Sturzenegger anunció el fin de Vialidad, el organismo que controla las rutas nacionales. En su última jugada con facultades delegadas, el ministro de la motosierra junto al vocero presidencial anunció el cierre de la dirección que nuclea a casi 6 mil trabajadores y supervisaba el estado de 40 mil kilómetros de caminos. La demanda de los gobernadores y la advertencia de los gremios.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la disolución de Vialidad Nacional en el último día de las facultades delegadas, por lo que el organismo que tenía a su cargo el mantenimiento de las rutas nacionales en todo el país dejará de existir. En una conferencia en Casa Rosada, el ministro junto al vocero presidencial Manuel Adorni informaron que esta noche se publicará el último decreto que pondrá fin al organismo.
"Señoras y señores, la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada", selló el vocero presidencial luego de confirmar lo que era un rumor que rondaba desde hace meses, con mayor énfasis en las últimas semanas. También se disolverá la Comisión de Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En paralelo, los funcionarios comunicaron que se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad fiscalizadora de concesiones viales. Y el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas "degradas como nunca antes en la historia del país".
Adorni justificó la decisión de disolver Vialidad Nacional a partir de su vinculación con el "caso judicial donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, es decir, a lo largo de los primeros tres gobiernos kirchneristas".
Acorde al funcionario, "la maniobra fraudulenta consistió en la adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelantos financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos".
Según denuncian los gremios, el cierre de la Vialidad Nacional implica el despido de más de 5500 trabajadores y al menos 118 rutas nacionales a la deriva con más de 40 mil kilómetros que quedarán sin mantenimiento ni cobertura. El reclamo por la paralización de Vialidad Nacional proviene desde el inicio de la gestión Milei. Los gobernadores en su totalidad pidieron la transferencia de las vías nacionales a las provincias, pero no se terminó de materializar dicho traspaso aún.
Desde las gobernaciones pedían a Vialidad Nacional que entregue las rutas nacionales con concesiones cerradas y arreglos terminados. No fue posible llegar a dicho acuerdo con Nación. Además, son dos los gobernadores que llevaron a la dirección nacional a la Justicia federal: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Alberto Weretilneck, de Río Negro.
Según informaron desde el Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), el Gobierno es "responsable del genocidio en las rutas nacionales que está generando y este decreto lo ratifica". La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá acusó a Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger de generar "Rutas Nacionales de la Muerte" al desmantelar un organismo clave para su mantenimiento.
"Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado para hacer negocios", afirmó la dirigente gremial. En ese sentido, la secretaria general del sindicato sostuvo que "la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira".
Hace tiempo, los gremios denuncian que el desfinanciamiento y el desmantelamiento de Vialidad Nacional se apoya en una supuesta ineficiencia que no existe. "Hacemos un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte", cerraron desde el sindicato.
Cómo será la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte
Con el nuevo decreto que se conocerá en las próximas horas se crea la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, como parte del esquema de reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ( CNRT ).
Se tratará de un organismo descentralizado de la Secretaría de Transporte, en el ámbito del Ministerio de Economía, que se ocupará de fiscalizar las concesiones viales, ferroviarias y del transporte automotor de jurisdicción nacional. Asimismo, tendrá a cargo la aplicación de sanciones y promoción de acciones civiles o penales en caso de incumplimientos, así como la recepción de denuncias y reclamos de usuarios y la emisión de recomendaciones técnicas o la intervención en accidentes ferroviarios.
En paralelo, se reducirán las funciones de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) que dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto y pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Con este cambio, se limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) distribuirá sus funciones entre la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Gendarmería Nacional, mientras que las funciones de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y llevadas a cabo por la Subsecretaría de Transporte Automotor.
Fin de las facultades delegadas: el balance del Gobierno
Durante la conferencia de prensa, Adorni destacó el uso de las facultades delegadas desde el 8 de julio de 2023 y por el período de un año y remarcó que no se buscarían renovar porque no es del interés de la Casa Rosada hacerlo. Citó también gran parte de las medidas dispuestas a través de decretos y resoluciones con el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y enfatizó que los 65 decretos delegados significaron un ahorro anual u$s 2.000 millones.
"Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, darle superpoderes a un gobierno reaccionario, que se vendía el país, armaron una tendencia en X", cuestionó el vocero presidencial. Y zanjó: "La realidad es que el gobierno de Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó ni decretó una prórroga a las facultades delegadas, como lo hizo el kirchnerismo hasta el fin de su mandato. Hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos causaron"
A su turno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que el presidente Javier Milei "va a agasajar" a "las 200 personas que trabajaron en este año de facultades delegadas", una habilitación para el Poder Ejecutivo sancionada en la ley Bases y que vence mañana martes 8 de julio.
Sturzenegger indicó que las facultades delegadas "fueron planteadas por el presidente Milei con una intención y una modalidad totalmente diferente". Por eso describió que "fue por un año; un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas" y que no se buscaría extenderlas porque habían cumplido su propósito.
Según detallaron ambos funcionarios, las transformaciones fueron llevadas adelante por el Gobierno nacional tras la reglamentación de la Ley Bases que, junto al DNU 70/2023, configuran un paquete de reformas del Estado de carácter histórico. Las principales desregulaciones y recortes de gasto del Ministerio se dieron el ámbito del empleo público, reforma laboral, alquileres, industria y comercio, transporte y sector automotor.
"El Coloso", tal como lo apoda Milei, recordó que "Cristina Kirchner operó durante toda su presidencia con facultades delegadas" por lo que hacían uso de los superpoderes como "una forma de gobierno no era una delegación que hacía el Congreso". Remarcó que entonces se trataba de facultades tan amplias que podían cambiar los contratos del Estado o establecer regímenes nuevos para los depósitos, entre otras cosas.
"Las facultades delegadas de la Ley 27.742 fueron planteadas por el presidente Milei y por el equipo con una intención y una modalidad totalmente diferente", defendió Sturzenegger. E insistió que fueron "por un año, porque el presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas".
FUENTE Y FOTOS: El Cronista
