Desfinanciar las políticas de salud sexual con el argumento de ahorrar no solo va en contra de la libertad de las mujeres, también aumentará el gasto para el Estado en otros frentes.
Un informe de CEDES, ELA y REDAAS proyecta que el desfinanciamiento de las políticas de salud sexual en Argentina dejará a 840 mil mujeres sin protección ante embarazos no intencionales, con 452 muertes maternas evitables como saldo. No es ahorro, es desprotección y menos oportunidades de desarrollo.
En Argentina, hace dos años, más de 1,2 millones de mujeres estaban protegidas por tener acceso a métodos anticonceptivos. Hoy, apenas 63 mil pueden acceder a ese recurso. El dato surgió de un trabajo de CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) que analizó los recortes presupuestarios del gobierno que preside el derechista Javier Milei, a la salud sexual y reproductiva. Allí también se consideró lo que implicó el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
Las ONGs revelaron que los recortes en las compras de métodos anticonceptivos tienen como consecuencia una drástica caída en la cantidad de mujeres protegidas: de más de 1,2 millones en 2024 a apenas 63 mil proyectadas para 2026. Esto podría implicar 840 mil mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales, 240 mil embarazos no intencionales adicionales, más de 112 mil abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales.
Trágico
Para la proyección 2026, las organizaciones utilizaron un modelo estadístico que toma como base las compras ya confirmadas y el presupuesto vigente para insumos de salud sexual y reproductiva. Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES señaló que “cuesta mucho poner a andar una política pública, no siempre se logra y menos hacerlo bien. La política nacional y las políticas provinciales de salud sexual y reproductivas fueron un caso de éxito dentro de un mundo real, claro. Por eso mismo, y por los resultados que arrojaba, no sé entiende, salvo si examinamos razones ideológicas, que el gobierno nacional haya desfinanciado de un día para otro, sin aviso previo, la compra de insumos para estas políticas”.
La investigación aportó que cada peso argentino invertido en anticoncepción genera ahorros equivalentes a tres pesos de ahorro en atención médica. “Y cuando se consideran los efectos en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión”.
A modo de contexto, es importante resaltar que el Copenhagen Consensus, iniciativa liderada por premios Nobel de Economía, ubica a la anticoncepción entre las políticas de mayor retorno para el desarrollo. Sus estimaciones indican que cada dólar invertido en anticoncepción puede generar hasta 120 dólares en beneficios económicos y sociales. “No se trata solamente de salud. Se trata de capital humano y de desarrollo”, es otra de las afirmaciones de la indagación.
Economistas como Gary Becker demostraron que las decisiones reproductivas condicionan las oportunidades educativas, laborales y productivas de las personas y de los países. Más recientemente, la Premio Nobel Claudia Goldin mostró la relevancia del acceso a la anticoncepción en el desarrollo económico de los Estados Unidos.
Silvina Ramos investigadora de CEDES analizó que, para las mujeres, la anticoncepción “ha sido una puerta de entrada a la sociedad, a la educación, al trabajo; ha hecho posible decisiones libres y maternidades en tiempos deseables. Poner un palo en la rueda a este proceso no es sólo injusto, también significa un menosprecio a los aportes que las mujeres hacemos a las familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto”.
La fuerte reducción en la compra pública nacional de anticonceptivos en Argentina “no representa austeridad inteligente. Es, en realidad, una pérdida de inversión en el principal recurso de un país: su gente. Menos acceso a la anticoncepción implica menos oportunidades educativas, menor participación laboral de las mujeres, más pobreza y mayores costos futuros para el Estado”.
Los países que “hoy lideran el desarrollo entendieron que invertir en salud sexual y reproductiva no es gasto social: es política económica estratégica. Argentina corre el riesgo de recorrer el camino inverso”, revela el trabajo de las organizaciones sociales.
Y recuerda que detrás de cada anticonceptivo que deja de proveerse no sólo hay un insumo menos. Hay proyectos de vida truncados, derechos vulnerados, capital humano desperdiciado y años de desarrollo económico y social que el país pierde.
“Desde hace ya muchos años, las mujeres que viven en Argentina saben que si se acercan a un centro de salud podrán, con muchas chances, acceder a un anticonceptivo y a información. Y en esas consultas muchas veces también terminan tomándose la presión o una médica o enfermera le pregunta sobre la última vez que se hizo los análisis de rutina. Es decir, es una oportunidad no sólo de evitar un embarazo sino también de mantenerse sanas”, resaltó Ramón Michel.
Argentina, en 2002, sancionó una ley que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que garantiza el acceso universal y gratuito a información, orientación, métodos anticonceptivos y prestaciones de salud sexual y reproductiva. En 2006, con otra ley, se amplió la cobertura a vasectomías y ligaduras de trompas.
Mientras el gobierno argentino recorta lo que las especialistas describen como una de las inversiones públicas más rentables, la página oficial de salud sexual sigue mostrando el mismo cartel desde hace meses: ‘Estamos mejorando el sitio, disponible a la brevedad’. La ironía no es menor, porque lo que necesita mejoras no es precisamente la página web.
Fuente y fotos: El País
