La "ruta del dinero K" es la causa por la que está detenido desde hace tres años el contratista y hombre de máxima confianza del matrimonio Kirchner, Lázaro Báez, y en la que el delito atribuido a los procesados es el de haber "integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad".
La causa de "la ruta del dinero K" comenzó en 2013 tras una denuncia realizada luego de la difusión en el programa Periodismo Para Todos de supuestas maniobras para sacar del país unos 60 millones de dólares por parte de un grupo de asesores de Báez, entre quienes se encontraban los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
El tribunal ratificó la decisión de primera instancia dictada por el juez Casanello. Por esa causa está preso el empresario Lázaro Báez. La Cámara Federal porteña ratificó hoy la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito para la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez. En el expediente se corroboraron esos hechos, quedando "comprobado el delito de lavado de dinero" a través de la estructura de "sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares".
La causa también certificó que el origen "ilegítimo de los fondos" que se utilizaron para las maniobras de blanqueo corresponde a contratos de obra pública que se investigan en otros expedientes. La misma Sala II de la Cámara ratificó que la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, otros ex funcionarios y Lázaro Báez, entre otros, conformaron "una estructura paralela al poder estatal para desviar dinero público en favor de su grupo a través de la asignación irregular de obra pública vial a las empresas de Báez entre los años 2003 y 2015.
Así, "la ruta del dinero K" quedó vinculada con el expediente que investiga la defraudación a través de la obra pública, considerando a esta última como el "delito precedente" de las maniobras de blanqueo. En el direccionamiento de los contratos, Báez recibió 52 licitaciones por 46.000 millones de pesos que luego fueron aplicados a diferentes maniobras de lavado. Esos supuestos delitos comenzarán a juzgarse en mayo próximo.
FUENTE Y FOTOS: Clarín - Ámbito Financiero
