La mayoría adelantó que el problema que les genera esta situación, es que no podrán encarar la próxima campaña de girasol.
Más de cincuenta productores y empresas acopiadoras de cereales y oleaginosos del Chaco mantienen acreencias por más de 750 millones de pesos con la agroexportadora Vicentin, en la que el gobierno nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia intervino la misma y envió al Congreso de la Nación un proyecto de expropiación de la misma.
Algunos moderados en la opinión
Ayer, desde la firma Sucesores de Atilio Carinelli expresaron la preocupación reinante en torno a la deuda que mantiene Vicentin con la empresa chaqueña, pero resolvieron como familia no hacer pronunciamientos públicos hasta el momento. La agroexportadora le adeuda a Carinelli 381.423.860 de pesos, según la información judicial.
En tanto, Javier Khon, un joven productor de Sáenz Peña a quien la cerealera le adeuda más de 6 millones de pesos, fue moderado en la opinión ante la consulta de este diario, apuntando que nunca obtuvieron respuestas de Vicentin cuando se le reclamó la deuda por entregarle producción.
Para Cristian Espeche, de Colonias Unidas, que junto a su grupo familiar tiene acreencias por más de 2 millones de pesos, “en la intervención de Vicentín, es innegable que hay un trasfondo político. A esta empresa la vaciaron sin capital de trabajo y con pasivos monumentales. En ese contexto, los productores que somos acreedores de la empresa, no íbamos a cobrar nuestros crédito, y ahora se abre una ventana de para poder recuperar los créditos si es cierto que se la van pasar a YPF, uno puede pensar en canjear la deuda con insumos es una forma de recuperar capital de trabajo”, señaló.
Cuestionan al grupo pero rechazan intervención
La mayoría de los productores agrícolas del interior chaqueño que tienen acreencias con Vicentin, expresaron que el problema que les genera esta situación va a impactar en que no podrán encarar la próxima campaña de girasol sin tener que endeudarse con entidades bancarias o con proveedores de insumos. “Es un caso muy especial, Vicentín no dio respuestas, nunca dio señales claras de querer resolveré esta situación, pero eso no significa que estemos de acuerdo con expropiaciones ni intervenciones porque eso implica avasallar la empresa privada cuya situación ya está en manos de la justicia”, dijo Ernesto Iván, productor de La Tigra.
“La verdad es que me parece bien que la gente defienda sus puestos de trabajo y Avellaneda y reconquista salgan a protestar. Tampoco vamos a salir a defender, jamás lo haríamos, a los directivos de Vicentin, y a los responsables que les otorgaron créditos sin avales, los que deben ser investigados y le deben aplicar el peso de la ley, pero ojo con la expropiación, además que muy mal implementada y atenta contra nuestra Constitución Nacional y a mi entender la condición de utilidad pública no está dada en este caso”, señaló Alexis Rojas, productor agropecuario de Las Breñas.
Deuda millonaria
Vicentin tenía una deuda total con el sistema financiero argentino de $23.503 millones, de los cuales casi el 78% correspondían a acreencias a favor del Banco Nación. Esa es una de las razones por las cuales se avanzó en el proceso de intervención de la firma. Ese 78% del total de la deuda de la cerealera, implica que son $18.259 millones que le adeuda al Estado.
“Ahora, todos los contribuyentes tendremos que pagar la deuda de Vicentin, sería bueno que la justicia pueda determinar responsabilidades tanto de los directivos como de las autoridades del Banco que tan fácilmente le otorgaron millonarios créditos”, completó Iván.
Sobre el proceso que se inicia, el Presidente afirmó: “Él me dijo que tiene una idea para que nosotros nos podamos hacer cargo de la empresa sin necesidad de la expropiación. Yo le expliqué que para la ley, la expropiación era necesaria. Tuvimos una muy buena charla y yo confío en que podamos hacer las cosas tranquilos”.
Desde Casa Rosada, admitieron que la definición del proceso de estatización que pretende el Gobierno, podría extenderse hasta 60 días mientras se debate el tema en el Congreso y en el medio, admiten, se iniciaron las conversaciones con la empresa para evitar mayores conflictos.
FUENTE Y FOTOS: Norte
