así Del Giorgio quien luego se presentó en forma espontánea con un profesional de la ciudad, pero no acreditaron de ninguna forma porqué explotaban comercialmente este lugar”.
Aclaró Pokorny que “se tratan de terrenos nacionales y la única forma que un gobierno puede otorgar una explotación o un alquiler es firmando un comodato, y el Gobierno de la Provincia, no tiene ningún comodato, sí el Municipio de Sáenz Peña”.
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FUENTE, FOTOS Y MULTIMEDIA: Diario Chaco