La muerte de Josué Lagos, provocada por la policía chaqueña, y la represión de la protesta posterior expresan el racismo con el que esa fuerza policial continua operando.
El viernes 11 de junio por la mañana integrantes de la Policía de la Provincia de Chaco llegaron al barrio Los Silos, de la localidad de General San Martín, para intervenir en una pelea vecinal. Una vez allí, un policía aún no identificado disparó con su arma reglamentaria balas de plomo que mataron a Josué Lagos, un joven de 23 años integrante de la etnia Qom. Luego de este hecho se produjo una pueblada, que fue reprimida. Este episodio concluyó con vecinos y policías heridos, además de varios detenidos. El operativo que, se suponía, debía calmar los ánimos, generó mucha más violencia.
La reacción rápida del poder ejecutivo, que condenó el episodio y separó a los policías sospechados, no logró evitar sin embargo que se produjeran movimientos extraños, como por ejemplo el “extravío” del arma de la que habría salido el disparo, supuestamente sustraída de la mochila de un policía. La investigación debe avanzar con celeridad hacia la identificación del o los responsables materiales del hecho para despejar cualquier duda sobre maniobras de encubrimiento.
La relación de la policía de Chaco con las comunidades originarias está marcada, como en muchas otras provincias, por el racismo. Las intervenciones policiales en los barrios poblados por pueblos indígenas se caracterizan por niveles de violencia y abuso que no se registran en otras zonas. Sucesos como el del viernes o las torturas en Fontana, el año pasado, demuestran la persistencia de este patrón de comportamiento policial violento.
A diferencia de otras jurisdicciones, Chaco tiene un importante desarrollo normativo en torno a la visibilización, prevención, control y sanción de la violencia institucional. Pero resulta evidente que esas normas no están teniendo eficacia sobre las prácticas policiales. Las resistencias corporativas les ponen límites, y además no se avanza en dotar de recursos y en nombrar a funcionarios con idoneidad para ocupar cargos clave en el poder ejecutivo y en el judicial. Para modificar las relaciones de la policía provincial con las comunidades originarias se requiere avanzar con las reformas varias veces anunciadas.
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