El fiscal los acusa por apremios, amenazas y abandono de persona seguida de muerte. Hay once policías en la mira.
Once policías del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) que participaron de la persecución a un grupo de jóvenes en la costanera de Corrientes fueron acusados por el fiscal Gustavo Robineau por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, apremios ilegales, amenazas y abandono de persona agravado seguido de muerte. En ese grupo se encuentran quienes la madrugada del lunes 8 ignoraron el pedido de ayuda de Lautaro Rosé, de 18 años, que se había arrojado al río Paraná para escapar de las balas que ellos dispararon. Así consta en el requerimiento de instrucción que Robineau presentó a la jueza Josefina González Cabañas, y al que accedió Página12. El fiscal reconstruyó los hechos que derivaron en la muerte de Rosé en base a testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y la geolocalización de los patrulleros, entre otras pruebas.
La Costanera Sur de la ciudad de Corrientes es un lugar fresco y agradable, elegido por sus habitantes para el esparcimiento. Pero se ha vuelto también zona de conflicto porque un sector público fue cedido a privados cuyos custodios suelen realizar desalojos con variados niveles de violencia. Lautaro y sus amigos habían ido el domingo 7 a la noche a pasar el rato. Luego de la medianoche varios móviles policiales acudieron a la zona por un llamado al 911 por incidentes a partir de una pelea en Costanera y Edison, y más tarde por otro episodio, un presunto ataque a un patrullero que aún no está acreditado, en la avenida 3 de Abril debajo del puente Belgrano. Las imágenes de las cámaras y los testimonios coinciden en que los policías hicieron un giro en U y a partir de ese momento iniciaron la persecución al grupo en el que se encontraba Lautaro, que corrió en dirección a la orilla del río.
Al llegar al club Boca Unidos no tenían opción más que subir hacia el encuentro de los uniformados o intentar escapar hacia el agua. Según los investigadores, se habrían quitado las zapatillas, y esto concuerda con el hallazgo del calzado deportivo de color negro de Lautaro por parte de su hermano, sobre unas rocas. En el lugar fueron secuestrados cartuchos percutidos de escopeta, balas de goma, así como uno de calibre 38.
El joven menor de edad que acompañaba a Lautaro logró salir del agua, a pesar de que en ese momento le estaban disparando. Según su relato, corroborado por los informes médicos, fue golpeado a patadas en las piernas y en el tórax, y luego fue esposado. El Código Contravencional vigente en esta provincia otorga amplias facultades a la policía para justificar esta forma de accionar.
Sin embargo, el fiscal consideró probado que la detención del adolescente se hizo sin registro alguno, y más grave aún, que los pedidos de auxilio de Lautaro desde el agua fueron desoídos por los policías que a esa hora exacta estaban en ese sector preciso de la orilla. También está acreditado que los policías amenazaron al joven menor de edad para que no dijera nada de lo ocurrido. Por esta razón están buscando a través de organismos nacionales la posibilidad de que se convierta en un testigo protegido.
Los resultados preliminares de la autopsia, de la que participó como perito de parte Marcos Ormella, determinaron que no tenía heridas de bala. Pero tanto para la fiscalía como para el abogado de la familia, Hermindo González, su valor radica en que coincide la data de muerte con la presencia policial descrita en tiempo y lugar por varios testigos, entre ellos el menor golpeado, un trabajador de la zona e incluso un uniformado. El fiscal Robineau considera que los acusados permanecerán a derecho, pero la gravedad de las imputaciones podría determinar que fueran detenidos. Esta situación y las eventuales citaciones a declaraciones indagatorias serán determinadas por la jueza Cabañas. El lunes la querella de la familia acusará a los policías por abandono seguido de muerte, privación ilegítima de la libertad, apremios y vejaciones.
Durante el velatorio y el entierro de Lautaro Rosé, al que acudieron este jueves centenares de vecinos del barrio Trujillo, se palpaba la bronca contra la policía en las miradas y los gestos. Acaso sea el punto más álgido de una disputa que viene desde hace décadas, pero que se podría profundizar en el marco de los hechos de la denominada violencia institucional que se repiten. El barrio dice que los corren de la Costanera a requerimiento de “los ricos”.
La familia de Lautaro asegura que el joven estudiante y militante barrial no sabía nadar, en tanto los investigadores especulan con que ante el temor de ser apresados por la policía, él y su compañero confiaron en su conocimiento del río dado que la mayoría de los jóvenes de esa zona son parientes de pescadores. Y mencionaron la palabra más controvertida: “Quizás no pudo salir por algún pozo”.
FUENTE Y FOTOS: Página/12
