Desde la entidad gremial hicieron saber que tras la asamblea llevada a cabo el viernes 13, se resolvió convocar a paro general de actividades los días lunes 30 y martes 31 de julio, así como también el miércoles 1 y jueves 2 de agosto, con retiro a partir de las 12,30 horas y hasta las 00 horas del día siguiente en toda la provincia. En tanto que el día viernes 3 de agosto cumplirán un cese de actividades.
Pero las decisiones no terminan allí, porque también convocaron a paro general de actividades los días lunes 6, martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de agosto, con retiro a partir de las 12,30 horas en toda la provincia, y paro general de actividades con retiro a las 11,30 en todo el Chaco para el viernes 10, facultando a la Comisión Directiva a adherir a medidas de fuerza que puedan convocar otros gremios afines.
La Unión de Trabajadores Judiciales expresa que “las medidas de fuerza se vienen realizando en atención y reclamando que los decretos 492/18 y 556/18, son discriminatorios y no subsanan la pérdida del poder adquisitivo del año pasado y del presente año, violentan las porcentualidades legales, y no respetan el acuerdo alcanzado por la Mesa Salarial de nuestro Poder Judicial en el año 2017, plasmado en el Proyecto de Ley 3655/17”.
Agregan que “violentan asimismo las Constituciones Nacional y Provincial, pudiendo generar nuevas mega demandas las que tendrán que saldarse con el dinero de todo el pueblo Chaqueño por decisiones irresponsables de funcionarios y Jueces, quienes valiéndose de malicia, astucia, argucia y engaño, pretenden otorgar aumentos encubiertos solamente para una casta, a sabiendas de que está mal y que va en contra de todas las decenas de sentencias por las que ya se expidieron los tribunales ad-hoc y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, justo en el momento en que Fiscales y Jueces provinciales tienen a su cargo causas en contra de funcionarios del Gobierno, confrontados con investigaciones federales”.
Finalmente informan que “el interior provincial sumó a los reclamos mediante representantes de Villa Ángela y Sáenz Peña, la difícil situación que tienen que soportar los trabajadores cuando ellos mismos o uno de sus familiares se enferman ya que utilizando nuestra obra social del INSSSEP, tienen que pagar un plus médico mínimo de quinientos pesos en efectivo, lo que está expresamente prohibido, siendo que el profesional que realizó su juramento hipocrático, receta además la colocación de inyectables lo que genera el cobro de otro plus y pide diversos estudios, para los que deben abonar también el ilegal plus a especialistas médicos, hechos que se repiten sin ningún tipo de control por parte de autoridades del organismo ni tampoco del estado provincial y socavan el ya deteriorado salario del trabajador judicial”.
FUENTEY FOTOS: Chaco Día por Día
