El liberfacho José Luis Espert publicó un video en sus redes sociales pidiendo “estado de sitio”, “encarcelar” y “meter bala” a la comunidad mapuche de la Patagonia. Hubo repudio de los pueblos originarios, y fue denunciado penalmente.
El diputado liberal José Luis Espert publicó este martes un video en sus redes sociales donde se puso en modo dictadura militar atacando a la comunidad mapuche de la Patagonia. Dijo: "Yo creo que ahí hay que declarar un estado de sitio, en esa zona y encarcelar o meterle bala a los mapuches, si los mapuches se resisten, en realidad no son mapuches, son falsos mapuches; son terroristas esos que están ahí".
El racismo desenfrenado de Espert lo ubica defendiendo todos los crímenes de Estado contra el pueblo mapuche que tienen una larga historia. De genocidio, persecución y apropiación de sus tierras. O los asesinatos más recientes por parte de las fuerzas represivas del Estado: Rafael Nahuel, Elías Garay y Santiago Maldonado. Además ¿de dónde saca Espert que son "falsos mapuches"? ¿Tiene algún fundamento comprobable para esa acusación? Es la clásica construcción de la derecha para estigmatizarlos.
El repudio a las declaraciones de Espert se hizo escuchar. Como cuentan en La Izquierda Diario Laura "Xiwe" Santillan y Sergio Marilaf: "En estos días se celebra el wiñoy xipantv o año nuevo mapuche, que corresponde al solsticio de invierno en el hemisferio sur, el verdadero año nuevo en este hemisferio. En ese marco, gracias a una lucha sostenida en el tiempo, a los abuelos y abuelas que se negaron a agachar la cabeza frente al racismo y el destrato patronal, a la juventud mapuche que hoy sigue su ejemplo, se conquistó el derecho de izar la wenu foye, bandera mapuche, en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Frente a esto múltiples funcionarios de derecha salieron a exigir que este acto simbólico se declare un atentado contra la soberanía y una amenaza a la patria".Hoy en historias de IG me preguntaron "como resolvería la situación con los pseudo mapuches en nuestra patagonia" (sic). Contesté con este video.
— José Luis Espert (@jlespert) June 22, 2022
Buscate un trabajo digno Mansilla. https://t.co/hlWldjC9Ae pic.twitter.com/nNgSIouQjG
José Luis Espert fue también denunciado penalmente por "apología del crimen" e "intimidación pública", por un diputado provincial de Neuquén. Detrás de estos discursos que atacan a la comunidad mapuche, están los intereses de grandes terratenientes y empresarios que buscan hacerse de las tierras mapuches para el desarrollo de negocios. Por algo Espert omite hablar deliberadamente de los usurpadores VIP de la Patagonia. Como el caso de Joe Lewis, el magnate británico que se apropió directamente del acceso al Lago Escondido, y que incumple un fallo judicial desde el 2009 que lo obliga a abrir un camino al lago. A Lewis ningún gobierno le manda topadoras ni represión. Tampoco Espert, ni otros derechistas con su mismo discurso, hablan de la usurpación e ilegalidad del magnate.
Otro caso es el del Grupo Benetton: dueño de 900 mil hectáreas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, casi el equivalente a 40 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Los Benetton son dueños de las tierras donde se produjo la represión de la Gendarmería, que derivó en la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, en 2017. Tierras reclamadas por el pueblo mapuche. O en Bariloche, donde un grupo belga se apropió ilegalmente de 30 hectáreas de la Lof Quijada, incluido el cementerio mapuche. La usurpación empresarial es para hacer un hotel lujoso con campo de golf y hasta un helipuerto.
Hay otra omisión del liberfacho. Deliberada o por desconocimiento absoluto. Desde el 2006 existe la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, por la lucha de los pueblos originarios. Para poner un freno a la situación de vulnerabilidad que sufren debido al avance sobre sus territorios de la frontera agrícola, los proyectos extractivistas mineros y madereros y los grupos inmobiliarios. La ley, además de suspender los pedidos de desalojo, ordena un relevamiento de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas para otorgar posteriormente los títulos de propiedad comunal. Para ellos se encomendó al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), junto a equipos interdisciplinarios y la participación de las comunidades.
Sin embargo, no sólo ningún gobierno desde 2006 hasta hoy cumplió con la ley, sino que además las comunidades indígenas sufren el hostigamiento permanente y los desalojos de sus tierras mientras se pisotean sus derechos ancestrales.
FUENTE Y FOTOS: La Izquierda Diario
