Una suba impositiva, tarifas de servicios más caras y alquileres con nuevos precios impactaron durante este primer trimestre en el comercio salteño. Empresarios dan cuenta de cierre de negocios, en los casos más graves, y el Sindicato de Empleados de Comercio advierte que en este lapso ya hubo unos 100 despidos.
Desde este año, el impuesto a las actividades económicas (ingresos brutos) subió de 3,6 a 5 por ciento para el sector mercantil. Es un tributo que pesa fuerte y es distorsivo, ya que recae sobre toda la cadena de un producto o servicio e impacta en el consumidor final.
La luz, el gas y el agua también tuvieron aumentos en distintos componentes de sus tarifas. Días atrás, el Indec mostró que en el NOA fue donde más subieron los servicios en febrero, con un 62 por ciento interanual promedio.
"Evidentemente hay gente que no se podrá mantener si al incremento de impuestos le sumamos las subas de tarifas, alquileres y de salarios", advirtió Barrios. El aumento en la alícuota de ingresos brutos también alcanzó a las droguerías, por el nuevo cuadro tributario aprobado por la Legislatura en el marco del pacto fiscal entre provincias y la Nación.
Los farmacéuticos resaltan que atraviesan una situación al límite, algunos temen cierres y despidos. Mientras tanto, desde el Gobierno piden paciencia hasta llegar al 2022, cuando se eliminaría el impuesto que genera los mayores recursos propios a las provincias. "Creemos que si no hay solución habrá farmacias que tendrán que despedir personal y quedarían expuestas a una situación de cierre", remarcó Marcela Ruiz, presidenta del Colegio de Farmacéuticos.
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio aseguran que en varios rubros hay merma de personal. Los motivos serían dos: los impuestos y la baja de consumo. "En lo que va del año registramos 100 despidos, que se aceleraron en las últimas dos semanas", indicó César Guerrero, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Dijo que esta semana hubo diez desvinculaciones en un mayorista de zona sur. "Hablamos con cadenas de supermercados que querían instalarse en Salta, pero con la suba de ingresos brutos, por el consenso fiscal, se echaron atrás", aseguró el gremialista.
Entre los empresarios también hay preocupación por el impacto que tiene la quita de beneficios en las cargas patronales que tenían las empresas radicadas en provincias alejadas de Buenos Aires.
Guerrero pidió cuidar a las pymes. "Producen más del 70% del empleo formal y son el 99% de las empresas. Necesitamos medidas reactivantes, esperábamos tenerlas con la reforma tributaria pero hemos ido al sentido contrario", apuntó.
Si bien a las farmacias no se les modificó el porcentaje en este impuesto, quedan afectadas por el aumento que sí alcanza a las droguerías. "Nuestro mayor problema hoy es, por sobre todo, el aumento de la alícuota de ingresos brutos para las droguerías, que nos afectó de manera directa", afirmó Ruiz. Por el efecto cascada, la carga impositiva va de un eslabón a otro. "La droguería trasladó este aumento a las farmacias y disminuyó el descuento con el que habitualmente obteníamos los medicamentos", indicó Marcela Ruiz.
Según explicó la representante del organismo que nuclea a más de 200 farmacias de la provincia, el descuento que percibían al comprar los medicamentos se les redujo un 2%. “No podemos trasladarlo al cliente porque los medicamentos tienen un valor de referencia, que es el que pagan las obras sociales”, explicó la representante de los farmacéuticos sobre el efecto de ingresos brutos
A los precios de los medicamentos los fijan los laboratorios en acuerdo con las obras sociales. Las droguerías son el eslabón medio entre los laboratorios y las farmacias. A los comerciantes farmacéuticos se les suma la dilatación de los tiempos en percibir los pagos de las obras sociales que demoran entre 60 y 90 días. Las más perjudicadas son las pequeñas farmacias.
En el caso de los comerciantes, pueden recargar el impuesto al precio de góndola, aunque indican que esto lleva a ver disminuidas sus ventas. “Este impuesto que se paga en cada eslabón de la cadena de comercialización termina siendo muy importante en el precio final, y mientras es mayor el precio de los artículos a la gente le alcanza menos el dinero”, señaló Rubén Barrios.
El economista Julio Moreno resaltó que la carga de impuestos sobre un producto llega entre un 40 y 50 por ciento. Los empresarios remarcan que ante cada nuevo aumento en la cadena de comercialización, el consumidor final suele absorber el mayor costo. Aunque a nivel nacional se habla de una recuperación económica, en Salta admiten que no se materializa y preocupa la situación laboral.
Empleo
Aunque subió la desocupación de 7,1 a 8,3 en el cuatro trimestre de 2017, la tasa de empleo tuvo un crecimiento más marcado, de 39,2 a 43,5 por ciento. No obstante, temen resultados negativos para este comienzo de año por los mayores costos.
El ingenio El Tabacal, al reducir su planta de empleados, adujo que se debió, entre otros motivos, a que se gravó la actividad primaria con ingresos brutos. La misma decisión recayó sobre la industria, que hasta el año pasado estaba exenta.
“La presión impositiva afecta al consumidor”
Armando Simesen de Bielke, contador especialista en cuestiones tributarias, cuestionó la suba del impuesto actividades económicas por el consenso fiscal. Dijo que no solo afecta a los empresarios y pequeños comerciantes salteños, sino al consumidor final.
“Somos el mal ejemplo número uno de América del Sur”, apuntó para contextualizar una presión impositiva a la que tildó de “tremenda”. “Con la firma del consenso fiscal se la pretendía bajar, aunque en la práctica no se hizo”, acentuó. El profesional recordó que estos tipos de pactos ya se hicieron, pero que no se respetaron y quedaron en la nada. “En el consenso se manda a establecer exenciones, no dice derogar exenciones, justamente al revés de lo que hizo Salta”, aseguró el contador tributario. Justifica su postura en tres puntos: en ingresos brutos, impuesto al sello y cooperadoras asistenciales.
En cuanto al impuesto que señalan los comercios como el más perjudicial, el de ingresos brutos, señaló: “Se perjudicó al comercio de forma notoria. El consenso establecía alícuotas máximas a las actividades económicas. Para aquellas jurisdicciones que habían excedido ese monto, en el comercio mayorista y minorista, la idea era que bajen a un 5%. Salta lo tenía más bajo, de 3,6%, e interpretó que podía subirlo al 5%”, aseguró.
Consultado sobre la paciencia que piden desde el Gobierno por las proyecciones del pacto que llegarán a cinco años, aseguró: “La actividad primaria, la actividad industrial estaban exentas, si la idea era bajar la presión fiscal se deberían haber mantenido igual, pero no. Se las gravan para que después paguen los compromisos fiscales hasta que en el 2022 no tributen más. No es cierto que la presión fiscal baje. Bajará recién en el 2022, pero realmente no interesa que se reduzca luego de que termine este gobierno porque no se sabe si viene otro gobierno con otras expectativas”, advirtió Simesen de Bielke.
Al ser un impuesto trasladable, se lo podría pasar al consumidor, pero para el especialista esto no es aceptable. “Que se diga que se lo puede trasladar al consumo es reírse de los consumidores, o decir no importa la carga que soporten, lo cual es no solo políticamente indeseable, sino también moralmente, porque está levantando la presión fiscal en la etapa final del consumo. Y el consumo país está representado por las clases medias y medias bajas”, remarcó.
FUENTE Y FOTOS: El Tribuno
