DESESTIMAN DENUNCIA PENAL CONTRA CRISTINA POR PRESUNTO VACIAMIENTO DEL BANCO CENTRAL

El juez federal Julián Ercolini desestimó la denuncia. Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, denunció que entre 2008 y este año las máximas autoridades del país realizaron un quebranto del BCRA e impusieron "un pacto de silencio" para que eso no se conozca.



El juez federal Julián Ercolini desestimó una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli, por el presunto vaciamiento de la entidad monetaria.

Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, denunció que entre 2008 y este año las máximas autoridades del país realizaron un quebranto del BCRA e impusieron "un pacto de silencio" para que eso no se conozca, informaron fuentes judiciales.

El denunciante señaló que en "documentos periodísticos" se destacó que el Gobierno tomó crédito para encubrir el déficit de reservas y que el Gobierno tiene un rojo patrimonial de 609.000 millones de pesos.

También fueron denunciados Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Eduardo De Pedro, Carlos Fernández, Miguel Peirano, Amado Boudou, Hernán Lorenzino, Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Mercedes Marcó del Pont y Juan Carlos Fábrega, todos actuales o ex funcionarios desde 2008, por asociación ilícita, quiebra fraudulenta, defraudaciones calificadas, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.

El fiscal federal Carlos Stornelli dictaminó por desestimar la denuncia al considerar que "no surge la ocurrencia de eventos pasibles de investigación ni determinado hecho puntual que pudiera subsumirse en figura penal alguna, siquiera como hipótesis inicial, al menos con la información que se desprende de su contenido".

Stornelli agregó que "si bien la denuncia se dirigió contra varios funcionarios del Gobierno, tampoco surge de aquella presentación la manera por la cual cada uno de ellos pudo haber tenido participación en los delitos denunciados".

El juez Ercolini sostuvo que el fiscal es quien debe decidir si se abre una investigación penal, por lo que "al no haberla impulsado no se encuentra habilitada la jurisdicción y por lo tanto resulta imposible proseguir con el trámite de la presenta".

Míguez apeló la decisión como pretenso querellante y la Sala II de la Cámara Federal fijó una audiencia para escuchar sus argumentos para el jueves de la semana próxima.

Luego, el tribunal quedará en condiciones de resolver si confirma el cierre de la causa u ordena que se reabra para seguir investigando.

FUENTE: La Prensa - Imágenes Ilustrativas

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