Se trata de Miguel Aranda. La solicitud la realizó este martes el equipo de fiscales conformados por Diego Iglesias, Federico Carniel, Patricio Sabadini y Carlos Amad a la jueza, Zunilda Niremperger. Lo acusan de filtrar información para entorpecer capturas de narcotraficantes, solicitar coimas a través de terceras personas para otorgar prisiones domiciliarias y beneficiar procesalmente a gendarmes acusados de montar falsos procedimientos de drogas.
Miguel Aranda, conjuez Federal de Sáenz Peña.
Filtraciones para ayudar a narcotraficantes, pedidos de coimas y retribuciones de favores. El Ministerio Público Fiscal acusó de estos delitos al conjuez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, y pidió su detención. Fue en el marco de una megainvestigación que se viene realizando hace más de un año la cual tiene como foco a organizaciones narcocriminales, como así también a integrantes de las fuerzas de seguridad que le dan cobertura.
Ariel Sosa ostentando su fortuna. Foto: Infoqom
Los fiscales Patricio Sabadini (primera instancia de Resistencia), Carlos Amad (primera instancia de Sáenz Peña), Federico Carniel (fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia) y Diego Iglesias (de la Procuraduría de Narcocriminalidad) firmaron el requerimiento solicitando además las detenciones de los gendarmes Cristian Daniel Marangón (comandante principal) y Alberto Martín Farías (oficial jefe), como así también de Walter Ayala, un personaje con antecedentes por causas de narcotráfico y contrabando.
Los delitos que se investigan son los de falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica; cohecho pasivo y activo; prevaricato, tráfico de influencia, encubrimiento agravado por calidad de funcionario público y asociación ilícita.
En el caso de Aranda, por ejercer actualmente el cargo de conjuez Federal y detentar fueros, el cumplimiento de la orden de detención está supeditada a la remoción previa del cargo por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
La foto
Si bien la investigación respecto de la connivencia de fuerzas de seguridad y miembros de la justicia con los narcos en Sáenz Peña lleva varios meses, una denuncia realizada en junio de este año fue el corolario para avanzar con mayor contundencia sobre los presuntos cabecillas de este entramado.
Uno de los operativos truchos. Foto: Gendarmería
Recordó que en diciembre de 2021, cuando fue nombrado en su actual puesto, el comandante, Roberto Rivero, lo convocó a una reunión con otros camaradas en el Casino de Oficiales de Guarnición de Campo de Mayo. Una vez ahí, Rivero le presentó al Oficial Jefe de Gendarmería, Alberto Farías, sobre quien dijo que le iba a ser útil porque podía brindarle un panorama de la situación en el Chaco.
En pocas palabras, el reporte fue más bien lúgubre. Farías le dijo que en Sáenz Peña “todos los funcionarios”, incluyendo a los gendarmes, estaban involucrados en hechos ilícitos y que debía cuidarse. En medio de la charla, le pidió su número de celular. Desconfiado, Pucheta le respondió que después se lo daría, pero nunca lo hizo.
Tiempo después, Farías consiguió el número a través del suegro de Pucheta y le envió un foto por whatsapp. Previo a mostrarse molesto porque no le había dado su celular, Farías le dijo que era muy importante que tenga una reunión lo más pronto posible con el juez Aranda.
Luego de esa sugerencia, le envió una foto con la imagen de un oficio judicial del juzgado Federal de Sáenz Peña. El oficio pertenecía a una causa que llevaba adelante la unidad de Pucheta, información que ni siquiera él, como jefe de la misma, la tenía. En otras palabras: Farías quería demostrarle que tenía línea directa con Aranda.
La relectura de este episodio confirmaron sus sospechas: para Pucheta, Farías contaba con información sensible respecto del trámite de causas penales proveniente desde el Juzgado de Sáenz Peña, tenía contactos con integrantes de organizaciones presuntamente delictivas y era una parte fundamental en la fuga de información que frustró el resultado de numerosos allanamientos librados contra narcotraficantes de la zona.
Con esto, los fiscales Sabadini e Iglesias iniciaron la investigación penal, al tiempo que solicitaron a su par de Sáenz Peña, Carlos Amad, que brinde información respecto de si en su fiscalía había expedientes en los que esté siendo investigado Aranda. El informe de Amad detalló que ese apellido se repetía en una serie de investigaciones en curso.
Los hechos
En el marco de la causa donde se investiga a los gendarmes de Sáenz Peña por fraguar procedimientos antinarcóticos (hacían aparecer droga simulando eficacia en su labor) se dieron situaciones en las que presuntamente estaría vinculado el juez Aranda.
Un extraño hecho denunció un sujeto que está con prisión domiciliaria. Aseguró que un gendarme, un narco y una policía fueron a apretarlo. Foto: Norte
Según la imputación de la fiscalía, Scheurman no sólo no informó a las autoridades judiciales, sino que le dijo a Dutra que se quede tranquilo porque él solucionaría “el inconveniente” a través de oficios firmados por Aranda donde se dispondría de la quema de una parte de la mercadería y la donación de la restante. “El viernes vuelvo y lo manejo al tema, así se quema y chau”, le habría dicho Scheurman a Dutra. Vale aclarar que, para la quema de secuestros, en este caso cigarrillos y mercadería de origen extranjero, se requiere un relevamiento de los elementos secuestrados y que los mismos coincidan con las actas de decomiso.
Además, está la cuestión de la donación. En este sentido, según un testigo, Walter Ayala, con antecedentes por causa de narcotráfico y contrabando, dijo que tenía dialogo fluido con el juez Aranda y que este último le reconoció que necesitaba “gente de afuera” porque tenía un gran volumen de mercadería secuestrada, entre ellos cigarrillos e indumentarias y que la intención era venderlas en el exterior.
El camión de la familia
Otro episodio tomado por el Ministerio Público Fiscal para sostener la acusación contra Aranda se produjo el 12 de junio de 2020 en la zona de Villa Ángela. En esa oportunidad, se labró un acta de infracción a un camión que correspondía a E.A.F.A. SRL (dedicada al transporte de granos), que pertenece a Martín Rafael Raimundo y Clarisa Daniela Galissier, ésta última, cuñada del Juez Aranda. En el expediente, no queda claro el motivo de la infracción ni el contenido de la carga.
Lo cierto es que los gendarmes, Cristian Marangón (comandante principal y jefe del Escuadrón 1 de Sáenz Peña), Raúl Scheurman (segundo comandante del Escuadrón), Enzo Gabriel Aguirre (Alférez) y Marcelo Vidal Palma (sargento Primero) intervinieron para dejar sin efecto el acta, con el claro propósito de cobrarle este favor a futuro al juez Aranda (de hecho, mencionaron esto casi textualmente).
Poco más de un año más tarde, el juez Aranda compensaría las molestias ocasionadas. El 20 de diciembre de 2021, cuando el magistrado dictó el procesamiento para cinco de los ocho integrantes de Gendarmería acusados de organizaba operativos truchos donde plantaban droga que luego hacían pasar como secuestrada, le dictó falta de mérito a Marangón, como así también al segundo jefe del Escuadrón, Julio César Perdaza y a Yésica Aguilar.
El Ministerio Público Fiscal apeló. El 22 de marzo de 2022, la Cámara de Apelaciones de Resistencia declaró la nulidad de la resolución y solicitó a Aranda que dicte un nuevo fallo teniendo en cuenta que en el anterior hubo una llamativa falta de fundamentación.
El juez dictó un nuevo pronunciamiento el 6 de abril en donde insistió en la falta de mérito. La decisión volvió a ser apelada por la fiscalía, puntualmente sobre la situación de Perdaza y Marangón. El 14 de junio, la Cámara no sólo reiteró la nulidad de la falta de mérito respecto de ambos gendarmes, sino que decidió apartar a Aranda y entregar las actuaciones al conjuez, Pablo Morán, quien decidió procesarlo.
Seguro narco
Un dato elocuente sobre los vidriosos vínculos de la familia de Aranda con personas vinculadas al narcotráfico se dio al entrecruzar el dominio de uno de los vehículos de la firma E.A.F.A. SRL (propiedad de su cuñada) con la persona que efectivamente pagaba el seguro de ese rodado.
De acuerdo a un cruce de datos entre la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Ana María Flamenco era la que pagaba el seguro del vehículo dominio AA616UN hasta al menos abril de este año. ¿Quién es Flamenco? Es una de las principales integrantes la banda de narcotraficantes de Sáenz Peña conocida como “El Clan Sosa”. Actualmente se encuentra prófuga, gracias a que horas antes recibió la información de que estaban por detenerla.
El apriete y la coima para “El jefe”
El Ministerio Público también acusa a Aranda de utilizar a terceras personas para exigir el pago de coima a los narcos que son beneficiados por él con el arresto domiciliario. En relación a esto, el 18 de junio de 2022, un hombre que había estado preso en Sáenz Peña y que tiempo después recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, fue amenazado. Tres personas, entre ellas su compañero de celda, Walter Ayala; un gendarme apodado “Talibán” y una agente de la Policía del Chaco, llegaron a su casa en el barrio El Bolsón de Resistencia a bordo de una camioneta. En nombre del juez Aranda, le exigieron el pago de una suma de dinero (la acusación no especifica la cantidad) por la obtención del beneficio de la prisión domiciliaria obtenida recientemente.
Ante la negativa del pago, el hombre fue amedrentado con un arma de fuego, con la cual realizaron disparos en el piso, y luego lo golpearon en la cabeza. La víctima aseguró que en ese momento se trenzó con el agresor y logró quitarle la pistola, lo que provocó que los agresores se retiraran del lugar. Posteriormente se supo que el arma estaba registrada a nombre de la Policía de Jujuy.
Esta amenaza ¿lo tomó por sorpresa? No, en absoluto. El hombre recordó que cuando estuvo preso en la División de Drogas de Sáenz Peña, Ayala, quien en ese entonces también estaba detenido por infracción a la Ley de Estupefacientes, le dijo que podía conseguirle la prisión domiciliaria, pero que para eso tenía que contactarse con el gendarme apodado “Talibán”, hombre de confianza del juez Aranda y pagar una importante suma de dinero. “El que pone el gancho es ‘El Jefe’”, habría dicho Ayala en referencia a Aranda, según la declaración de la víctima de la extorsión.
Las filtraciones
Para el Ministerio Público Fiscal, las fugas de información en las causas contra bandas narcos de Sáenz Peña provinieron directamente del juzgado de Aranda. Para sostener esta acusación, detallaron la fecha y hora en las cuales se pidieron allanamientos y detenciones y las fechas y horas en los cuales comenzaron a producirse movimientos en las casas de los sospechosos los cuales inexorablemente terminaban con ellos prófugos.
Por ejemplo, el 27 de abril pasado, a las 7.30, se envió un correo a la secretaria del juzgado de Aranda, solicitando que se autorice allanamientos y detenciones de personas que integraban el denominado “Clan Sosa”.
La orden fue autorizada por el juez Aranda el mismo día cinco minutos antes de la medianoche, sin la inclusión de Lucas Sosa. Es que, por un error, se omitió su nombre, el cual se sumó posteriormente en una orden anexa el 28 de abril a las 8.38, casi a las misma hora en que se estaban por realizar los allanamientos.
¿Qué pasó con el Clan Sosa? Casi todos se habían escapado el día anterior, en horas de la siesta. Alguien les avisó. El único que permaneció en la casa del Barrio San Cayetano era Lucas. Por el detalle de la información que le había llegado, era evidente que la misma salió del juzgado. De hecho, cuando finalmente lo detuvieron, Lucas se mostró sorprendido porque tenía data precisa que la Justicia no lo estaba por detener: le falló la actualización.
El líder del Clan Sosa, Ariel Alberto, al igual que Hugo Sebastián Sosa y Ana María Flamenco se encuentra prófugos. Mariela Sosa y su cuñada Lía Ruth Paz, esposa de Ariel, se presentaron ante la Justicia y lograron la prisión domiciliaria para cuidar a sus hijos.
Pacheco y Acosta
Un hecho similar a la filtración que facilitó la fuga del Clan Sosa se produjo en septiembre pasado. Como en aquella oportunidad, la fiscalía de Sáenz Peña pidió al juzgado de Aranda que autorice la detención de Mauro Pacheco y Hernán Acosta, acusados de delitos vinculados con el narcotráfico. El pedido se hizo el 22 de septiembre a las 8.51 y fue firmado por el juzgado a las 22.55, para efectivizarse el día siguiente a las 6 de la mañana. ¿Qué pasó? Cuando llegó Gendarmería, Pacheco y Acosta se habían escapado.
El episodio que se presentó en la casa de Pacheco fue bizarro. Cuando llegaron para detenerlo, en su vivienda del barrio Puerta del Sol, una mujer apareció y le entregó las llaves a los gendarmes para que no rompan la puerta. “Me llamo el dueño. Es mi amigo y me dijo que venga, que traiga la llave porque le estaban por allanar la casa”, les dijo la mujer. Pacheco, es obvio, tenía información precisa de que lo iban a buscar.
En el caso de Acosta, testigos afirmaron que su rutina era la habitual hasta el 22 de septiembre a las 15, un par de horas después de que la fiscalía pidió que se autorice su detención. Esa siesta los ocupantes de la casa comenzaron a realizar movimientos inusuales que finalmente derivaron en el escape del sospechoso. Esta información previa posibilitó además el descarte de muchos elementos de prueba, como computadoras y celulares.
“Hay un miserable corrupto que está dentro de las filas del Ministerio Público, de la Justicia o de las fuerzas de seguridad que está brindando datos a estos narcotraficantes, es decir que es participe de la banda”, dijo indignado ante los medios el fiscal Amad días atrás. Ahora queda claro a quién se refería.
FUENTE Y FOTOS: Litigio
