El empresario Lázaro Báez pidió este martes su libertad o la prisión domiciliaria porque señaló que corre riesgo de contraer coronavirus en la cárcel de Ezeiza, lo que agravaría su cuadro de salud. El pedido fue hecho ante el juez federal Sebastián Casanello y ante el Tribunal Oral Federal 4, quiénes lo tienen detenido por causas de lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la defensa de Báez sostuvo que por su edad -63 años- y por su estado de salud -tiene enfermedades de base como diabetes, presión alta y arritmia- un posible contagio de coronavirus podría agravar su cuadro médico. Por esas características está dentro del grupo de riesgo ante la pandemia del virus.
Báez hizo los pedidos en las dos causas en las que tiene prisión preventiva. Una por el presunto lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay y la segunda por la consultora "M&P”, a través de la cuál Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, emitió facturas por supuesto servicios que no se realizaron.
La causa del campo está a cargo del juez Casanello. Ante el pedido de Báez, el magistrado le solicitó opinión al fiscal Guillermo Marijuán y le pidió al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que asegure las condiciones sanitarias del empresario frente a la situación de contagio del coronavirus.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado, también le pidió opinión al fiscal Abel Córdoba. Está previsto que ambos planteos de Báez sean resueltos mañana. El empresario dijo que en caso le den la prisión domiciliaria puede ser con el uso de una tobillera electrónica que controle sus movimientos.
El pedido del empresario se suma al que también hoy hizo la defensa del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, quien también está preso por el caso Ciccone, en el que tiene una condena de cinco años y 10 meses de prisión. El caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y allí Boudou solicitó que prontamente se resuelva su excarcelación “en orden a la pandemia de Covid-19” y las medidas sanitarias que tomó el gobierno de Alberto Fernández y el propio máximo tribunal.
Báez está preso desde el 5 de abril de 2016 -está cerca de cumplir cuatro años en prisión preventiva sin condena- cuando fue apresado en el aeropuerto de San Fernando. Desde entonces intentó varias veces lograr su libertad y hasta ahora no lo logró. La causa más importante que tiene es en la que se investiga el presunto lavado de más de 60 millones de dólares de fondos que podrían haber provenido de las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Ese caso, en el que Báez está acusado con sus cuatro hijos, el abogado Daniel Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fariña, entre otros, se encuentra en juicio oral y Báez ya fue excarcelado. El proceso se hace todos los miércoles y la audiencia de mañana fue suspendida por la emergencia sanitaria del coronavirus y ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de limitar el trabajo a los casos urgentes -como los pedidos de libertad y prisión domiciliaria- para evitar el tránsito masivo de personas.
El juicio se encuentra en la etapa de alegatos y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que Báez sea condenado a nueve años de prisión y la Administración Federal de Ingresos Públicos a ocho por lavado de dinero.
Báez está en la cárcel de Ezeiza en uno de los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), donde están detenidas las personas con alto perfil económico, ex funcionarios o integrantes de organizaciones de crimen organizado.conocido como IRIC
Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, el SPF tomó una serie de medidas en las 35 unidades que tiene en todo el país. Creó un comité de crisis, dispuso dos salas de aislamiento -una en el hospital de la cárcel de Ezeiza y otra en en la Unidad 21, que es el Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas- y ordenó que el área de salud de cada cárcel elabore un listado con los presos y presas que integran grupos de riesgo que un contagio de coronavirus podría agravar su cuadro. Esa información será enviada a cada juez para que determine si los internos deben salir de la cárcel para continuar con la detención con medidas alternativas, como la prisión domiciliaria.
El SPF estableció que los grupos vulnerables ante el virus son siete: mayores de 65 años; embarazadas; pacientes portadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); paciente diabético insulinorequirientes; paciente inmunosuprimidos (HIV, TBC en tratamiento, Hepatitis B y C en tratamiento, pacientes oncológicos en tratamiento, paciente bajo corticoterapia, paciente en tratamiento quimioterápico, pacientes con enfermedades autoinmunes); pacientes con insuficiencia cardíaca; y pacientes con insuficiencia renal crónica.
FUENTE Y FOTOS: Infobae
