La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a seis militares por la golpiza sufrida por la marinera Brisa Páez durante un simulacro antidisturbios en Vicente López. El fallo denuncia violencia institucional y de género, y destaca que uno de los acusados, ex pareja de la víctima, habría actuado con alevosía y motivaciones misóginas.
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a seis miembros de las Fuerzas Armadas por la brutal agresión que puso en riesgo la vida de la marinera segundo de Tropa Voluntaria Brisa Páez, el 4 de abril pasado, durante un “entrenamiento antidisturbios” llevado a cabo en el edificio de la Armada Argentina, en Vicente López.
“Los hechos aquí investigados reflejan, una preocupante distancia entre las prácticas institucionales observadas y las exigencias legales, convencionales y constitucionales vigentes en materia de derechos humanos”, consideró la jueza un pasaje del fallo de 120 páginas, en el que también dispuso el sobreseimiento de dos imputados.
La magistrada ofició al ministerio de Defensa y al presidente de la Comisión de Defensa del Senado “con el objeto de poner en su conocimiento que en el marco del presente proceso ha quedado debidamente reflejado y demostrado que durante el desarrollo de una actividad de un entrenamiento (…) se lesionó gravemente a personal militar femenino encontrándose comprometidos derechos fundamentales en el contexto de evidente ejercicio de violencia institucional y violencia de género, por parte de superiores jerárquicos”.
Entre los procesados se encuentra Juan Gabriel Escobar (ex pareja de la víctima), acusado de haber agredido a Páez hasta generarle una grave lesión que puso en riesgo su vida, según surge de la investigación en la que se realizaron análisis especiales con equipos de salud interdisciplinarios. “Por alrededor de un total de once días consecutivos, Brisa Antonella Páez permaneció en estado de inconsciencia profunda por el coma farmacológico inducido con todo lo que ello implica”, detalló la jueza.
“Simulando ser un grupo de manifestantes y aprovechándose de la situación de indefensión e inexperiencia de la víctima, el Cabo Segundo Escobar le efectuó a la mentada Páez, con quien habría mantenido un vínculo amoroso, cuanto menos, una patada sobre el escudo protector, provocando que caiga de espaldas bruscamente al suelo e impidiendo que se reincorpore”, se había detallado en la imputación.
Al analizar la situación específica del imputado Escobar, la jueza sostuvo que los elementos recabados “demuestran que el nombrado actuó con alevosía, aprovechándose del contexto de simulacro de manifestación para intentar que el delito perpetrado parezca un accidente, con la intención de agredir a la víctima debido a sentimientos de superioridad, celos, menosprecio por la mujer, odio y resentimiento que fueran comprobados en el expediente, entre otros motivos posibles”, como el de un posible embarazo.
“Tal como lo describieron los testigos y la propia víctima, Escobar realizó maniobras mediante las cuales impidió en varias oportunidades que Páez pudiera levantarse del suelo colocándola nuevamente en una situación de vulnerabilidad frente a posibles nuevos ataques físicos”, agregó.
“Resulta claro que el dolo del imputado se vio atravesado por motivaciones de género, dado que los dichos de la víctima, corroborados por testigos y mensajes aportados que develaron antecedentes de control, celos, humillaciones y maltrato por parte de Escobar, permiten inferir que el accionar del nombrado obedeció no a un conflicto neutro sino a una intención de disciplinamiento, lo que revela una motivación basada en su condición de género”, continuó la jueza.
Además de procesar a Escobar, la jueza sostuvo que hay en el expediente elementos suficientes para procesar a Leandro Morales, Miguel Ángel Reyes, Leandro López, Rodrigo Exequiel Tejerina y Pablo Ezequiel Bucarón en relación a la imputación que les fuera referida, mientras que desvinculó de los hechos a Damián Ezequiel Ábalos y Diego Emanuel Ferraut.
Escobar fue procesado con prisión preventiva por “lesiones graves triplemente agravadas por haber sido cometidas contra quien mantuvo una relación de pareja, mediando alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se le fue trabado un embargo de hasta cubrir 6 millones de pesos.
La práctica en la cual ocurrieron los hechos se realizó por orden del encargado de Seguridad de la Jefatura Militar Vicente López, el suboficial principal Reyes, que quedó procesado por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”; y estuvo bajo la dirección del cabo primero Morales, “considerarlo prima facie penalmente responsable de los delitos de lesiones culposas en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En tanto, los imputados López, Tejerina y Bucarón, todos instructores de la práctica en la que se produjo el hechos investigado, recuperaron su libertad, al igual que los dos superiores, y quedaron procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
De los testimonios recabados en la investigación surge que los procesados intentaron, en todo momento, evitar que el hecho trascendiera y que incluso el “superior Morales” les habría dicho que en cualquier caso los practicantes dijeran que se golpearon en sus casas.
MÁS DETALLES DE LO OCURRIDO ESE DÍA
La mujer militar quedó internada tras golpearse la cabeza en un entrenamiento en Vicente López. La joven sufrió una grave lesión en la cabeza al caerse de espaldas y denunciaron que no recibó asistencia inmediatamente.
El grave hecho ocurrió en el Polo Educativo de la Armada que se encuentra en Vicente López: una militar sufrió una lesión en la cabeza tras caerse de espaldas durante un entrenamiento antidisturbios. La mujer, identificada como Brisa Páez, continuó con la actividad y no recibió asistencia médica inmediatamente. Por este incidente, ocho de sus superiores estaban desplazados de sus funciones y detenidos.
Según trascendió, el episodio ocurrió días atrás, el 4 de abril, cuando la joven realizaba un entrenamiento antidisturbios, preparación para enfrentar situaciones de protestas violentas, disturbios civiles o motines con el objetivo de restablecer el orden. En ese contexto, uno de los instructores durante la actividad golpeó el escudo que llevaba en el pecho, por lo que la víctima se cayó de espaldas. Tras ello, sufrió un golpe en la cabeza que le causó una lesión, si bien tenía puesto un casco protector.
A pesar de que había manifestado que tenía dolor, Páez continuó con el entrenamiento. De acuerdo a testigos, la militar se reincorporó al rato y no fue asistida inmediatamente. Tras una nueva manifestación de su malestar, fue derivada a la enfermería, donde la revisaron los médicos de la base de Vicente López. Luego de administrarle un calmante, le colocaron un cuello ortopédico.
Sin embargo, un rato más tarde comenzó a convulsionar. En ese marco, le realizaron un estudio por imágenes en la cabeza y se ordenó su derivación al Hospital Central Militar, donde ingresó en grave estado y fue inducida a un coma farmacológico para evitar que presente nuevas convulsiones. Según pudo confirmar LA NACION, los médicos pudieron estabilizarla y evoluciona favorablemente.
Tras el incidente, se abrió una causa judicial para determinar las responsabilidades, sobre todo por la falta de asistencia inmediata para la víctima. Fue por eso que ocho de sus superiores fueron desplazados de sus funciones para esclarecer lo sucedido. También la Armada Argentina inició una investigación interna.
El caso, que quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, derivó en la detención de estas personas; además la magistrada ordenó que se les tome declaración en las próximas horas. Entre los aprehendidos se encuentran su instructor, acusado de ser el que la golpeó, y el marino que estaba a cargo del ejercicio. En tanto, también declararán testigos.
FUENTE Y FOTOS: La Nación - C5N
