El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una revisión de más de 10.000 expedientes de personas detenidas por colaborar de manera ocasional con pandillas. Según explicó, alrededor de la mitad de ese grupo podría acceder a beneficios penitenciarios mediante el programa Cero Ocio, que permite reducir el tiempo de condena a cambio de realizar trabajos de utilidad pública.
La medida no contempla, según explicó, a integrantes activos de estructuras delictivas
Bukele evalúa liberar a miles de presos detenidos por las pandillas
Después de más de cuatro años de régimen de excepción y más de 93.000 detenciones, el presidente de El Salvador anunció un plan de liberación anticipada que podría alcanzar a cerca del 50% de los presos acusados de colaborar con las pandillas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa un programa de liberación anticipada y condicional para presos detenidos durante el régimen de excepción por colaborar con las pandillas. Según el propio mandatario, la medida podría beneficiar a cerca del 50% de las personas encarceladas por ese tipo de colaboración, aunque todavía no existe una fecha de implementación ni se conocen los criterios definitivos.
La aclaración es importante: Bukele no anunció la liberación de la mitad de los más de 93.000 detenidos desde marzo de 2022, sino que estimó que el beneficio podría alcanzar a cerca del 50% de quienes fueron acusados de colaborar con las maras. Tampoco sostuvo que fueran inocentes. Por el contrario, explicó que se trataría de personas consideradas culpables, pero con un grado de responsabilidad menor, que podrían recuperar anticipadamente la libertad bajo monitoreo.
La revisión se concentrará en 10.629 personas que, de acuerdo con la clasificación oficial, colaboraron de manera circunstancial. Bukele puso como ejemplo a quienes ocultaron a integrantes de pandillas o guardaron objetos para ellos bajo presión. Según su planteo, estas situaciones deben diferenciarse de la participación permanente en actividades criminales.
“Nosotros creemos que aproximadamente un 50% ingresarán al plan ‘Cero Ocio’ para salir reformados y evitar que se vuelvan más criminales”, dijo el mandatario. “Es oficialmente el mejor plan de combate al crimen del mundo. Nadie en la historia de la humanidad ha logrado lo que hemos logrado nosotros”, aseguró.
Cómo funciona el programa Cero Ocio en las cárceles salvadoreñas
El programa Cero Ocio está destinado a la rehabilitación de personas privadas de libertad mediante actividades laborales y de utilidad pública. Entre las tareas mencionadas por el presidente figuran la construcción de escuelas, la fabricación de pupitres, la confección de uniformes y la participación en actividades culturales.
Bukele sostuvo que más de 17.000 presos comunes ya forman parte de esta iniciativa. Según explicó, la incorporación al programa puede permitir una reducción de la condena, siempre dentro de las condiciones establecidas por el sistema penitenciario.
“En este país, todos los delitos menores de tres años son excarcelables”, dijo el presidente salvadoreño. “Los que están ahí (en el programa) cometieron delitos más graves, les dieron seis, ocho, diez, 12, 15 o 20 años de cárcel porque se metían a robar a casas, robaban vehículos o estafaban”, señaló.
El argumento del gobierno latino es que las personas que eventualmente recuperen la libertad deben hacerlo después de un proceso de reinserción. El mandatario señaló que, dado que no todas las condenas son perpetuas, el sistema debe ofrecer herramientas para evitar que quienes cumplen penas determinadas regresen a la sociedad sin haber participado en actividades de rehabilitación.
“Si esos delincuentes en algún momento van a salir, ¿cómo queremos que salgan? ¿Queremos que salgan de la universidad del crimen que eran nuestras prisiones, o después de un programa de reinserción como ese?“, agregó.
"Tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada. O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente", afirmó Bukele.
Una distinción novedosa en el modelo Bukele
El anuncio introduce un matiz relevante en la política de seguridad que convirtió a Bukele en una referencia regional. Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción instaurado después de una ola de homicidios atribuida a las pandillas MS-13 y Barrio 18. Desde entonces fueron detenidas más de 93.000 personas.
La estrategia tuvo un impacto contundente sobre la violencia. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios pasó de 38 cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,3 en 2025. Ese último año terminó con 82 homicidios intencionales, de acuerdo con el balance del Gabinete de Seguridad salvadoreño.
Pero el resultado estuvo acompañado por fuertes cuestionamientos sobre los métodos utilizados. Human Rights Watch (HRW) documentó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y graves vulneraciones del debido proceso. La organización estima además que la población penitenciaria llegó a unas 118.000 personas, cerca del 1,9% de toda la población del país.
El punto novedoso de las declaraciones de Bukele aparece justamente allí. El presidente reconoció que vivir bajo el dominio territorial de las pandillas podía colocar a ciudadanos comunes en situaciones de colaboración sin convertirlos necesariamente en integrantes centrales de esas organizaciones.
"No es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad", explicó. Incluso planteó que, si se encarcelara a todas las personas que en algún momento colaboraron con las pandillas, habría que detener a una proporción mucho mayor de la sociedad salvadoreña.
De las detenciones masivas a revisar caso por caso
El cambio es relevante porque durante buena parte del régimen de excepción una de las principales críticas de las organizaciones de derechos humanos fue precisamente la falta de individualización de las responsabilidades.
A comienzos de octubre, HRW denunció que los tribunales salvadoreños estaban realizando juicios colectivos contra cientos de acusados al mismo tiempo, en muchos casos por el delito de "agrupaciones ilícitas" y sobre la base de pruebas que la organización calificó como débiles. Según sus datos, más del 90% de las personas presas bajo el régimen llevaban años esperando un juicio y al menos 513 habían muerto bajo custodia estatal.
El Gobierno rechaza que exista una política destinada a encarcelar inocentes y Bukele volvió a defender esta semana el régimen de excepción. De hecho, el presidente aseguró que pretende mantenerlo mientras exista la posibilidad de que las pandillas vuelvan a organizarse.
Sin embargo, el nuevo mecanismo supone comenzar a diferenciar situaciones dentro del enorme universo de detenidos: cabecillas, integrantes activos, colaboradores habituales y personas que participaron de manera marginal o bajo las condiciones impuestas por el control territorial de las maras.
Bukele explicó que una comisión analiza los expedientes para determinar el nivel de participación de cada detenido. El Gobierno todavía no informó cuáles serán los criterios jurídicos, cuándo comenzarán las liberaciones ni cuántas personas concretas podrían salir de prisión.
Las organizaciones hablan de una admisión de errores
Organizaciones salvadoreñas de derechos humanos interpretaron el anuncio de una manera diferente. Para los activistas consultados por EFE, la posibilidad de liberar a una cantidad tan importante de detenidos confirma los problemas que vienen denunciando desde el comienzo del régimen de excepción.
"Eso es admitir que se equivocaron", sostuvo Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario. Las organizaciones reclaman que la revisión no dependa del Ejecutivo sino de procedimientos judiciales con garantías de defensa.
La diferencia no es menor. Bukele presenta la eventual liberación como un acto de clemencia hacia personas culpables cuya responsabilidad fue limitada por las condiciones excepcionales que vivía El Salvador. Las organizaciones de derechos humanos sostienen, en cambio, que entre los encarcelados existen miles de personas detenidas arbitrariamente y que sus casos deberían revisarse judicialmente.
El Gobierno ya reconoció que miles de detenidos fueron puestos en libertad durante los últimos años. Ahora la discusión adquiere otra dimensión porque la cifra potencial anunciada por el propio presidente podría ser mucho mayor.
Las críticas de los familiares y las organizaciones de derechos humanos
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y familiares de personas detenidas cuestionaron el anuncio. Entre sus principales objeciones figura la posibilidad de que personas inocentes permanezcan encarceladas mientras esperan una revisión de sus expedientes.
“Para nosotros son inocentes aquellas personas que no tienen ningún vínculo con pandillas y que fueron capturados arbitrariamente por vivir en una comunidad donde las pandillas tenían el control”, dijo a CNN Samuel Ramírez, coordinador de Movir.
Los opositores a la medida también reclamaron que los criterios para seleccionar a los beneficiarios sean públicos y que se establezcan plazos concretos para analizar cada caso. Otra preocupación es que algunos detenidos puedan verse presionados a aceptar su responsabilidad o admitir vínculos con pandillas para obtener beneficios penitenciarios.
“Nadie debe declararse culpable de un delito que no cometió para recuperar su libertad”, señaló Movir, según lo retomado por Univision. Esta organización sostuvo que la prioridad debería ser esclarecer las detenciones denunciadas como arbitrarias y liberar a quienes no cometieron delitos.
Fuente y fotos: AFP - La Nación - Política Argentina