Para los gremios universitarios, el gobierno prepara una nueva trampa en la Ley de Presupuesto.
Los sindicatos temen que busque derogar o postergar la aplicación de la Ley de Financiamiento. Se viene un nuevo plan de lucha con paros y otra marcha por los salarios. Según los últimos datos de inflación, el gobierno adeuda alrededor de un 35% de aumento a los trabajadores de la universidad a partir de lo que indica la vigente Ley de Financiamiento Universitario.
La norma ratificada por el Congreso obliga al gobierno a restituir el poder adquisitivo del salario a los niveles de noviembre de 2023 luego de un retroceso en términos reales que llegó a superar el 40 por ciento.
La ley vetada por el presidente Javier Milei y ratificada con mayoría especial obligaba a la Casa Rosada a incrementar los salarios en más del 50%. Pero el Poder Ejecutivo la desconoció. Por ese motivo, los rectores de las universidades agrupados en el CIN y las organizaciones sindicales recurrieron a la justicia que, a través del juez Martín Cormick, dio lugar a una medida cautelar intimando al gobierno a cumplir con lo indicado por el Congreso. La cautelar se mantuvo firme con el respaldo de la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema, que se abstuvo de dar lugar al recurso extraordinario presentado por el gobierno. Esto incluso luego de que las federaciones sindicales de docentes y no docentes, con la excepción de la Conadu, firmaran un acta con el Ministerio de Capital Humano en la que éste se comprometió a una actualización parcial de los haberes concediendo un 21,3% a partir de ese mes, un 3% adicional en octubre y el compromiso de retomar la paritaria en septiembre.
Pan y agua
En una nueva audiencia ante el juez realizada el 21 de agosto, el gobierno podría haber buscado un camino de entendimiento. Sin embargo ratificó su postura y forzó otra decisión del juez Cormick quien, días después, ratificó la cautelar y exigió al gobierno que diera una respuesta en 72 horas.
La paritaria reunida el 1 de septiembre fue calificada por los gremios como una “provocación”. En ella el gobierno ofreció una supuesta suba de los salarios del 6% para septiembre y octubre cuando, en el acta firmada en junio, ya incluía ese 3% para octubre. La propuesta no compensa la inflación acumulada desde junio y, más allá, del impacto sobre los haberes, para los representantes confirmó que la voluntad del gobierno dista de dar respuesta a lo que indica la ley.
El próximo jueves se reúne de nuevo la paritaria y las federaciones ya tienen en carpeta un plan de lucha que consiste en un acto ese día en el Palacio Pizzurno precedido el miércoles de clases públicas en todo el país y en Plaza de Mayo, y una nueva marcha universitaria la primera semana de octubre.
Abajo del poncho
Los gremios temen que el gobierno prepare una nueva maniobra y que dilata una definición para derogar la norma en el marco del debate del presupuesto 2027 que presentará esta semana. Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, principal sindicato de base de ConaduH, recordó que “cuando presentó el presupuesto 2026, se incluyó un capítulo con un criterio de financiamiento diferente pero quedó afuera. El gobierno ya dejó trascender que en este presupuesto habrá un nuevo capítulo sobre el financiamiento de las universidades. Si eso avanza la ley de financiamiento queda en la nada y se ejecutaría ese mecanismo mientras continúa la pelea legal por la ley. Hoy no tiene el mismo Congreso que el año pasado y la votación se da en otro contexto”.
En 2025 la oposición consiguió reunir 123 votos para, en el marco de una aprobación general, rechazar ese apartado. La sospecha es que insista con ese mecanismo y lo utilice de manera extorsiva condicionando otras partidas.
Otra variante, presumen, es que omita una derogación pero no asigne los fondos para restar tensión al debate pero, en forma solapada, generar una suerte de “derogación implícita” con el aval de los legisladores. Eso podría habilitarlo a fundamentar ante la justicia que los mismos legisladores que aprobaron la ley la tornaron abstracta.
Con todo, fuentes con conocimiento de la causa judicial aseguran que “no existe algo como la derogación tácita de una ley. El presupuesto es una proyección genérica de gastos. Para dejar sin efecto a la Ley de Financiamiento deberían derogarla explícitamente o dilatar hasta el año que viene cuando la norma expira”.
Clara Chevallier, secretaria general de Conadu indicó: “Veremos el jueves si el gobierno está a la altura o cae en una nueva provocación. Ofrecieron un 3% para septiembre sin fundamentos y le sumaron un 3% para octubre que ya estaba acordado. Una propuesta que ni siquiera pudimos llevar para consultar. Por eso nos retiramos”. La dirigente destacó que “no lograron que se firmara ningún acta que les permita incorporarla en la presentación ante el juez como para dar cuenta de su intención de dar respuesta al menos parcial a la ley”.
Para Chevallier el plan de lucha se va a profundizar mientras “esperamos que el juez (que ratificó nuevamente la cautelar) se posicione sobre la cuestión de fondo”. Sobre la trampa que prepara el gobierno la dirigente recordó que “ya intentó derogarla con el presupuesto del año pasado. Vamos a trabajar con diputados y senadores para ratificar el consenso en defensa de la universidad pública. A lo legal hay que sumarle los vericuetos del gobierno. La ley tiene un plazo que es el del año presupuestario. Si no cumplen podrían dejarla en abstracto".
Carboni señaló que “el gobierno ofreció ese 3% y provocó al reclamar que dejáramos de hacer paro porque afectamos el derecho a la educación. Pero el 2 y el 8 de septiembre hubo dos paros nacionales contundentes".
Fuente y fotos: Tiempo Argentino