En su primer relevamiento sobre muertes en custodia estatal, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura contabilizó 27 fallecimientos en la provincia entre 2022 y 2024: 15 en cárceles y 12 bajo custodia policial. El dato adquiere especial relevancia por el perfil de las muertes: las causas externas -como agresiones, suicidios y siniestros- tienen en el sistema penitenciario chaqueño un peso mucho mayor que en el promedio nacional. En 2022, además, la tasa de mortalidad en las cárceles provinciales fue la segunda más alta de la Argentina.
Durante tres años, al menos 27 personas murieron mientras estaban bajo custodia del Estado en el Chaco. Diez de esos fallecimientos ocurrieron en 2022, cinco en 202
3 y otros diez en 2024, según los datos reunidos por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en el primer Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia y en el Marco de Intervenciones de Fuerzas de Seguridad.
El relevamiento, elaborado en agosto de 2026, constituye el primer intento sistemático de reunir información a escala nacional sobre las muertes ocurridas en cárceles, comisarías y durante intervenciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública. Para construirlo, el CNPT cruzó información de organismos ejecutivos y judiciales, mecanismos locales de prevención de la tortura, registros administrativos, expedientes, certificados de defunción, aportes de familiares y personas detenidas y monitoreos de medios, entre otras fuentes. Entre los organismos que aportaron información aparecen el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Chaco, el Servicio Penitenciario y la Policía provincial.
El organismo advierte, sin embargo, que las cifras deben ser leídas como un piso mínimo. La fragmentación de los registros, las diferencias entre las fuentes y, especialmente, el subregistro en las muertes producidas durante intervenciones de las fuerzas de seguridad impide considerar los números como un universo definitivo.
En el caso chaqueño, según pudo relevar LITIGIO, los 27 fallecimientos se distribuyen entre 15 personas que murieron en el ámbito penitenciario y otras 12 bajo custodia policial (una de ellas en un operativo de seguridad en la vía pública y el resto estando alojadas en comisarías). La tasa de mortalidad penitenciaria fue de 5,1 muertes cada mil personas alojadas en 2022, 2,2 en 2023 y 4,0 en 2024. En el mismo período, las tasas nacionales fueron de 3,7, 3,0 y 3,7. Es decir, el Chaco se ubicó por encima del promedio argentino en dos de los tres años analizados.
El pico de 2022
El dato más significativo aparece en 2022. Ese año murieron diez personas alojadas en cárceles chaqueñas, lo que llevó la tasa a 8 muertes cada mil personas privadas de libertad. Fue más del doble de la tasa nacional, que se ubicó en 3,5.
Entre las jurisdicciones que cuentan con servicio penitenciario propio, Chaco tuvo ese año la segunda tasa más alta del país, solamente por debajo de Formosa, que registró 9,5 muertes cada mil personas presas.
Después se produjo un descenso abrupto: en 2023 hubo dos fallecimientos penitenciarios, con una tasa de 1,6, y en 2024 fueron tres, con una tasa de 2,4. Ambas cifras quedaron por debajo de los registros nacionales de esos años, de 2,9 y 3,4 respectivamente.
El informe del CNPT no explica las razones del salto registrado en 2022 ni las causas de la posterior disminución. Pero la particularidad chaqueña no aparece solamente en la cantidad de muertes, sino también en cómo murieron esas personas.
De las 15 muertes registradas en el sistema penitenciario provincial, siete —el 46,7%— fueron clasificadas como producidas por causas externas, categoría que incluye agresiones, suicidios y siniestros. Cuatro muertes -el 26,7%- fueron atribuidas a enfermedades y otras cuatro quedaron sin causa determinada.
La distribución contrasta fuertemente con la del conjunto del país. A nivel nacional, el 62,2% de las muertes penitenciarias fueron por enfermedades, el 26,9% por causas externas y el 10,9% quedó sin determinar. En otras palabras, mientras en el sistema penitenciario argentino predominan ampliamente las muertes asociadas a enfermedades, en el Chaco las causas externas tuvieron un peso considerablemente mayor.
La tasa chaqueña de mortalidad penitenciaria por causas externas promedió 1,9 muertes cada mil personas alojadas durante el trienio, más del doble del promedio nacional, de 0,9. En cambio, la tasa por enfermedades fue de 1,1, frente a 2,0 a nivel país.
Las comisarías
La situación también presenta un cambio significativo en las dependencias policiales. En el Chaco se registraron dos muertes durante 2022 (una de ellas en la vía pública), tres en 2023 y siete en 2024. Así, mientras las muertes penitenciarias disminuyeron después del pico de 2022, los fallecimientos en dependencias policiales siguieron el camino inverso y alcanzaron su máximo en 2024.
Ese año, los siete casos chaqueños representaron el 7,9% de todas las muertes registradas en dependencias policiales del país, que fueron 89. El porcentaje es relevante, aunque se encuentra levemente por debajo del peso que tiene el Chaco en la población alojada en comisarías a nivel nacional, que alcanza el 9,1%.
De las 12 muertes ocurridas bajo custodia policial en el Chaco durante el período, cinco -el 41,7%- fueron clasificadas como causas externas; tres -el 25%- correspondieron a enfermedades y cuatro -el 33,3%- quedaron sin una causa determinada. Este último dato también resulta significativo: el porcentaje de muertes sin causa determinada en las comisarías chaqueñas supera el registrado a nivel nacional, que fue del 21,7%.
El CNPT señala, en términos generales, que el predominio de agresiones, suicidios y siniestros en las dependencias policiales debe analizarse en relación con las condiciones edilicias precarias, el hacinamiento y los malos tratos que caracterizan a numerosos destacamentos del país. El organismo no atribuye específicamente ese diagnóstico al Chaco.
El dato que atraviesa al sistema
Si se suman las muertes penitenciarias y policiales, ocho de los 27 fallecimientos registrados en el Chaco -el 29,6%- quedaron sin una causa precisa en las tablas del informe. El porcentaje más que duplica el registrado en el conjunto del país, donde las muertes sin clasificación determinada representan el 12,7%.
Para el CNPT, esta categoría no constituye simplemente un problema estadístico. La falta de información sobre las circunstancias de una muerte puede estar vinculada con investigaciones insuficientes, versiones contradictorias o dificultades para reconstruir qué ocurrió.
El documento advierte que, en determinados casos, las instituciones potencialmente responsables de la custodia pueden controlar las primeras pruebas y aportar las versiones iniciales sobre los hechos. Por eso, el organismo sostiene que las muertes bajo custodia deben ser consideradas potencialmente ilícitas y requieren investigaciones diligentes, independientes y exhaustivas, de acuerdo con estándares internacionales como el Protocolo de Minnesota y las Reglas Mandela.
El registro también incluye una muerte ocurrida en el Chaco en el marco de una crisis de salud mental, clasificada entre los casos de causa no determinada. El informe señala que existen 24 muertes de este tipo en todo el país y que todas se encuentran bajo investigación judicial, aunque no identifica el caso chaqueño ni precisa si ocurrió en un lugar de encierro o durante una intervención en la vía pública.
Un problema que excede al Chaco
Los números provinciales forman parte de un fenómeno mucho más amplio. En todo el país, el CNPT contabilizó al menos 1.716 muertes entre 2022 y 2024: 539 en 2022, 514 en 2023 y 663 en 2024. De ese total, 1.115 ocurrieron bajo custodia penitenciaria, 212 en dependencias policiales y 389 en el marco de intervenciones de fuerzas de seguridad.
En el ámbito penitenciario, el organismo identificó una tasa promedio de algo más de tres muertes cada mil personas privadas de libertad al año, equivalente a aproximadamente un fallecimiento cada 16 horas durante el período estudiado. Además, el 36% de las personas fallecidas en cárceles y alcaidías tenía menos de 40 años, una proporción muy superior a la observada en la población general.
El patrón cambia todavía más cuando se observan las comisarías. Entre 2022 y 2024 murieron al menos 212 personas en dependencias policiales del país. En 2024 la tasa alcanzó 6,4 muertes cada mil personas detenidas, aproximadamente el doble de la registrada en el sistema penitenciario.
En este ámbito, además, predominan las causas externas, que explican aproximadamente seis de cada diez fallecimientos. La edad también constituye un dato de alarma: el promedio de edad de las personas fallecidas fue de 39 años y casi seis de cada diez tenían menos de 40.
El registro como advertencia
El CNPT plantea que las muertes bajo custodia no pueden analizarse únicamente como episodios individuales o inevitables. El cruce de información realizado para construir el Registro Nacional busca precisamente identificar las condiciones institucionales que pueden favorecer escenarios letales.
El organismo registró 731 muertes por enfermedades, 413 por agresiones, 205 suicidios, 54 por siniestros y 134 casos cuya causa no pudo ser determinada. Las muertes por causas externas adquieren especial relevancia en los ámbitos policiales y en las intervenciones de las fuerzas de seguridad.
En los casos de enfermedad, el Comité advierte que no necesariamente se trata de procesos naturales inevitables: la detección tardía, la falta de tratamientos adecuados y las dificultades para garantizar un seguimiento médico pueden agravar patologías potencialmente evitables.
En cuanto a los suicidios, el informe señala que suelen concentrarse en personas jóvenes y que algunos ocurren en momentos críticos, como el ingreso al sistema de encierro o bajo modalidades de aislamiento. En el caso de las agresiones, que constituyen la principal causa dentro de las muertes externas, aparecen tanto hechos de violencia entre personas privadas de libertad como episodios relacionados con el uso directo de la fuerza estatal.
El propio Comité remarca que las diferencias entre provincias son importantes y que no existe un único patrón nacional. Las tasas, las causas de muerte y las modalidades de custodia varían de acuerdo con las condiciones locales de los sistemas penitenciarios y policiales.
Fuente y fotos: Litigio