El gobierno provincial creó el programa de Reparación Económica a Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales. A través de este programa se asistirá con una ayuda económica mensual a los hijos de personas asesinadas por miembros de las fuerzas de Seguridad del Chaco.
Los hijos de personas que hayan sido asesinadas por miembros de fuerzas de Seguridad del Chaco recibirán una reparación económica. Así lo estableció el gobierno del Chaco a través de un decreto firmado por el gobernador, Jorge Capitanich.
El “Programa de Reparación Económica a familiares de víctimas de violencia institucional” tiene como objeto brindar asistencia económica transitoria a los hijos de personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo custodia de los miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y/o penitenciarias de la Provincia del Chaco que hayan ocurrido dentro del territorio de la provincia.
Los destinatarios de la prestación serán las personas menores de 18 años o personas con discapacidad. El dinero será percibido por la persona que se encuentre a su cuidado, sea guardador, tutor, curador o adoptante.
Firmado también por los ministros de Economía y de Seguridad, Santiago Pérez Pons y Gloria Zalazar, el decreto 2663/23 establece que la reparación económica, debe ser abonada por el Estado Provincial mensualmente, con un monto equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil.
El mismo será inembargable y se abona por cada hijo e hija siendo retroactivo al momento del fallecimiento de su progenitor, que se presume víctima de ejecución extrajudicial. Las autoridades de aplicación de este programa serán la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Derechos Humanos.
El fondo dejará de abonarse cuando ocurran las siguientes causales de extinción: a. El auto de sobreseimiento o absolución los/las acusado/as del delito; b. Residencia fuera del país por más de dos años; c. Haber cumplido la edad de 18 años. En caso de que continúe con los estudios o preparación profesional de un arte u oficio hasta los 25 años, a los fines de que posteriormente pueda proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.
“Es menester reconocer que actualmente la violencia institucional es un flagelo con el que la sociedad, y en particular los sectores más vulnerados de la misma conviven a diario”, sostiene el decreto en sus fundamentos. Además, destaca que la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, “obliga a los Estados partes a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicho Acuerdo”, además de reconocer el derecho de todo niño, “a gozar de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.
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