Estaban en un campo de Concordia, Entre Ríos, donde hacían labores de raleo, desmonte y traslado de eucaliptos; fue detenido el capataz de la finca, al que acusaron de retener los documentos de los trabajadores, hacer disparos intimidatorios al aire y amenazar con despedirlos si pedían descanso.
Trabajaban todo el día en un monte de eucalipto, sin descanso. Y vivían en el mismo lugar en el que trabajaban, bajo chozas de nylon y palos, sin baño, aguan potable ni energía eléctrica. Así fue hasta que la Gendarmería, con órdenes del juzgado federal de Concepción del Uruguay, allanó el campo La Negrita, de Concordia, y rescató a 12 trabajadores rurales que padecían aquellas condiciones infrahumanas. El capataz de la finca fue detenido. Lo acusaron de haberle retenido los documentos a al menos dos jornaleros, de realizar disparos intimidatorios al aire y de amenazar con despedirlos si pedían descanso. La causa está caratulada como trata de personas con fines de explotación laboral.
Según informó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar, “las víctimas, todas oriundas de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, se encontraban en un predio con cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres. El lugar no contaba con baños ni espacio para higienizarse. Tampoco contaba con energía eléctrica, agua potable y elementos de primeros auxilios. Un sector de una de las carpas era utilizado como “cocina”: allí había troncos y maderas para hacer fuego”.
Cerca del precario campamento, los gendarmes encontraron nueve machetes, tres motosierras, seis hachas y dos palas. En un lugar más alejado, dos camiones Mercedes Benz, dos acoplados, una máquina marca Fiat utilizada para levantar postes de grandes dimensiones y peso, y un tanque cisterna, todo ellos sin medidas de seguridad.
Informó el Ministerio Público que “al momento de la identificación, dos de los trabajadores manifestaron que el capataz, individualizado como J.M.M., tenía retenidos sus documentos nacionales de identidad sin motivo alguno”.
Hubo, además, otro allanamiento, realizado en el aserradero “Capitán Rojas”, donde se constató la situación de otros 17 trabajadores. De los operativos participaron agentes del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de Personas y del Ministerio de Trabajo de la provincia de Entre Ríos.
La denuncia
La investigación se inició el 31 de agosto, a raíz de la denuncia de un trabajador ante el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de la Gendarmería Nacional en Concordia. El hombre detalló que “junto a otras nueve personas se encontraban trabajando ‘de sol a sol’ en un campo dedicado al raleo de eucalipto en condiciones infrahumanas: sin baños, ni electricidad, bajo carpas de nylon y sin acceso a agua potable”.
Señaló que el pago acordado con el capataz era de 200 pesos por hora o 65 pesos por poste, por la realización de tareas tales como raleo, desmonte, pelado de eucalipto y traslado de maderas. Explicó que, sin embargo, nunca percibieron suma alguna y que les informaron que, cuando cobraran, les descontarían la mercadería consumida en el lugar. El mismo denunciante afirmó que el capataz contaba con armas de fuego, que utilizaba para efectuar disparos al aire, y amenazaba con despedirlos si ellos planteaban la posibilidad de tener algún descanso.
FUENTE Y FOTOS: La Nación
