Se trata de un Mercedes Benz C200 Kompresor y un Peugeot RCZ secuestrados junto con cocaína a narcotraficantes en el conurbano bonaerense. Los propietarios de los vehículos fueron condenados a penas de hasta cinco años y seis meses de prisión por tenencia de drogas para su comercialización. Uno de los autos terminó chocado durante tareas de seguridad y vigilancia.
Dos autos de alta gama pertenecientes a dos narcotraficantes, que habían sido convertidos en patrulleros de la Policía de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, deberán ser restituidos a sus dueños porque la Justicia no pudo probar que fueron adquiridos con dinero mal habido.
Se trata de un Mercedes Benz C200 Kompresor y un Peugeot RCZ secuestrados por la Policía de Buenos Aires tras una serie de operativos realizados en noviembre de 2017 en el sur del conurbano, donde además hallaron un cargamento de 43 kilos de cocaína empaquetada y envuelta con grasa mecánica.
Jaime Rosado y Hugo Alberto Rivas, los dueños de los coches que ocho meses después pasaron a formar parte de la flota de móviles policiales, fueron arrestados en aquella redada y el 30 de abril pasado condenados a penas de hasta cinco años y seis meses de prisión por tenencia de drogas para su comercialización.
Tanto el Mercedes Benz Kompresor como el Peugeot RCZ fueron ploteados con los colores de la fuerza bonaerense y presentados a la prensa en julio de 2018, durante la gestión del entonces ministro de Seguridad de Buenos Aires Cristian Ritondo. El RCZ fue utilizado para realizar tareas de seguridad y vigilancia en la autopista La Plata - Buenos Aires hasta el tres de noviembre del mismo año, cuando terminó chocado por otros dos autos y fue retirado de servicio.
En el fallo, los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) Nº1 de La Plata, que preside Nicolas Toselli, rechazaron el pedido de decomiso de los dos coches que había realizado el fiscal Hernán Schapiro, según reveló el sitio 0221.com.ar.
Para el tribunal, el fiscal no pudo probar que los vehículos de alta gama secuestrados sean producto de un enriquecimiento ilegal y derivado de la venta de estupefacientes, ya que la droga secuestrada tenía destino de venta, pero eso era una ganancia futura.
Cuando se inicia una demanda civil por extinción de dominio, el juez debe notificar a los demandados para que prueben que los consiguieron con fondos legítimos. En caso de que no los puedan justificar, operará la extinción y los bienes pasarán al control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).
FUENTE Y FOTOS: Rosario 3 - 0221
