A raíz de una denuncia allanaron una finca donde se encontraban cuatro personas en situación de vulnerabilidad
El Magistrado interviniente, dispuso que los gendarmes junto a integrantes del Ministerio de Trabajo provincial ingresen al inmueble donde constataron condiciones estructurales y sanitarias deficientes. Con respecto a los ciudadanos, tres son oriundos de la provincia de Santiago del Estero y otro de Chaco.
Durante el operativo, el capataz del lugar fue puesto en conocimiento y tras regularizar el pago correspondiente, los damnificados pudieron regresar a sus lugares de origen. En el marco del “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el delito de Trata de personas”, el pasado miércoles 01 de marzo se originó una denuncia a la línea 145 por una posible situación de trata con fines de explotación laboral. El Juzgado Federal de La Rioja a cargo del Juez Subrogante Dr Jorge Gamal Chiamia y la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. María Virginia Miguel Carmona, orientaron la intervención de Gendarmería Nacional.
Con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “La Rioja”, del Escuadrón 58 y el Escuadrón 24 “Chilecito”, procedieron a investigar poniendo en conocimiento al Magistrado los resultados obtenidos.
Desde la Justicia dispusieron allanar el inmueble, junto a representantes del Ministerio de Trabajo provincial a los fines de que interceda ante la empresa responsable, intimando a regularidad el pago y brindar los recursos económicos para que los damnificados puedan regresar a sus provincias de origen. Además, identificar al contratista de la finca involucrada, para que se presente en el lugar y notificarlo que se encuentra involucrado en Causa Judicial por Presunta Infracción Ley 26.364, quedando en libertad supeditado.
Al ingresar al domicilio, los funcionarios detectaron que las personas damnificadas se encontraban en una habitación en malas condiciones de higiene como también edilicia. Durante el procedimiento arribó al lugar un empleado de la empresa responsable (capataz), que luego de tomar conocimiento de lo dispuesto por el Magistrado, regularizó el pago correspondiente a las personas con intenciones de volver a su lugar de origen. Situación que fue aceptada por la totalidad de las víctimas.
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