En pleno proceso de vaciamiento y con el anuncio de 60 telegramas de despidos, los trabajadores del Ingenio San Juan fueron convocados a cobrar parte de la millonaria deuda salarial que arrastra la patronal. Sin embargo al llegar a la fábrica los obreros fueron anoticiados de que sólo un pequeño grupo de trabajadores cobrarían y apenas 2 mil pesos.
Atrincherados detrás de las rejas de la mayordomía del ingenio y protegidos por una guardia policial, se encontraban el contador del Grupo Jorge y un "patovica" armado con una escopeta Itaka que atacó a balazos los trabajadores de ingenio. Según testimonios, el atacante se llama Miguel Andrade y portaba esta arma de grueso calibre cargada con perdigones de goma y de plomo, tal como se pudo observar en los cartuchos recogidos como evidencia.
Cuando los trabajadores se acercaron a la reja a discutir con el contador por la injusticia que se estaba cometiendo, Andrade disparó contra el techo provocando lesiones múltiples y un saldo de 5 heridos por el rebote de los perdigones. Inmediatamente después el atacante se dio a la fuga por la parte trasera del ingenio y con total impunidad.
Luego de que los trabajadores realizaran la denuncia, una dotación de infantería con escudos y escopetas se hizo presente en el ingenio para amedrentar a los trabajadores acusándolos de estar robando en la empresa. Pero cientos de trabajadores y sus familias acudieron inmediatamente al oir la sirena del ingenio, para repudiar el accionar de la empresa.
Extorsión y vaciamiento empresarial
Tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2015 que dió lugar la impugnación del proceso de "Cramdown" (por un concurso de quiebra que empieza en 2001), que puso el ingenio en manos de la empresa Constructora de Tucumán SRL (Grupo Omil) durante más de 14 años, a fines del año pasado el Juez Lafuente dio lugar a una medida cautelar que puso, de manera provisoria, el ingenio en manos de sus dueños originales: la empresa Marcas SRL (Grupo Jorge).
Durante todos estos años el sistema de arriendos permitió que, de la mano del gobierno provincial y municipal, una gran cantidad de empresarios pasaran por el ingenio para profundizar el vaciamiento, acumulando deudas millonarias y obteniendo todo tipo de subvenciones.
Entre 2016 y 2018 la empresa que se hizo con la fábrica de azúcar y alcoholes fue Tecnocontrol SA, del empresario Lucas Terán. Un ex empleado de la firma devenido en empresario Pyme, sin capital y ninguna experiencia empresarial en el negocio azucarero, pero vinculado a la obra pública de la provincia.
Tras recibir múltiples beneficios fiscales e impositivos, y subsidios directos del municipio y de la provincia para el pago de salarios (que el intendente Darío Monteros se cobró apropiándose de tierras del ingenio y profundizando el vaciamiento), este empresario se retira tras una zafra de 8 días, arrastrando una deuda millonaria en servicios de luz, gas, y acrecentando la deuda salarial.
Finalmente el fallo del Juez Lafuente puso el ingenio en manos del Grupo Jorge, quien no quiere reconocer la deuda salarial que asciende a más de 25 millones de pesos, a pesar de haber asumido ese compromiso. En declaraciones a la prensa el abogado de la intervención del Sindicato denunció que el Grupo Jorge pretende llevar el ingenio a la quiebra para terminar de vaciarlo y venderlo por partes.
FUENTE Y FOTOS: La Izquierda Diario
