Hoy a las 9 de la mañana, en el edificio Libertador, comenzó a sesionar el Consejo de Guerra que analizará las responsabilidades de ocho oficiales de la Armada Argentina -entre ellos el exjefe de la fuerza, almirante Marcelo Srur- en el naufragio del submarino ARA San Juan.
El siniestro ocurrió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, durante una misión de vigilancia y control marítimo.
Se revisarán y juzgarán las acciones que llevaron a cabo, además de Sur, los contralmirantes (RE) Luis López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento y Eduardo Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales, los capitanes de navío (RE) Carlos Ferraro, exjefe del Proyecto Submarinos, Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso, exjefe del Estado Mayor de la F. de Submarinos, el capitán de fragata, Hugo Correa, ex jefe de Operaciones y el capitán de corbeta, Jorge Sullia exjefe de Logística.
El tribunal está integrado por un presidente, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, dos vocales, el general de brigada Juan Martín Paleo (jefe del Estado Mayor Conjunto) y el brigadier Pedro Girardi, un secretario, el comodoro Ángel Rojo y un auditor, el general de Justicia, Juan Stanchina. Se llega a esta instancia final luego de concluido el legajo disciplinario que realizó el comodoro abogado de la Fuerza Aérea, Ricardo Méndez, oficial instructor de la investigación preliminar que ordenó el entonces titular del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa en 2017, a posteriori del naufragio. La sanción en caso de que se determinen las presuntas faltas gravísimas que habría establecido en su pesquisa el instructor Méndez, es de orden administrativa y la máxima es la destitución y baja de la fuerza.
La culminación de la etapa de instrucción a cargo de Méndez, extendida por dos años, estuvo plagada de pedidos de nulidad planteados por la totalidad de los oficiales que serán juzgados a partir de hoy. Uno de los últimos solicita la suspensión lisa y llana de la sesión del Consejo. Se fundamenta en jurisprudencia del propio organismo de máxima instancia de Justicia militar.
En 2014 el Consejo General de Guerra con un dictamen de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, suspendió la tramitación de un legajo disciplinario a varios oficiales que había ordenado el exjefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Luis María Carena, por diversas irregularidades financieras en la Agregaduría de Defensa en Australia, hasta tanto no hubiera una decisión judicial respecto de la comisión de delito penal.
El caso del submarino ARA San Juan está en la Justicia federal, la Cámara de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de los 8 imputados el 19 de noviembre pasado y, en línea con esa jurisprudencia de 2014, correspondería paralizar el trámite del Consejo de Guerra hasta que haya una sentencia condenatoria tal como sucedió con el expediente de las irregularidades financieras en la agregaduría de Australia.
La constitución del tribunal también es objeto de críticas como lo fue en su momento la designación de un oficial de la rama aérea, el comodoro Méndez, en el rol de instructor de un naufragio. Incomprensible la ausencia de un marino en la conformación del organismo que juzgará responsabilidades en un siniestro de atinencia naval y tan específico como lo es la operación de un submarino.
La presunción políticamente correcta es que apartar a los navales coloca el proceso a resguardo de favoritismos por cercanía. Esa misma vara le cabe nada menos que al presidente del máximo tribunal, dicen entre los imputados, para quienes la proximidad familiar del agrimensor Sergio Rossi con el ministro pondría en jaque la imparcialidad.
Otro elemento en observación es la presunta “confidencialidad” que se pretende establecer a todas las audiencias del Consejo, la norma administrativa que lo regula establece que son públicas para personal militar. La relevancia trágica del naufragio con la pérdida de 44 submarinistas y su tratamiento en orden a las responsabilidades militares no debería quedar fuera de la atención de la prensa especializada o terceros interesados con el resguardo de normas de bioseguridad por la pandemia.
FUENTE Y FOTOS: Ámbito
