A un año del concurso de acreedores y con los ingresos actuales de Vicentin, estiman que la empresa tardará medio siglo en pagar sus deudas. El pasivo de Vicentin Saic al 31 de diciembre de 2020 arrojaba 153.000 millones de pesos. Con la cifra que su supone que le queda disponible cada mes después de abonar salarios, impuestos, insumos y demás gastos operativos, necesitará unos 50 años para pagar en el mejor de los casos si no hubiera quita. En este sendero Vicentin se encamina a una quiebra y desguace.
Con la prestación de servicios a fasón, Vicentin no genera los recursos para cumplir con sus acreedores. El concurso de la agroexportadora Díaz & Forti, que operaba el 70% de la capacidad de molienda de Vicentin, suma más incertidumbre.
Un año después de haber entrado en concurso preventivo de acreedores, el futuro de Vicentin pinta de gris para negro. Como marchan las cosas no hay posibilidad alguna que pague sus deudas. O mejor dicho sí: con un plan de pagos de medio siglo. Al menos ese debería ser el cálculo hasta el jueves pasado, día en que también entró en concurso preventivo la corredora y exportadora Díaz & Forti, del grupo Olio, empresa que paga contratos a fasón a Vicentin para usar el 70% de sus instalaciones de molienda.
El cálculo es bastante sencillo. El pasivo de Vicentin Saic al 31 de diciembre de 2020 arrojaba 153.000 millones de pesos. Con la cifra que su supone que le queda disponible cada mes después de abonar salarios, impuestos, insumos y demás gastos operativos, necesitará unos 50 años para pagar en el mejor de los casos si no hubiera quita. En este sendero Vicentin se encamina a una quiebra y desguace. No es un camino inmodificable, pero para evitarlo deberían ocurrir cosas que a medida que pasa el tiempo parecen más dificultosas.
En primer lugar necesita volver a su actividad original (compra de granos-industrialización-exportación) en lugar de continuar prestando servicios a fasón, que es un negocio minoritario. Para eso requiere recomponer su situación patrimonial y la confianza en el mercado. La capitalización podría darse a través de algunos de los principales acreedores comerciales que tienen intereses en el negocio agroexportador. Entre ellas, hay expectativas de que capitalicen las grandes cooperativas –en especial la Asociación de Cooperativas Argentinas, que es el mayor acreedor comercial– aunque no hay hasta aquí señales concretas en ese sentido.
También hay que preguntarse qué posibilidades hay de que la empresa y sus accionistas la recapitalicen blanqueando activos que están en el exterior como forma de reducción de la despatrimonialización provocada en los últimos años a través de la compleja trama de sociedades en el país, Paraguay, España y especialmente Uruguay.
Ésta última posibilidad no la mencionó Diego Guelar, ex embajador en China durante el gobierno de Macri y desde el año pasado asesor de los accionistas y directivos de Vicentin, aunque no son pocos los que sospechan que apareció en ese puesto como punta de lanza de alguien que tiene interés en quedarse con parte de Vicentin tras el proceso preventivo, con una importante quita en el momento de la deuda, que a su vez en buena parte fue pesificada (fundamentalmente los acreedores comerciales).
Hasta el momento los créditos verificados y declarados admisibles son 1.100 millones de dólares y 34 mil millones de pesos. “Estoy convencido de que con los esfuerzos conjuntos que incluye a los actuales acreedores con capitalización de deuda, con nuevos inversores que ya tienen interés, en septiembre se va a llegar a un acuerdo de acreedores”, dijo Guelar. Imposible saber hoy si ese deseo tiene bases firmes o es otra de las tantas expresiones de los directivos de Vicentin para sostener la expectativa.
Nuevos problemas
El jueves se sumó otro nubarrón en el proceso que transita Vicentin. La agroexportadora Díaz & Forti solicitó su concurso preventivo. Desde un primer momento se planteó la sospecha que el vertiginoso crecimiento que D&F tuvo en el mercado agroexportador durante 2020 y los acuerdos para uso de las instalaciones de almacenaje, procesamiento, industrialización y embarque no significaron otra cosa que un acuerdo entre ambas firmas para conservar una cuota de mercado.
Los datos de la evolución de las exportaciones de D&F abonan esa hipótesis, porque a partir de 2020 modificó tanto las cantidades como los productos que exportó. En efecto, en 2020 vendió al exterior por más de 800 millones de dólares, cuando en los años anteriores lo hizo por cifras representan entre el 1 y 3% de esa cifra. Además, de vender al exterior hortalizas, trigo y maíz, en 2020 despegó con soja y derivados, colocando dos tercios de sus ventas.
Sin embargo ese acuerdo que le reportaba a Vicentin buena parte de los ingresos para cubrir salarios y otros gastos tuvo vuelo corto. A fines de 2020, la AFIP suspendió a D&F en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (Ruca) y le impidió seguir operando como exportador por no liquidar las divisas de acuerdo a las normativas vigentes.
A pesar de que los directivos de la firma del grupo Olio afirmaron que se trataba de una cuestión momentánea, nunca regularizaron la situación y finalmente el jueves pasado solicitaron la apertura del concurso preventivo de acreedores en un intento por volver a la pista vía una orden judicial. Si bien en enero pagó 1,2 millón de dólares por el alquiler de las instalaciones, la situación prendió la alarma a todos los actores, porque esa empresa paga para usar el 70% de la capacidad de molienda de Vicentin. De caerse el contrato, significaría menos ingresos para el pago de salarios de los trabajadores y mantenimiento de las plantas y estructura de acopio. Vicentin buscó despejar rápidamente esa incertidumbre con un comunicado en el que asegura tener cola de interesados en ocupar la capacidad de molienda contratada por Díaz &Forti en caso que ésta no pudiera continuar. Por otro lado informó que sumó contratos con otras firmas para ocupar el 30% de infraestructura restante.
FUENTE Y FOTOS: Aire de Santa Fe - Télam
