Foto: Ministerio Público Fiscal - La fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), solicitaron el procesamiento de seis personas, dos de ellas con prisión preventiva. Con la información recogida a través del testimonio de las víctimas directas, la fiscalía solicitó el allanamiento, que tuvo lugar el 2 de diciembre.
Carlos Felipe Fernández es el dueño de la empresa avícola Supremo S.A, dedicada al criado y comercialización de pollos y que cuenta con varios campos ubicados en las localidades de Cañuelas y Las Heras. Su hija, Bárbara Melisa Fernández, es otra de las imputadas de la causa. Ambos están acusados de ser coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Otros tres hombres también están imputados, entre ellos dos gendarmes: Nicasio Nahuel Canga, acusado en calidad de partícipe necesario y para quien también se reclamó la prisión preventiva, y los gendarmes Ismael Rodríguez López y Osvaldo Marcelo Guevara, a quienes se los acusa de haber vigilado los movimientos de los trabajadores y fueron procesados como partícipes secundarios del mismo delito. La sexta imputada es Lidia Beatriz Aguilera, quien está acusada por encubrimiento.
El "comedor" de las y los trabajadores.
Para el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encuentra acreditado que Fernández, en su carácter de presidente de la empresa de producción avícola “Supremo S.A.”, junto a su hija Bárbara, y con la colaboración de Canga, Rodríguez López y Guevara entre otros, explotó laboralmente al menos a 31 trabajadores en situación de vulnerabilidad. Para el MPF se "instauró un aceitado mecanismo de contratación y distribución de tareas que le permitió, con la menor inversión posible y a costa de la explotación de los trabajadores, obtener cuantiosas ganancias económicas”.
Condiciones de esclavitud en pleno Siglo XXI
El campo está ubicado en la Ruta 6 kilómetro 89 y medio. Allí vivían y eran explotadas más de 30 personas en condiciones infrahumanas, distribuidas en las dos granjas dedicadas a la cría de pollos. Los trabajadores -mayormente paraguayos- vivían en un colectivo abandonado y lleno de ratas, ubicado en el predio estacionado frente a los corrales de las aves. La denuncia agregaba que residían junto con sus hijos menores.
Una mujer que era explotada en el campo falleció unos días antes por las pésimas condiciones en las que eran sometidos a realizar las tareas. Los análisis determinaron que había fallecido por hantavirus. Las víctimas habrían sido captadas y trasladadas a los campos mediante engaños y falsas promesas por parte del empresario Fernández y su hija. Así, dispusieron lo necesario mediante la utilización de terceras personas para atraer a grupos familiares, tanto de nacionalidad argentina como extranjeras. Una vez allí fueron sometidos a condiciones inhumanas de trabajo y su libertad fue restringida.
“Fernández y su hija, entre otros, con la participación de encargados y supervisores, entre ellos Nicasio Nahuel Canga, instauró un aceitado mecanismo de contratación y distribución de tareas que le permitió, con la menor inversión posible y a costa de la explotación de los trabajadores, obtener cuantiosas ganancias económicas”, señalaron los representantes del MPF en su dictamen.
A su vez, los salarios que percibían, en algunos casos, eran inferiores a las previsiones normativas y las jornadas eran “exorbitantemente” superiores. No podían salir del predio sin permiso previo, no les permitían tener contacto con otros granjeros, y no contaban con elementos de trabajo adecuados y suficientes para las tareas que realizaban.
A través de sus declaraciones, se pudo establecer que los horarios en que debían desarrollar sus tareas era de lunes a viernes de 6 a 21 y que, en algunas ocasiones, algunos de ellos debieron extender ese horario incluso durante la noche.
Varias víctimas declararon que en ocasiones tuvieron que trabajar las 24 horas del día, de lunes a lunes. Por otro lado, todos los trabajadores indicaron que cobraban en negro una suma de dinero por presentismo pero solo lo hacían los trabajadores del sexo masculino, quedando así las mujeres afuera de este aliciente.
Además, eran privados de esa suma por razones arbitrarias, “todas propias de una relación de abuso total en donde la inexistencia de reglas de contratación laboral resultaba el acicate perfecto para generar ‘descuentos’ por circunstancias tan ridículas, y por supuesto por fuera de toda regulación legal”.
Finalmente, en su dictamen los fiscales resaltaron que a los trabajadores les descontaban el presentismo si usaban mucho el grupo electrógeno, si dejaban la tranquera abierta, si el sereno llegaba tarde, si estaban enfermos o si iban al médico.
Los testimonios de los trabajadores: Ratas y un pozo como baño
Una de las víctimas sostuvo que en la propuesta laboral, el encargado le dijo que vivirían en un “motor home” transitoriamente hasta que se terminara de construir una “casita”, también dentro de la granja. Refirió que el “motor home” era un micro abandonado, el cual se encontraba en condiciones extremadamente precarias y de riesgo debido a la cantidad de ratas que se encontraban en su interior y en los alrededores.
Al respecto mencionó: “Afuera del galpón está lleno de ratas. Te costaba respirar con las pastillas de ‘fosfuros’ que llevaban los supervisores para desratizar; si no te mataban las ratas, te mataba eso. Al principio no le teníamos miedo a nada porque queríamos trabajar, pero hasta que no te pasa no te das cuenta” (haciendo referencia a la muerte de la mujer por hantavirus) y agregó que era tal la cantidad de roedores que llegaban a comerse de a miles los “pollitos” y que la empresa conocía esta circunstancia.
Sobre las condiciones de la vivienda en la que residieron durante los primeros seis meses, otra víctima expresó: “Vivir ahí era horrible, horrible, horrible, había viento fuerte, el polvo ensuciaba todo, había moscas, ratas, montones de ratas”.
Otro trabajador añadió que no contaban con agua de red, que debían “ingeniárselas” haciendo un pozo para extraer el agua (tanto para beber como para otros quehaceres) y otro pozo para utilizarlo como baño, aún en los días de bajas temperaturas.
Que en pleno siglo XXI semejante esclavitud, custodiada por gendarmes sea impuesta en la principal provincia del país, es una muestra brutal no sólo de las complicidades de funcionarios y miembros de los gobiernos, si no que el capitalismo sólo tiene miseria y degradación para ofrecer.
FUENTE Y FOTOS: La Izquierda Diario - Imagen Portada Ilustración Web
